Podemos declara la guerra a Nadia Calviño y Meritxell Batet y amaga con romper la coalición de Gobierno

La nueva líder de Unidas Podemos, y ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra -a golpe de Twitter, como es marca de la casa- realizaba dos movimientos que, a diferencia de otras ocasiones, ni eran crípticos ni dejaban lugar a la interpretación y suponían un claro amago de romper la coalición. 

En primer lugar, solicitaba con carácter urgente la reunión de coordinación de los dos socios del Ejecutivo ante las turbulencias entre las vicepresidentas primera y segunda, Calviño y Yolanda Díaz, a cuenta de la negociación de la reforma laboral. Y en segundo lugar, y con motivo del anuncio definitivo de que al diputado Alberto Rodríguez se le retirará su escaño por su condena por agredir a un policía en 2014, Belarra acusaba de "prevaricación" al Tribunal Supremo (TS) y a la propia Batet, contra la que además Podemos presentará un querella, como confirmaban a última hora del día fuentes del partido morado.

La presidenta de la Cámara Baja, tras las dudas mostradas el pasado jueves al respecto, procedía finalmente a comunicar al parlamentario por Tenerife que se le suspendía como miembro del Congreso, después de que el Alto Tribunal, a través de la Sala Penal que preside Manuel Marchena, enviase un nuevo oficio aclarando, en contra del criterio de los letrados parlamentarios, que había que proceder a su inhabilitación. Marchena precisaba que la pena principal impuesta a Rodríguez por un delito de atentado contra la autoridad es la de prisión durante cuarenta y cinco días y no ha desaparecido, dado que sólo se ha sustituido a efectos de ejecución por una multa. 

Antes que Belarra, otros dirigentes de Podemos como el portavoz parlamentario, Pablo Echenique, e incluso el propio Iglesias, salían en tromba a defender la inocencia de su compañero, popular por su peinado con rastas, al que consideran víctima de una conspiración político-judicial por unos hechos, la agresión a un agente de la autoridad durante una manifestación en 2014, de los que niegan que existan pruebas. A última hora del viernes, el PSOE emitía un comunicado respaldando a Batet por el "cumplimiento escrupuloso de su deber", aunque sin citar a Podemos. 

Sánchez defiende a Calviño 

En medio de la guerra abierta se producía, como estaba previsto y es habitual, la rueda de prensa de Pedro Sánchez en Bruselas tras asistir al Consejo Europeo. Y sus palabras no solo no aliviaban el conflicto, sino que incluso lo acrecentaban en cuanto al primero de los asuntos en litigio. El presidente del Gobierno se alineaba indubitadamente con Calviño y le negaba a Yolanda Díaz un papel preeminente en la coordinación de la negociación sobre la reforma laboral. Al tiempo que se comprometía a implementar esa reforma antes de final de año, aunque refiriéndose a ella de manera algo eufemística, hablando de "actualizar las normas laborales en nuestro país".

En cualquier caso, Sánchez echaba leña a la hoguera del enfrentamiento al asegurar desde la capital comunitaria que el que coordina esa negociación "es el Gobierno", y no por tanto la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, interlocutora también de la coalición gubernamental. Además, aseguraba que la reforma laboral afecta "al menos", decía, a cinco carteras, incluyendo junto a las de Calviño y Díaz al Ministerio de Inclusión, Migraciones y Seguridad Social, al de Hacienda y al de Educación. "Esta es una reforma de todo el Gobierno, y en la que todo el Gobierno aporta", señalaba Sánchez con una amplia sonrisa.

Sus palabras caían como un jarro de agua fría en Podemos y en el entorno de Díaz. Fundamentalmente porque Sánchez daba carta de naturaleza a un correo electrónico el jueves del Ministerio de Economía al de Trabajo en el que el equipo de Calviño reivindicaba tomar las riendas de esa negociación. Podemos lo tachaba de "injerencia" y el presidente del Gobierno negaba expresamente que se pudiera utilizar esa expresión. En Economía no ocultan su preocupación por un asunto en el que, alertan, España "se juega" la recepción de los fondos de reconstrucción pactados en 2020 por los jefes de Estado y de Gobierno comunitarios, que ascienden a 80.000 millones de euros para nuestro país. 

Fuentes del Ministerio de Trabajo aseguran que la coordinación corresponde a Díaz y que así ha sido desde principio de año y desde que empezó el diálogo social. Sin perjuicio, precisan, de que siempre hayan informado tanto a Moncloa como a Economía de la marcha de las negociaciones. También, afirman, cuando la titular de Trabajo se ha reunido con miembros de las instituciones europeas. En medio de esta batalla casi sin precedentes en el seno de la coalición, el lunes llega a Madrid el comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni, quien obviamente preguntará sobre los avances en esa reforma laboral.

Se trata de una materia que recoge el acuerdo de Gobierno firmado por socialistas y podemitas en enero de 2020 pero que ha sido objeto de muchas discusiones entre Trabajo y Economía. Así quedó gráficamente de manifiesto en una sesión parlamentaria de este año en la que Calviño suspiraba visiblemente cuando Díaz, justo en el escaño de al lado y ante una pregunta de la oposición, volvía a hablar de "derogar" la reforma laboral que hizo el Gobierno del PP, un término que el PSOE evita. 

La tensión, por tanto, es máxima, a la espera de que se puedan arreglar las cosas en esa reunión de seguimiento que pedía Belarra y ante la que la número dos del PSOE, Adriana Lastra, no dudaba en mostrar públicamente su "sorpresa", al tiempo que aseguraba que la reunión se producirá, si bien le daba un carácter ordinario. "Hemos acordado que nos veremos a principios de la semana que viene, en una reunión normal, como ha habido tantas otras, de seguimiento del acuerdo de gobierno" sentenciaba Lastra.

Podemos, obviamente, no piensa lo mismo, y llegará con las espadas en alto a un encuentro que podría marcar un antes y un después en la historia de la coalición, la primera en el Ejecutivo central de la historia democrática de España.