Sánchez ordenó a Ribera cambiarlo todo: el plan de choque para bajar la luz se montó en 24 horas

El "plan de choque para la luz", como lo bautizaba una portavoz de Moncloa a este diario, estaba siendo reelaborado, en la sede de Transición Ecológica, en una reunión improvisada desde primeras horas de la tarde entre representantes ministeriales del ministerio socialista y del ala morada del Gobierno: "Somos un Ejecutivo de coalición, y estas cosas se hacen entre las dos partes", explicaban fuentes de la negociación. 

Pero esa reunión, que se prolongó más allá de las 22.30 de la noche, según la información que maneja EL ESPAÑOL -un buen rato después de que el presidente se fuera a cenar tras responder a las preguntas de TVE-, se estaba celebrando por orden de Sánchez. El presidente no salía de su enfado cuando, por la mañana, había repasado el documento preparado por Teresa Ribera, vicepresidenta tercera y ministra encargada de la política energética. Y ordenó reelaborarlo todo, pues quedaban 24 horas para el Consejo de Ministros.

Carlos Franganillo tardó poco en hacerle la pregunta al presidente. El precio del megawatio/hora había llegado ese día a los 154,16 euros, otro récord histórico. Y el presidente, necesitado de contar cosas concretas tras comprometerse ocho días antes en otra entrevista a una bajada inmediata, se enredó en explicaciones técnicas imposibles de entender.

Tanto que, según algunos de sus colaboradores cercanos, equivocó conceptos... aunque logró enviar el mensaje: no sólo se bajaría la factura por la vía de los impuestos -otra vez-, sino que -por fin- le tocaría el bolsillo a las eléctricas.

Ése era el objetivo de la entrevista, en realidad, más allá de que el presidente hubiera de atender a otras preguntas sobre la mesa con Cataluña o la renovación del Consejo General del Poder Judicial.

Porque cuando, durante el fin de semana, se había confirmado que Sánchez sería interrogado por el presentador estrella del telediario de TVE en la noche del lunes, la Secretaría de Estado de Comunicación lo que estaba era poniendo en marcha una solución de emergencia al mayor problema de todos: el cabreo del presidente con la mala comunicación de la crisis.

"Lo hemos explicado mal, nadie está entendiendo que éste es un problema de todos los países de nuestro entorno, no hemos sabido hacer entender al consumidor que estamos haciendo cosas, pero lo vamos a arreglar", explicaban desde hacía dos semanas fuentes de Moncloa.

En todo caso, fuentes del Ministerio de Transición Ecológica puestas en contacto con este periódico, ofrecen una versión muy distinta de los hechos. Según un portavoz del departamento de Ribera, el texto que finalmente fue al Consejo de Ministros, estaba diseñado desde, al menos, seis días antes. Pero su contenido se mantuvo "en secreto" hasta última hora.

Es más, a pesar de que este periódico confirmó en fuentes gubernamentales que la negociación seguía abierta entrada la noche y de que las medidas estaban "sin cerrar" a lo largo de la tarde, el Ministerio de Ribera afirma que "no se negoció", y que "simplemente, se informó a los socios del Gobierno de lo que se iba a aprobar" al día siguiente.

"Más allá de lo esperado"

Fuentes del Gobierno confirman que las medidas a largo plazo -esas dos leyes que se tramitan ahora en el Congreso- son las adecuadas, que conjugan los objetivos a largo plazo de transición ecológica, lucha contra el cambio climático y rediseño del modelo energético. Y coinciden en que esta crisis de precios no era anticipable. Pero parte del Ejecutivo, y entre ellos algunos socialistas, no comprenden la "falta de sensibilidad y de visión política" de Ribera para actuar a corto plazo, y evitarle esta crisis de reputación al Ejecutivo en su conjunto.

Unidas Podemos ha sabido aprovechar la circunstancia. Levantó la voz, se hicieron los ofendidos, demostraron que no era culpa suya amenazando con sacar a la gente a la calle... y cuando ya tenían al PSOE de uñas, comenzaron a proponer medidas.

La primera, la rebaja del IVA, primero rechazada y luego aceptada. La segunda, intervenir los mercados poniendo topes de precio a alguna de las tecnologías de generación eléctrica, "la peor de las ocurrencias posibles porque va contra las reglas de la UE", dijo Ribera en el Congreso hace tres semanas... y ahora anunciada como la solución por el presidente. Y la tercera, "crear una empresa pública para influir en el precio de la luz", aún denostada por el PSOE.

"Desde Unidas Podemos", confiesa una fuente morada a este diario, "entendemos que ésta ha sido la mayor victoria del liderazgo de Yolanda Díaz"... que es tanto como decir desde la salida de Pablo Iglesias. "Más allá de que propusiéramos topar las hidroeléctricas y tirar de las nucleares, y que el PSOE haya optado por intervenir el mercado del gas, lo importante es que han ido más allá incluso de lo esperado y de lo firmado. Y ha sido gracias a nuestra presión".

Doble frente

Y es que los continuos récords en la subida del precio de la luz estaban abriendo un doble frente para el Gobierno. Por un lado, la oposición se cargaba de razones; y por el otro, el socio morado del Ejecutivo estaba aprovechando la oportunidad -una vez más- para presionar y, después, capitalizar cualquier paso adelante que se diera para contener la factura. Así que tenía que ser Sánchez quien anunciara las medidas, él en persona.

Bajar un impuesto más, sí, explicó Sánchez. Pero también "ponerle un tope al precio del gas, que es el que disparándose es el principal causante de esta crisis". Aunque -quizá porque aún no estaba cerrada la negociación o tal vez porque no convenía contarlo- lo que no explicó el presidente es que la medida tiene trampa: lo que a partir de hoy no se pague a en la factura, por superar ese tope, se comenzará a devolver a las gasistas a partir del 31 de marzo de 2022, cuando caduca este "plan de choque".

Pero es que aún no estaba ni diseñado ni acordado cuando Sánchez lo anunció en televisión. En esa misma mañana del lunes 13 de septiembre, el jefe del Ejecutivo había devuelto a corrales el primer esbozo del "plan de choque" que había recibido de manos de Ribera. "Haz otra cosa, eso no vale", le vino a decir. "Así no logramos cumplir el compromiso de que a final de año la factura sea similar a la de 2018".

Según ha podido saber este diario, el documento que enfadó a Sánchez en Moncloa centraba toda la acción en la fiscalidad. El Ministerio de Transición Ecológica, que ya había aceptado hace unos meses rebajar el IVA del 21% al 10% de manera transitoria, y eliminar temporalmente el impuesto a la generación eléctrica del 7%, proponía ahora reducir un 90% el impuesto especial eléctrico, pasándolo del 5% al 0,5%.

La (pen)última frontera

Ésa era la última frontera porque, además, la medida ya no detraía recursos al Estado sino a las Comunidades Autónomas. Los impuestos especiales los recauda el Gobierno central, pero son traspasados a los autonómicos para financiar sus políticas sociales.

Dar ese paso significaba abrir un nuevo frente en la guerra de la luz: molestos los ciudadanos, en armas la oposición y emboscados desde las trincheras moradas, los socialistas ahora iban a enfadar a los presidentes autonómicos. A los populares y a los socialistas también. Mal negocio si no se cruzaba una raya más y se le metía mano -aunque fuera a medias, porque el tope de hoy lo pagaremos dentro de seis meses- a los "beneficios excesivos de las eléctricas"... aunque eso significara darle munición a Podemos. 

Al fin y al cabo, era perder terreno pero con los socios de Gobierno.

Y si algo sabe Sánchez es capitalizar eso de que "la acción del Ejecutivo lo decide el presidente", aunque eso signifique desdecirse -"ponerle tope al precio del gas no va contra las políticas europeas"-, usar el lenguaje de Podemos -"los beneficios de las empresas eléctricas son excesivos"- o generar más déficit... porque lo que no se pague hoy, se acumula en diferido a partir del próximo abril.