Sólo cinco días antes de que este lunes Carlos Lesmes dé su discurso en la inauguración del año judicial, la comisión de Libertades y Justicia (LIBE) del Parlamento Europeo recibía al comisario Didier Reynders, que presentaba sus informes anuales en los que pasa examen a la situación del Estado de derecho y la separación de poderes, país por país. Y una vez más, el pasado jueves, la Comisión Europea reclamaba a España dos cosas fundamentales: la renovación urgente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y un sistema por el que "los vocales-jueces sean elegidos por sus pares".

De hecho, la preocupación en la UE es tal que el documento sobre "La situación del Estado de derecho en España", que firma el político liberal belga, no tarda ni cinco líneas en reclamar "el establecimiento de un sistema de elección de los jueces-miembros del Consejo por sus pares, de acuerdo con las normas europeas".

Ésta es la principal exigencia del Partido Popular para sentarse a negociar con el PSOE -el Gobierno, en realidad- los nombres de los 20 jueces y juristas de reconocido prestigio que tomen el relevo de los actuales, cuyo mandato caducó el 4 de diciembre de 2018. El bloqueo amenaza ahora con perpetuarse sine die, tras el ultimátum lanzado por Pablo Casado el pasado viernes, en el que dio 72 horas a Pedro Sánchez para desautorizar unas declaraciones del ministro de la Presidencia.

Un día antes, Félix Bolaños corroboraba de palabra en la Ser la información que había dado en exclusiva EL ESPAÑOL el miércoles: Moncloa nunca aceptará la exigencia del PP de cambiar el sistema de elección del CGPJ, para que los 12 vocales-jueces "sean elegidos por los miembros de la carrera judicial, y no por los políticos". 

El hombre fuerte de Moncloa, y negociador designado por Sánchez para representar al Gobierno en las conversaciones con Enrique López y Teodoro García Egea, dijo expresamente: "No se puede hacer compartimentos estanco con los poderes del Estado. En una democracia plena, ni los jueces pueden elegir a los jueces, ni los políticos pueden elegir a los políticos". La primera reacción de Casado, en Twitter, había sido exigir "su cese inmediato"

Lo cierto es que, más allá del informe de Reynders y de quién es más o menos responsable del bloqueo, fuentes socialistas señalan a este periódico que el actual sistema "ya prevé la participación de los jueces en la elección de sus pares" para el gobierno judicial.

El pacto de 2001

De hecho, el exministro de Justicia Juan Fernando López Aguilar recuerda que él mismo negoció una reforma reglamentaria del sistema de elección en el año 2001. "Entonces, el PSOE estaba en la oposición", se ocupa de remarcar en conversación con este periódico, "y me costó explicar a mis compañeros aquel acuerdo con el ministro José María Michavila, del PP".

Juan Fernando López Aguilar, exministro de Justicia y presidente de la comisión LIBE de la Eurocámara. Parlamento Europeo

Desde aquel Pacto por la Justicia -como se le denominó solemnemente-, el Congreso y el Senado sólo pueden negociar los nombres de esos 12 vocales que aparezcan en "una lista previa votada por jueces y magistrados". Los avales necesarios no son muchos, las asociaciones de diferente adscripción -conservadoras y progresistas- los tramitan y el cuerpo de la carrera judicial "vota en libertad".

Curiosamente, López Aguilar es hoy el presidente de la comisión LIBE de la Eurocámara. Y fue él quien, el pasado jueves 1 de septiembre, moderó el debate de los informes sobre el Estado de derecho en cada uno de los 27 países de la UE. "A Reynders ya le hemos explicado que sí que hay participación de los jueces en la elección de sus pares vocales del CGPJ", aclara el eurodiputado.

"Lo que debe quedar claro es que el PP miente y bloquea", añade. "Miente al decir que su condición la exigen Europa y la Constitución. Lo primero, lo acabo de explicar; y lo segundo... que se lean la carta Magna". Pero, ¿es sólo el PP quien bloquea? "Claro, el actual CGPJ refleja las mayorías de 2011, ¡hace una década! Y lo que hace Pablo Casado es ir poniendo distintas excusas para exigir la rendición de los españoles hasta que les devuelvan el poder". 

Fuentes de la dirección del Partido Popular niegan a este periódico la interpretación del Gobierno y del eurodiputado canario. "Lo único que les pedimos es que nos digan si aceptan lo que pedimos, que no es más que lo que pide Europa y lo que dice la Constitución... y su silencio nos deja claro que el PP no puede fiarse de un Gobierno sin palabra".

¿Por qué sin palabra? "Porque nunca nos dijeron que no a estudiar nuestra propuesta, eso demuestra que son ellos los que bloquean", explica este portavoz del equipo de Casado. "Y no es del PPE el comisario que se lo recuerda a Sánchez, ¿eh? Que quede claro", concluye para demostrar que el PP no sostiene posiciones radicales.

"Las normas europeas"

Leyendo el documento de la Comisión Europea, es cierto que el comisario Reynders no deja lugar a dudas. De hecho, se permite incluso celebrar que el Gobierno retirara una proposición de ley en mayo, después de recibir avisos de la Comisión, ya desde octubre de 2020. Ésta era la reforma por la que PSOE y Unidas Podemos pretendían rebajar a mayoría absoluta la suma necesaria en el Parlamento para elegir a los vocales jueces.

"Esto fue bienvenido, ya que el proyecto de ley habría aumentado la percepción del Consejo como vulnerable a la politización", se explica en la página 3 del informe. 

Y continúa: "Algunas asociaciones de jueces pidieron que los 12 jueces miembros del Consejo sean elegidos directamente por sus pares de acuerdo con las normas del Consejo de Europa", es decir, lo que reclama el PP y a lo que el PSOE dice ahora "rotundamente no".

El Consejo de Europa, concluye el informe, "recordó que las normas europeas establecen que al menos la mitad de los miembros del Consejo deben ser jueces elegidos por sus pares de todos los niveles del poder judicial. Es importante que se tengan en cuenta estas normas europeas y que se consulte a todas las partes interesadas pertinentes".

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