Raquel Sánchez, responsable de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, no está por la labor de que la Ley de Vivienda que prepara el Gobierno permita bajar por decreto los alquileres en las zonas donde los precios estén disparados.
Así se ha puesto de manifiesto tras la reunión que la sustituta de José Luis Ábalos, y su nuevo equipo, han mantenido esta mañana en el ministerio con una delegación encabezada por la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra.
La cita entre ambas ministras era la primera tras el relevo de Ábalos, y tenía precisamente como objetivo tratar de desencallar la Ley de Vivienda, después de que Pedro Sánchez se comprometiese con Pablo Iglesias a intervenir el mercado del alquiler.
Aquella promesa del presidente protagonizó la negociación de los Presupuestos Generales del Estado de 2021 y promete marcar también los de 2022. Porque fuentes del departamento de la ministra socialista dan por hecho que las negociaciones sólo se están retomando, y que se retrasarán hasta otoño.
Fuentes de Unidas Podemos, por su parte, lamentan este retraso, que ya es de ocho meses -recuerdan-, y advierten de que no aceptarán que se utilice la aceptación de la intervención del mercado de alquiler en zonas tensionadas como una carta negociadora del PSOE: "Ya se firmó el año pasado, y lo firmado obliga", avisan. Si acaso, advierten, les da más fuerza: "Ir a una mesa a negociar con quien no ha cumplido da cierta ventaja".
Lo cierto es que, según fuentes del Ministerio socialista, la reunión ha servido sólo "para retomar los contactos" y elaborar esa ley que busca "poner fin a las subidas abusivas del alquiler".
Incentivos fiscales, sí
Pero lo que se ha puesto de manifiesto en la reunión de hoy es que el PSOE y Podemos discrepan de la vía para lograr la caída de precios. Raquel Sánchez está en la línea de Ábalos: apuesta por aplicar incentivos fiscales a aquellos propietarios -individuales o grandes tenedores- que apliquen bajadas en nuevos contratos o renovaciones de arrendamientos.
Por su parte, Belarra se agarra al pacto de coalición y a lo acordado en el de los Presupuestos de 2021, que apunta a dar poder a ayuntamientos y comunidades autónomas para forzar bajadas por decreto en zonas declaradas de mercado tensionado.
Precisamente, esto es lo que hizo la nueva ministra del PSOE mientras era alcaldesa de Gavà. Hace pocos meses, solicitó la declaración de su municipio como zona tensionada, al amparo de la ley catalana de vivienda, para bajar precios interviniendo el mercado.
Esa ley catalana es la misma que el Ministerio que hoy ella dirige tiene recurrida ante el Tribunal Constitucional. Una de las últimas decisiones tomadas por Ábalos en Consejo de Ministros.
En su cita con Belarra, Raquel Sánchez ha insistido en la necesidad de dar un impulso a las negociaciones y aprobar esta ley "lo antes posible para atender las demandas de la ciudadanía, especialmente de los más vulnerables".
El equipo de trabajo formado por ambos ministerios se ha emplazado a nuevas reuniones para trabajar en aquellos aspectos pendientes de acordar.