La Fundación Franco se podrá cerrar si sus actividades "humillan a las víctimas" de la dictadura

El órgano rector de los magistrados, por ejemplo, ponía en entredicho el precepto con el que Carmen Calvo -entonces responsable del proyecto- pretendía cerrar la Fundación Francisco Franco. Lejos de dar marcha atrás, tal y como ha contrastado este diario, el Ejecutivo ha modificado el texto para intentar esquivar el aviso del CGPJ y asegurar la disolución del ente que homenajea al dictador. Lo hará enarbolando que sus actividades "humillan a las víctimas".

Decía la norma original: las fundaciones "podrán ser extinguidas cuando no persigan fines de interés general o realicen actividades contrarias al mismo". Y a continuación apostillaba: "A estos efectos, se considera contrario al interés general la apología del franquismo o la incitación directa o indirecta al odio o violencia contra las víctimas del golpe de Estado, de la guerra o del franquismo, por su condición de tales".

El CGPJ, para empezar, avaló las limitaciones establecidas para proteger la dignidad de las víctimas, pero aconsejó que se considere "víctimas" a todas las personas que sufrieron violaciones de los Derechos Humanos entre el 18 de julio de 1936 y 1978 -periodo recogido por la ley-, y no sólo las de un lado, el franquismo.

El gobierno de los jueces recordó la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y explicitó que -al hilo de la Fundación Franco- cualquier cierre debe exigir como requisito adicional la humillación de las víctimas. Dicho de otro modo: la apología del franquismo -según el CGPJ- no es suficiente para cerrar una fundación; es necesario que ese organismo humille a las víctimas.

"Al resguardo de la libertad de opinión cabe cualquier idea por equivocada o peligrosa que pueda parecer, incluso las que ataquen el propio sistema democrático", sentenció el Tribunal Constitucional.

Para conseguir el cierre de la Fundación y salvar los obstáculos puestos por el CGPJ, el equipo todavía dirigido por Carmen Calvo jugó con las palabras y alumbró un nuevo texto al que ha podido acceder este diario. Fue aprobado por la comisión de secretarios de Estado y va a ser aprobado este martes en el Consejo de Ministros.

Dice así: "La disposición adicional quinta regula como causa de extinción de fundaciones, por no constituir fin de interés general la apología del franquismo que ensalce el golpe de Estado y la dictadura o enaltezcan a sus dirigentes, con menosprecio y humillación de la dignidad de las víctimas del golpe de Estado, de la guerra o del franquismo, o incitación directa o indirecta al odio o violencia contra las mismas".

La Fundación Franco "confía en Vox"

El matiz introducido une en un solo punto las dos coyunturas del precepto original: ya no se habla de apología del franquismo o de la "incitación al odio contra las víctimas". Eso se ha convertido en "la apología del franquismo que ensalza el golpe de Estado (...) con menosprecio y humillación de la dignidad de las víctimas". Todo junto.

La aprobación en el Consejo de Ministros estaba prevista para el martes pasado, pero el fin de semana inmediatamente anterior Pedro Sánchez activó la crisis de gobierno. Recién llegado a su cargo -el Ministerio de la Presidencia-, Félix Bolaños decidió aparcar la ley y posponerla hasta esta semana.

Las fuentes consultadas por este periódico insisten en que Bolaños lo hizo por "poder prepararse la exposición y estudiarse bien el texto"; y no por enmendar la plana a su predecesora, Carmen Calvo.

Tal y como adelantó EL ESPAÑOL el pasado agosto, la Fundación Franco, en caso de aprobarse la ley, fiará su supervivencia a que Vox presente un recurso ante el Tribunal Constitucional.

Su presidente, el general Juan Chicharro, dijo "tener confianza" en Santiago Abascal. "En principio no debería preocuparnos. Con arreglo a la Constitución española es imposible que se nos ilegalice, aunque con este Gobierno socialcomunista todo puede ocurrir", declaró.

Por el momento, PP, Ciudadanos y Vox ya han anunciado su postura contraria a la norma. Sin embargo, y salvo sorpresa, PSOE y Podemos la sacarán adelante en el Parlamento gracias a su confluencia con los nacionalistas.