Por primera vez, el Gobierno de España toma una postura oficial sobre la detención de Juana Ruiz, la cooperante española encarcelada en Israel, durante un mes sin cargos y otro más acusada de financiación a un grupo terrorista. La investigación versa sobre su supuesta colaboración con el Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP). La organización está calificada como "terrorista" en los listados del Gobierno israelí.
Ruiz es cooperante de laHealth Work Committees (HWC) que, según el Gobierno israelí tiene lazos con el FPLP y el movimiento BDS (Boicot, Desinversiones y Sanciones).
De hecho, la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, asegura haberse interesado personalmente por el caso, haciendo "gestiones para pedir la mejora de las condiciones" de detención de la cooperante. Tanto ella como la secretaria de Estado, Cristina Gallach, y funcionarios del Ministerio, "de la Embajada en Tel Aviv y del Consulado en Jerusalén", han hecho "múltiples gestiones".
Arancha González Laya, ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.
Ruiz es una cooperante española de 62 años que lleva 36 de ellos afincada en los territorios palestinos. El pasado 13 de abril fue arrestada dentro de una operación de las fuerzas de Seguridad israelíes en Beit Sahur, un suburbio de Belén, en Cisjordania.
Y desde entonces, el Gobierno de España dice haber realizado estas gestiones de "diplomacia discreta" con la Administración israelí. Durante un mes, para conocer las acusaciones, y a partir del 6 de mayo, para tratar de "asegurar que todas las fases del proceso se celebren con plenas garantías a través de la "asistencia consular".
Inestabilidad política
El Estado judío ha estado inmerso, en el entretanto, en una crisis política que se prolonga meses. Tras dos elecciones fallidas para formar Gobierno, una coalición de toda la oposición ha logrado desalojar al conservador Benjamin Netanyahu del poder, tras 12 años ininterrumpidos como primer ministro, en los que el país ha avanzado económicamente.
Bajo el mando del líder del Likud, Israel se ha convertido en una de las primeras potencias innovadoras de la nueva economía digital y ha batido récords de velocidad en la vacunación de su población contra la Covid. Pero también ha radicalizado su política para con las facciones palestinas, ha fomentado las colonias en los territorios y ha librado guerras y ofensivas contra Hamas, la Yihad Islámica y otros grupos terroristas. La última, hace muy pocas semanas.
La prisión de Damon, donde está encerrada Juana Ruiz.
En ese contexto se han cumplido dos meses largos desde que Juana está a la sombra en la prisión de Damon, al norte del país, 25 kilómetros al este de Nazaret y a 116 del que es su hogar desde hace más de 30 años... inmersa en una investigación por la supuesta financiación de un grupo terrorista.
Por escrito
Ahora, por fin, el Ejecutivo español ha hablado. Pero no lo ha hecho en público, ni reclamando a las autoridades israelíes la liberación de la cooperante, sino a través de una respuesta parlamentaria al grupo de EH-Bildu, ERC y Més en el Senado, a la que ha tenido acceso este periódico.
En el documento, con fecha del pasado 9 de junio se explica que "tras la [reciente] presentación de cargos contra la Sra. Ruiz Sánchez, el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación continúa realizando un estrecho seguimiento del caso".
Exteriores asegura estar "velando por que la Sra. Ruiz reciba toda la asistencia consular a la que tiene derecho, como se hace con todos los ciudadanos españoles en situación similar, y que los interrogatorios se desarrollaran con garantías". Y en una velada crítica a las autoridades de Israel, el Ministerio español afirma que se han tenido que hacer "múltiples gestiones para asegurar una adecuada asistencia letrada" a la cooperante.
Pero los abogados de Ruiz no están satisfechos: "No sabemos en qué basan estas acusaciones. La defensa tiene muchas dificultades para acceder a las pruebas. Parece que pruebas físicas tampoco hay", explica a EL ESPAÑOL Begoña Lalana, abogada y portavoz de la familia en España.
Hicieron falta cinco vistas con un juez para que le dijeran de qué está acusada. Los cargos son: formar parte de una asociación ilícita, financiarse incumpliendo una orden que regula la entrada de fondos en el área de Judea y Samaria [nombre que se da en Israel a Cisjordania] y recibir dinero de forma fraudulenta.