Alberto D. Prieto Eduardo Ortega Socorro

Un día dijo Ángel Gabilondo: "No subiré impuestos si soy presidente", pero semanas antes había firmado una enmienda a los Presupuestos de la Comunidad de Madrid para aumentarlos en 3.000 millones.

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A la semana, dijo María Jesús Montero: "Armonizaremos los impuestos autonómicos ya mismo", y le terminó de reventar la campaña al candidato socialista.

A los pocos días, dijo Pedro Sánchez: "El candidato en su autonomía presenta su plan, y el Gobierno debe armonizar los intereses de todos", tratando de defender lo uno y lo contrario.

Y una semana después, la portavoz dijo que ni sí ni no, que la habíamos malinterpretado, y a otra cosa.

Total, que ya nadie sabe si el PSOE quiere ganarse votos moderados -es decir, a su derecha- en las elecciones del 4-M, a cambio de renunciar a la "justicia fiscal", o si prefiere "acabar con el dumping fiscal de Madrid", para contentar a sus socios independentistas en el Congreso.

Pero EL ESPAÑOL puede confirmar, de fuentes oficiales del Ministerio de Hacienda que, finalmente, el Gobierno ha decidido retrasar cualquier alza impositiva, como mínimo hasta más allá del verano de 2022.

Según ha podido corroborar este periódico, Hacienda ha decidido no abordar el retoque a los impuestos de sucesiones, donaciones y patrimonio hasta después de que se negocie el nuevo sistema de financiación autonómica.

El calendario y Bruselas

Y éste no se empezará a abordar con las comunidades autónomas, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), hasta que el comité de expertos convocado por la ministra Montero entregue sus conclusiones sobre la reforma fiscal. Y eso no pasará hasta el último día de febrero del año que viene.

La realidad es que la Comisión Europea quería detalles sobre la reforma fiscal del Gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos. Pero las posiciones entre los morados y los socialistas, cuya política económica dicta la vicepresidenta segunda, Nadia Calviño, están tan alejadas que no había modo de abordar esa negociación interna y entregar el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia a tiempo.

El documento, finalmente, se subió este viernes a los sistemas informáticos habilitados por el gobierno europeo en Bruselas y, tal como adelantó este periódico, no tiene mayores concreciones en cuanto a la reforma fiscal. La Comisión, por ahora, ha aceptado esa ambigüedad, porque su empeño era, esencialmente, que España no hiciera lo contrario que el resto de socios europeos: subir impuestos en lugar de bajarlos para animar la economía.

Todo aplazado

Sánchez ya se fue de veraneo el año pasado enfriando los deseos de Unidas Podemos, y explicando que "la necesaria reforma fiscal, para tener un sistema impositivo mas justo, queda aplazada hasta que se consolide la recuperación de la economía y, sobre todo, del empleo".

Pero tanto el entonces vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, como su sucesora, Yolanda Díaz, y sobre todo, los socios de la izquierda nacionalista en el Congreso, exigen posiciones distintas. Cabe recordar la imagen del independentista catalán (ERC) Gabriel Rufián exigiendo una "armonización" de los impuestos autonómicos para combatir el "dumping fiscal" de la capital.

La polémica alcanza a los impuestos, o tramos de determinadas figuras tributarias, que están regulados por la normativa estatal y se exigen en todo el territorio español, aunque su recaudación va a parar a las arcas de las comunidades autónomas, que a su vez pueden manejar las condiciones en las que se aplican.

Así, con el paso de los años, se ha producido una gran variabilidad en la aplicación de este tipo de tributos según los beneficios fiscales que aplique cada comunidad autónoma. En este sentido, el manejo que pueden aplicar las regiones es absoluto. El ejemplo paradigmático -y de actualidad, por la carrera electoral del 4 de mayo- es Madrid: la región que preside Isabel Díaz Ayuso tiene bonificado al 100% el impuesto de Patrimonio. Es decir, que prácticamente no existe en esa autonomía.

Esto ha provocado que, a través de tributos como Sucesiones y Donaciones, el citado de Patrimonio, Actos Jurídicos Documentados o el tramo autonómico de IRPF, se haya producido una suerte de competitividad autonómica fiscal que el Gobierno, antes o después, quiere limitar. De hecho, la ministra Montero ya ha asumido en ocasiones el discurso de sus socios, y ha acusado en varias ocasiones a Madrid de hacer "dumping fiscal".

Los planes y la Covid

Como ha venido informando Invertia desde antes de la pandemia, el Gobierno tiene la firme intención de poner límite, por abajo, a las bajadas de impuestos. Es decir, generar un suelo tributario que obligue a las regiones a aplicar estos impuestos en un grado mínimo y que no pueda ocurrir lo que pasa en Madrid con Patrimonio.

En un principio, la idea de María Jesús Montero, ministra de Hacienda, era la de promover esta medida dentro de la reforma de toda la financiación autonómica. Sin embargo, el devenir de la pandemia habría cambiado estos planes.

Ahora, tal como confirman las fuentes consultadas por este diario, el calendario fija que al acabar febrero de 2022, la comisión de expertos entregará sus conclusiones a la ministra. En marzo, ella empezará a elaborar su propuesta. Después abrirá dos vías: por un lado comenzará a tramitar la reforma en el seno del Ministerio, con todo su periplo -interno y, después, parlamentario-; y por otro, convocará a los consejeros de las comunidades para plantearles la nueva financiación autonómica.

... y sólo después se abordará la "armonización" que comenzó a tambalear la campaña de Gabilondo.

Según fuentes relacionadas con el manejo de estos impuestos, para generar este suelo sería necesaria un proyecto legislativo que tendría que contar con el beneplácito del Congreso de los Diputados. La fórmula del tan socorrido real decreto-ley no serviría puesto que, según los reglamentos, no puede usarse para imponer políticas a las autonomías.

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