Alberto D. Prieto I. P. Nova

El fin del estado de alarma está a la vuelta de la esquina. Y ni el PP, ni Bildu, ni Vox, ni ERC, ni Ciudadanos, ni PNV, ni Compromís ni Más País... están de acuerdo con la solución del Gobierno de Pedro Sánchez. Y Unidas Podemos calla, aprovechando que a ellos el PSOE no quiere dejarles meter mano en asuntos de Estado y que el nuevo liderazgo de Yolanda Díaz da las batallas en Moncloa, no en los medios.

En todo caso, a Pablo Casado le han salido unos inesperadísimos aliados: los socios independentistas, nacionalista y regionalistas ya han advertido al Ejecutivo que se subirán al plan B de los populares para lograr una legislación alternativa "si el Gobierno nos deja sin herramientas".

Hablan en primera persona porque gobiernan en sus regiones. El PNV de la mano del PSOE en el País Vasco. ERC, aún en funciones y junto a JxCat y PDeCAT, en Cataluña. Y Compromís, con los socialistas en la Comunidad Valenciana.

Pero es que Bildu tiene un pacto parlamentario con Esquerra y los republicanos sólo aprobaron la sexta y última prórroga del primer estado de alarma en la primavera de 2020 cuando Sánchez les prometió "una legislación alternativa"... como ya había firmado con Ciudadanos en la cuarta y la quinta.

Y es que la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, se comprometió hace 11 meses en el Congreso a sacar adelante una ley de pandemias. Incluso anunció que sería "en muy breve" y que ya estaban "los trabajos avanzados" para llevarla pronto al Parlamento.

A todo esto, desde entonces, el PP lleva proponiendo lo que llama "un plan B" para "aprobar con urgencia y lectura única una modificación de la legislación actual". Casado le llegó a ofrecer a Sánchez hace un año que lo hiciese él mismo "por decreto en el Consejo de Ministros" y que el PP se lo convalidaría sin mirar prácticamente, "sólo a cambio de tramitarlo luego como proyecto de ley", para poder enmendarlo.

En octubre, los populares registraron la reforma en el Congreso, y el PNV votó a favor. "Fuimos los únicos", recuerdan fuentes de los nacionalistas vascos. Y ahora, tras el registro de nuevo de la propuesta la semana pasada por parte de los de Casado, "seguiremos a la espera de que el Gobierno reaccione antes del 9 de mayo, aún está a tiempo".

Pero no es tanto por convicción ideológica ni por no querer nada del PP -ya demostraron hace seis meses que por ahí no iban sus reticencias-, sino porque los peneuvistas aún confían "en que Sánchez reaccione, es de sentido común".

Miedo al 4-M

Fuentes de Esquerra, en conversación con este periódico, no quieren confirmar un apoyo al PP, pero sí apuntan que el Grupo Parlamentario que lidera Gabriel Rufián tomará ese texto en consideración porque está "dispuesto a enmendar cualquier irresponsabilidad".

Y señala a Sánchez por poner no atreverse a poner encima de la mesa según que temas en plena campaña electoral madrileña: "Creen que si impiden que la gente tome cañas eso les va a restar votos. Pero por encima de cualquier otra cosa está la salud de la ciudadanía, no las elecciones en Madrid".

"Nos parece bastante irresponsable, con los datos que tenemos de la pandemia, primero que el presidente del Gobierno se comunique con las Comunidades Autónomas vía titulares", recuerdan. Y después, recurren al argumento de la traición a la palabra dada: "El Ejecutivo se comprometió a crear un nuevo marco legal para no tener que recurrir a un estado de alarma y nada de eso se ha producido".

ERC es el socio preferente de Sánchez para sumar mayorías en el Congreso. Los 155 escaños que suman PSOE y Unidas Podemos juegan siempre con los seis del PNV. Y saben que Esquerra suma sus 13 a los cinco de EH-Bildu: suficiente para sacar cualquier norma adelante.

Este martes, era llamativo cómo Mertxe Aizpurua, portavoz de los bildutarras, tenía que hacer equilibrios dialécticos para admitir que su formación "estudiará el plan del PP", al tiempo que atacaba a los de Casado. "Sería tremendo que tenga que liderar esto el Partido Popular, ante la irresponsabilidad del Gobierno" por no prorrogar la alarma.

Sin Conferencia de Presidentes

Por su parte, el diputado de Compromís, Joan Baldoví, explicaba a EL ESPAÑOL que "Sánchez no puede esperar que aplaudamos su falta de alternativa... a lo mejor se encuentra con que aplaudimos la idea del PP". Socio de Íñigo Errejón en el Congreso -que prefiere no tomar postura, ahora que su idilio con el PSOE en Madrid sigue, al menos, hasta las elecciones-, Baldoví no se atreve a hablar por otros, pero se sonríe ante la coincidencia: "No nos hemos puesto de acuerdo, no hemos hablado entre nosotros", alega cuando se le inquiere por la posición de ERC, Bildu y PNV.

El líder del partido nacionalista valenciano acusaba al presidente cómo trata a sus socios: "Demasiado a menudo, llegan con una decisión tomada sin alternativa", como en este caso, "y es de cajón que tiene que rectificar, cuando tiene en contra a sus aliados, a la oposición y a los presidentes autonómicos".

Porque ésa es otra, según fuentes del Gobierno, Sánchez ni siquiera se ha planteado la posibilidad de convocar una Conferencia de Presidentes. Entre otras cosas, quizá, porque ya sabe de primera mano que el lehendakari Iñigo Urkullu no tiene mayor intención de acudir -alegaría su relación bilateral con Madrid-, y Cataluña aún no tiene president al que convocar. 

A Sánchez le quedan menos de tres semanas para decidir entre levantar el estado de excepción para controlar la pandemia de la Covid, presentar una nueva prórroga... o incluso un nuevo decreto (idea que maneja el PNV). Esta opción daría tiempo, quizá, para el plan propuesto por Edmundo Bal, portavoz adjunto de Ciudadanos, la "ley marco que incluya un catálogo de restricciones comunes y lleve a la Audiencia Nacional la convalidación de las medidas".

Según el partido naranja, esa opción sería la menos lesiva y la más constitucional para permitir a las Comunidades Autónomas adoptar las medidas adecuadas, aunque afecten a derechos fundamentales como la movilidad y sin tener miedo a que los juzgados rechacen sus propuestas.

CCAA de todos los colores

Ahora mismo, y con ley en la mano, se pueden establecer estados de alarma por territorios, pero los grupos no quieren esto. Supondría un problema entre regiones y crearía desigualdades. Lo que ellos persiguen es, en la línea de lo plantado por el Consejo de Estado, el desarrollo de una ley orgánica de Medidas Especiales de Salud Pública para cubrir los vacíos del estado de alarma.

En todos ellos impera que sean los gobiernos regionales los que decidan. Las mismas CCAA que han planteado ya a Sanidad que quieren un estado de alarma (lo ha hecho Murcia, Andalucía, del PP, Asturias, del PSOE, y País Vasco). 

Pero este reclamo no sólo llega desde las Cámaras parlamentarias. Carolina Darias se tendrá que enfrentar a las mismas fieras este miércoles en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Las comunidades quieren medidas para poder restringir la movilidad cuando decaiga la situación de excepción.

Ni siquiera sus aliados, comunidades gobernadas por socialistas, quieren que se levante el estado de alarma. Aunque en público las declaraciones son más comedidas, la gran mayoría de ellos reclaman opciones con las que puedan limitar la movilidad.

A las reclamaciones para mantener el toque de queda de algunos gobiernos socialistas se une la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha que, este mismo martes, hablaba de continuar con los confinamientos perimetrales más allá del 9 de mayo. 

Desde el PP tampoco ha existido una unanimidad sobre el qué hacer. Mientras que Andalucía y Murcia pedían más estado de alarma, Madrid rechazaba por completo la gestión del Gobierno y reclamaba "libertad". Ahora, la propia Díaz Ayuso habla de un toque de queda más allá de mayo para controlar la incidencia de la Covid.

Exigencias

Pero las decisiones de las CCAA o de los partidos de los socios de Gobierno no son escuchadas por Sanidad. De hecho, fuentes cercanas al Consejo Interterritorial afirman que el departamento de Carolina Darias ha decidido rebajar los medidores epidemiológicos que, a principios de marzo, eran indispensables para levantar las restricciones de movilidad.

Pese a que la presión de la oposición es cada vez más fuerte, el Consejo Interterritorial de Salud ya tiene claro que la incidencia de 50 casos por cada 100.000 habitantes (imprescindible en el mes de marzo para levantar el estado de alarma) no es una "obligación". Así lo han trasladado fuentes regionales a EL ESPAÑOL.

Esta decisión de Darias supone rebajar las exigencias que, hasta hace unos días, eran imprescindibles para levantar al estado de alarma y, consiguientemente, facilitar las cosas para que acabe el estado de excepción.

El movimiento de Sanidad es lógico, puesto que en estos momentos España roza una incidencia acumulada de 200 casos por cada 100.000 habitantes y todavía se espera un incremento por el efecto de la Semana Santa. En ese punto, y estando en la fase ascendente de la curva, parece casi imposible rebajar hasta los 50 casos en menos de 30 días.

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