La ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, ha defendido la ley de protección a la infancia frente a la violencia que aprobaba con gran consenso este jueves el pleno del Congreso de los Diputados. La norma, conocida como ley Rhodes, la heredó de su antecesor en el Ministerio de Derechos Sociales, Pablo Iglesias. Pero en ella trabajó desde su puesto anterior, como secretaria de Estado para la Agenda 2030, y durante años, antes, como activista de los derechos de la infancia.

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Pero en su discurso ante la Cámara, Belarra no sólo defendió la ley y sus bondades. También atacó a la Iglesia y sus maldades, haciendo caer ese consenso, al menos en lo dialéctico: "Hay que decir que la Iglesia Católica ha sido cómplice demasiadas veces en este país, encubriendo la violencia sexual hacia los niños". La ministra, hacía referencia a un caso concreto, que utilizó como ejemplo, el de "Emiliano, que con 10 años sufrió agresiones sexuales de un sacerdote" dentro del seminario en el que el chaval estudiaba, como interno.

"Esto tiene que terminar", bramó Belarra. "Por Emiliano y por todos los que como él han sufrido estos abusos a manos de sacerdotes. Aunque al PP le moleste, hay que decir la verdad para proteger a todos los niños y niñas para los que, como dice James Rhodes, todavía no es tarde".

Rhodes, el pianista

James Rhodes es un pianista británico, hoy nacionalizado español, que reside en Madrid desde hace tres años, y que se hizo famoso a nivel global no sólo por su capacidad de atraer público a sus conciertos, sino por sus libros autobiográficos en los que contó los abusos sexuales que sufrió de niño. Unas agresiones que le provocaron depresiones, múltiples operaciones por las secuelas físicas e incluso varias tentativas de suicidio. También, cómo la música lo salvó y lo mantiene vivo.

Hoy, Rhodes forma parte del imaginario gubernamental no sólo por la ley que lleva su nombre, sino porque le llegó a poner banda sonora a la primera presentación del 'Plan de Recuperación' de Pedro Sánchez

La ley que lleva su nombre tiene como medida estrella que amplía el plazo para iniciar la prescripción de los delitos graves hasta que la víctima cumpla 35 años para evitar que los casos queden impunes, ya que las denuncias se producen muchos años después.

La norma llegaba al Pleno con una enmienda pactada en las últimas horas entre PSOE, Unidas Podemos, PP, Ciudadanos, Bildu, Grupo Plural, BNG, Más País y el Grupo Republicano, que eleva cinco años más la edad de la víctima desde la que se contará la prescripción de los abusos sexuales, ahora fijada en los 18 años.

Enmienda de PP y Cs

Víctimas de abusos, entidades sociales y partidos, como PP y Ciudadanos, habían argumentado la importancia de ampliar aún más ese plazo, incluso pedían que se situara en los 40 años, para acorralar a los agresores que suelen llevar a cabo el maltrato y abuso contra los menores dentro de sus hogares o en entornos cercanos.

La Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad ha incorporado 200 enmiendas de distintos grupos y más de 60 transaccionales al informe que se somete a votación en el Pleno (que recibió el voto en contra de Vox y PNV y la abstención del Grupo Republicano y EH Bildu).

Sin embargo, organizaciones de defensa de la infancia, víctimas y algunos partidos opinan que se puede mejorar aún más en el debate del Pleno y proponen también cambiar el reconocimiento que da la ley como "agentes de la autoridad" a los servicios sociales, porque podría causar indefensión a las familias frente a la administración, en los casos de retirada de tutela de los menores por desamparo.

El texto que se aprueba en la Cámara Baja refuerza el derecho del niño a ser informado, no solo escuchado, en procesos administrativos y judiciales y a formular denuncia de manera personal y directa.

Además, tras el paso por la Comisión se dota a la ley de perspectiva de género, eliminando planteamientos como el SAP (Síndrome de Alienación Parental) e incorporado medidas del Pacto de Estado contra la violencia de género.

Se quedaron fuera finalmente, por la falta de apoyo del grupo socialista, las propuestas de Unidas Podemos, de no permitir la participación en espectáculos y escuelas taurinas a los menores y de que en los casos de desahucios de familias con niños se ofrezcan soluciones habitacionales adecuadas y apoyo psicosocial.

La iniciativa legislativa remitida al Parlamento desde Derechos Sociales amplía la definición de violencia, persigue delitos cometidos a través de internet, crea unidades especializadas en las fuerzas y cuerpos de seguridad, un Registro Central de Información, un coordinador de bienestar y protección en los centros educativos e impulsa la formación para jueces y fiscales.