Isabel Díaz Ayuso ha irrumpido en la disputa política que rodea la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El Partido Popular exige que la Asamblea de Madrid pierda su potestad para proponer nombramientos en el Tribunal Superior de Justicia de la región (TSJM). Lo ha hecho a través de un proyecto de ley en el Parlamento autonómico.

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Dicho de otra manera: la lideresa madrileña renuncia a elegir -o por lo menos a influir fuertemente en ello- a los jueces del tribunal jerárquicamente más importante de la Comunidad.

A día de hoy, la Cámara madrileña tiene capacidad para sugerir el nombramiento de una de cada tres plazas de magistrado en la sala de lo Civil y en la de lo Penal del TSJM. Mientras Pedro Sánchez intenta negociar con Pablo Casado un pacto que desbloquee -y perpetúe- la influencia política en el órgano de gobierno de los jueces, Ayuso impulsa una proposición en el sentido contrario: despolitizar.

No obstante, podría decirse que el gesto se ha cocinado en sintonía con Casado, ya que éste pretende hacer lo propio a nivel nacional una vez se solvente el bloqueo actual. Por otra parte, Enrique López, consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid, es al mismo tiempo el máximo responsable jurídico en el PP.

Hace unos días, Sánchez llamó a Casado para negociar en torno al CGPJ. El candidato conservador respondió como lo viene haciendo: no habrá desbloqueo mientras Unidas Podemos participe en el reparto. Un ruego que el Gobierno no está dispuesto a aceptar.

El proyecto de Ayuso supone reformar la ley orgánica del poder judicial y la ley de demarcación y planta judicial. El objetivo último es conseguir que los magistrados del TSJM hoy propuestos por la Asamblea pasen a ser elegidos por el CGPJ.

"Se trata de profundizar en la despolitización, imparcialidad e independencia de la justicia. La propuesta va en el sentido contrario al de los abusos legislativos que buscan sin disimulo resquebrajar las bases de nuestro sistema constitucional", reseña el consejero de Justicia autonómico, Enrique López.

De entrar en marcha esta nueva ley, el CGPJ cubriría por concurso -entre juristas de reconocido prestigio con más de diez años de ejercicio en la Comunidad de Madrid- una de cada tres plazas. Desaparecería así la terna confeccionada ahora por la Asamblea de Madrid.

Las plazas restantes serían ocupadas por magistrados también nombrados a propuesta del CGPJ, con los requisitos de acumular diez años en la categoría y en el orden jurisdiccional civil o penal; y poseer especiales conocimientos de derecho civil, foral o especial propio de la región.