Casi millón y medio de españoles ya han firmado en contra de la Ley Celaá que impulsa el Gobierno de España por entender que atenta, entre otras cosas, contra la escuela concertada, la asignatura de Religión o el español como lengua vehicular en Cataluña.

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La recogida de firmas ha sido iniciativa de Más Plurales, una plataforma que aglutina asociaciones de padres y madres de alumnos, sindicatos, empresas y diferentes colectivos en defensa de la educación concertada.

La plataforma denuncia que la Lomloe -conocida popularmente como Ley Celaá- elimina el concepto de "demanda social", desprecia las preferencias de los padres hacia sus hijos y se inventa un derecho a "la educación pública" que no está recogido en la Constitución. También hace hincapié en los "derechos de la infancia" para omitir a los principales garantes de esos derechos, los padres, y sustituirlos por el Estado.

Por estos motivos, los centros privados y concertados llevan tiempo denunciando que la nueva ley educativa que promueve la ministra de Educación, Isabel Celaá, es inconstitucional. Concretamente, atentaría contra el artículo 27 de la Carta Magna, que reconoce "el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones".

Ante la negativa de Isabel Celaá a atender las peticiones de la escuela concertada -pese a que más de cien familias remitieron cartas a la ministra para advertir de la inconstitucionalidad de su ley educativa-, la Plataforma Más Plurales ha decidido recurrir a la sociedad civil.

Y ésta ha respondido con creces: 1.386.646 españoles -cifra de este jueves por la tarde- ya han firmado contra una norma que dejaría en situación de desamparo a los más de dos millones de alumnos que estudian en alguna de las 3.500 escuelas concertadas españolas. Esto es el 28% de la oferta educativa nacional. En ellas dan clase más de 130.000 profesores. 

Manifestación de Más Plurales frente al Congreso de los Diputados. Más Plurales

De este modo, se han superado con creces las 500.000 firmas acreditadas de ciudadanos (debidamente identificados) que necesita una iniciativa legislativa popular para ser debatida en el Congreso. Sin embargo, esa no es la intención de la plataforma impulsora.

"Nuestro objetivo es concienciar a la sociedad de que la Ley Celaá afecta a nuestros marcos democráticos recortando libertades fundamentales", adelanta el portavoz de Más Plurales, Jesús Muñoz de Priego Alvear, en conversación con EL ESPAÑOL.

"La ley se extralimita al hacer una modificación del marco constitucional por la puerta de atrás", explica Muñoz de Priego, que prosigue: "Al no tener una mayoría para hacer modificaciones constitucionales, se está haciendo una modificación de facto de ese marco de libertades a través de leyes orgánicas".

"Deprisa y corriendo"

Este viernes la Comisión de Educación votará el dictamen final de la reforma sin haber escuchado a la comunidad educativa. El próximo jueves, seis días después, se votará nuevamente en el Pleno del Congreso de los Diputados. El Pleno es el último paso antes del salto de la norma al Senado.

Todo se ha realizado a un ritmo endiablado. La Ponencia (grupo de trabajo que analiza las enmiendas antes de presentar el dictamen ante la Comisión de Educación) se reunió sólo cinco veces para analizar 1.162 enmiendas. Cinco reuniones en dos semanas antes de pasar a la Comisión.

El portavoz de Más Plurales denuncia que el Gobierno "tiene prisa por aprobarla" y por ello considera que "no es casual que se haga en periodo de pandemia": "Quieren evitar el debate social y limitar libertades fundamentales por la puerta de atrás".

El abogado de profesión denuncia también que se trata de "la primera vez en la historia democrática reciente en la que se excluye a la comunidad educativa de la tramitación parlamentaria". "No quiere escuchar a las familias", lamenta.

El portavoz de los más de veinte colectivos educativos que componen la Plataforma Más Plurales sostiene que la Ley Celaá supone, en definitiva, "la imposición de un modelo de educación único, estatal y laico que pondrá fin a la pluralidad educativa actual".

Isabel Celaá - conocida por haber llevado a sus hijas al colegio concertado Bienaventurada Virgen María-Irlandesas (Bilbao)- ha manifestado en numerosas ocasiones que "la Lomloe no ataca a las escuelas concertadas".

Unas palabras que no convencen al sector de la educación concertada, que expresa a través de Más Plurales su preocupación por una reforma "que conduce hacia el dominio sistémico del Estado, dotando a las Administraciones con facultades cada vez más amplias en detrimento de las familias como primeras educadoras de sus hijos".

"Es una ley intervencionista en el ámbito educativo. A más intervencionismo, menos libertad. Y a menos libertad, menos democracia. Esta regla no falla nunca", sentencia Muñoz de Priego.

La 'Ley Celaá' y sus polémicas

La Ley Celaá es el nombre popular con el que se conoce el proyecto de Ley Orgánica de Modificación de la LOE (LOMLOE). Una propuesta impulsada por la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, y que ahora debe enfrentarse a las enmiendas a la totalidad presentadas por PP, Vox y Ciudadanos.

A las duras críticas de estos tres partidos políticos se unen las de la sociedad civil y, especialmente, la comunidad educativa. Y es que la ley que pretende derogar la LOMCE o Ley Wert está cargada de medidas polémicas, más allá de su ataque frontal a la concertada.

1.- La ley que impulsa el Gobierno de España también plantea la supresión del español como lengua vehicular en Cataluña. El Ejecutivo, gracias a un pacto acordado con ERC, se ha comprometido a blindar y reforzar el sistema de inmersión lingüística en catalán, que margina el español.

De este modo, se elimina la consideración de "lenguas vehiculares" tanto para el catalán como para el castellano. Una manera de dar carta de naturaleza al sistema vigente en Cataluña desde hace décadas y por el que PP y Ciudadanos ya han anunciado recursos. 

2.- Pero la devaluación del castellano en Cataluña no es la única medida polémica acordada por PSOE, Unidas Podemos y ERC. Recientemente, las tres formaciones se pusieron de acuerdo para ampliar la ley Celaá, rebajando la exigencia académica para que los estudiantes de la ESO puedan pasar de curso sin límite de suspensos.

Ahora, cuando un alumno reprueba tres asignaturas, debe repetir. Esto no debería ser así para Esquerra, impulsora de la propuesta. Según los independentistas catalanes, es "anticuado" medir la evolución del alumno en base a sus suspensos. Por ello, los socialistas han apoyado que sean los profesores quienes decidan sobre cada caso atendiendo al "esfuerzo".

3.- También se acabará -por la vía de la asfixia financiera- con los colegios de educación especial en los que se atiende a niños con discapacidades físicas o psíquicas, al privarlos de recursos y de alumnos.

La disposición adicional cuarta de la Ley Celaá obliga a derivar a los niños con discapacidad desde sus centros actuales a colegios ordinarios. De este modo, los usuarios de la educación especial no podrán contar con medios y docentes especializados.

4.- Además, la norma plantea una educación afectivo-sexual para los niños de primaria o la necesidad de estudiar la historia de la democracia en España desde sus orígenes hasta la actualidad "con perspectiva de género".

Por todos estos motivos ya hay casi un millón y medio de españoles con nombre y apellidos que han firmado en contra de la Ley Celaá.