El Gobierno ha decidido acabar por la vía de la asfixia financiera con los colegios de educación especial en los que son atendidos los niños con discapacidades físicas o psíquicas, al privarlos de recursos y de alumnos.

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La clave es la disposición adicional cuarta de la Ley Celaá, que obliga a derivar a los niños con discapacidad desde sus centros actuales, donde cuentan con medios, profesionales y docentes especializados, hasta colegios ordinarios donde, en opinión de muchos padres afectados, serán “aparcados como muebles”.

La derivación de los niños -muchos de ellos con discapacidades graves- desde los centros de educación especial a los colegios ordinarios no tendrá en cuenta la opinión de los padres, de los propios niños o del personal especializado que los atiende.

La medida del Gobierno de PSOE y Podemos se apoya en un informe de 2017 del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas. Un informe muy criticado por las más de 150 asociaciones españolas críticas con la Ley Celaá, agrupadas en torno a la plataforma Educación Inclusiva Sí, Especial También.  

En ese informe, que fue aprovechado por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) para pedir un cambio en la legislación, se afirma que España segrega y excluye a los niños con discapacidad. También se asegura que esa “segregación” afecta de forma grave al derecho a la educación de este colectivo.

Según el informe de la ONU, España no respeta el artículo 24 de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Además critica el hecho de que las autoridades españolas consideren que el interés superior del menor sea disfrutar de una “educación especializada en centros especiales”. 

“Todo esto parte de un engaño del CERMI”, dice José Luis Izquierdo, nombre real del Mago More, padre de un niño discapacitado y portavoz involuntario del movimiento en contra de la disposición adicional cuarta de la Ley Celaá desde que subió a las redes un vídeo en el que criticaba la decisión de derivar a este tipo de menores a colegios ordinarios.

“Claro, tú le preguntas a la gente si quiere integrar a los niños con discapacidad y te dicen que sí. ¿Quién te va a decir que no? Así que hace tiempo se presentó una iniciativa legislativa popular que apoyaron todos los grupos políticos. Hasta que quedó claro que era un engaño”, señala.

El "engaño"

“¿Y cuál era el engaño? Que el CERMI trajo a dos inspectores de Naciones Unidas a los que se les dijo que aquí en España se segregaba a los niños discapacitados. Se supone que esos inspectores visitaron colegios de educación especial para elaborar un informe. En realidad, no visitaron ni uno de esos colegios. Su informe, manipulado y torticero, dijo que en España segregamos a los niños en guetos. Ya ves tú. Y de ese informe se vale el Gobierno para decir que en España lo hacemos mal porque segregamos a los niños”, añade.

Preocupados por el informe, los padres afectados lograron reunirse con la ministra de Educación, Isabel Celaá, que les prometió que los centros de educación especial no desaparecerían.

“Ahí nos dimos cuenta de que todo estaba perdido, porque este Gobierno siempre miente”, ironiza Izquierdo. “Dicho y hecho: el Gobierno se ha sacado de la manga la disposición adicional cuarta. También nos ha dicho que va a dedicar ‘todos los medios necesarios’ y que los colegios especiales se van a mantener para los casos más graves y como centros de formación para los docentes de los colegios ordinarios”, explica José Luis Izquierdo.

“O sea, que el plan del Gobierno es ir pasando a los niños discapacitados a colegios ordinarios donde se supone que les van a dar todo tipo de atenciones. Esto, llevado a la práctica, consiste en que van a aparcar a los niños en una esquina como si fueran muebles. Esto ya se ha intentado antes y ha sido un fracaso”, recuerda.

Según Izquierdo, incluso los niños que cognitivamente pueden seguir una educación ordinaria sufren un daño emocional severo al ser trasladados a colegios ordinarios. “A estos niños jamás les invitan a un cumpleaños. No tienen amigos. Algunos amenazan con suicidarse si se les obliga a ir a un colegio ordinario. Otros se hacen sus necesidades encima para que no los lleven”, asegura.

Hablan los padres 

Otros padres de niños discapacitados consultados por EL ESPAÑOL corroboran las palabras de Izquierdo. Todos ellos se muestran preocupados por la posibilidad de que sus hijos sean acosados y objeto de bullying en escuelas que no están preparadas para atenderles como necesitan.

“Imagina cómo procesa la cabeza de un niño discapacitado que le lleven a un sitio donde se ve a sí mismo como un estorbo”, afirma Izquierdo. “Además, los niños son crueles. ¿Qué crees que va a ocurrir cuando se junte a los niños discapacitados con el resto de los niños?”.

Las asociaciones de padres de niños discapacitados han preguntado al Gobierno de dónde saldrán los fondos para adecuar los colegios ordinarios a las necesidades de los niños discapacitados: “Sólo nos responden que van a poner todos los fondos necesarios. Y cuando les preguntamos qué fondos en concreto, nos contestan que los necesarios. O sea, que no existen esos fondos”.

“Tú miras la memoria económica de la Ley Celaá y no tienen nada presupuestado. Así que, ¿de qué están hablando? No tienen medios ni los van a poner. Sólo van a aparcar esos niños en los colegios ordinarios como si fueran muebles, perjudicándoles a ellos y al resto de los niños, que no van a poder avanzar en su aprendizaje”, añaden.

¿Qué pretende entonces el Gobierno adoptando una medida que parece destinada a un estrepitoso fracaso? Según Izquierdo, “cargarse los colegios de educación especial con la excusa de la integración”.

“Se ahorran presupuesto, se ahorran subvenciones y se ahorran ayudas. En realidad, estos colegios sobreviven gracias a las aportaciones de los padres y a actividades como tómbolas o sorteos o lotería de Navidad. Y aun así, son deficitarios, porque estos niños necesitan mucha atención y esa atención es cara. Si van trasladando poco a poco a los niños a colegios ordinarios, los centros especializados pronto serán insostenibles por falta de clientes. Y se verán obligados a cerrar”, continúa.

Años 50 

“Volveremos a los años 50”, dice Izquierdo aludiendo a los años del franquismo, “con los niños discapacitados arrinconados en una esquina de la clase y sin recibir la atención que necesitan”.

La plataforma Inclusiva Sí, Especial También es la que más beligerancia ha mostrado en contra de la Ley Celaá. Según dicen sus representantes, la redacción de la disposición adicional cuarta es “ambigua” y abre la puerta al cierre de los colegios de educación especial por parte de las autonomías o a su conversión en centros de recursos, sin alumnado.

La Ley Celaá se apoya, además de en el anteriormente mencionado informe de la ONU, en el apartado E del artículo 24.2. de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, y en el cuarto Objetivo de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. De acuerdo a ambas disposiciones, el Gobierno ha interpretado que son los centros ordinarios, y no los especializados, los que deben ocuparse de los niños discapacitados.

Inclusiva Sí, Especial También no cree que salga adelante ninguna de las enmiendas a este punto de la ley a pesar de que PP, UPN, PNV y Coalición Canaria han solicitado la supresión de la disposición adicional cuarta. Ciudadanos ha pedido su modificación. 

De acuerdo a la literalidad de la Ley Celaá, esa derivación total de los niños discapacitados a colegios ordinarios debe estar concluida en el plazo de un año. Según Izquierdo, los colegios de educación especial cerrarán mucho antes de cumplirse ese plazo porque la falta de alumnos impedirá pagar a sus trabajadores.

Existe una segunda preocupación. La de que la atención que requieren los niños discapacitados impida que las clases se desarrollen con normalidad. “Hemos hablado con padres de niños neurotípicos”, afirma Izquierdo, “y nos dicen ‘es que tu hijo va a retrasar al mío”. ¡Efectivamente! Claro que lo van a retrasar. Los dos niños se van a ver perjudicados. Pero nadie tiene narices de decir eso, porque no es políticamente correcto”. 

“¿Cómo los van a integrar? ¿Cómo va a ocuparse un profesor de una escuela ordinaria, sin preparación, de niños que necesitan atención especializada constante? Hablas con esos profesores y están temblando. Y con razón. Tienen a niños autistas y con déficit de atención, que es algo muy leve, y no saben cómo atenderlos”, asegura.

“¿Cómo van a atender a niños con discapacidades severas? Y hacerlo, además, mientras dan clase al resto de los niños. Es absurdo. Les han encasquetado ese marrón y se han desentendido de las consecuencias, que van a ser gravísimas”, añade.

¿Fake news?

Según Izquierdo, nadie en el Gobierno se ha sentado a hablar seriamente con los padres afectados. De hecho, el Gobierno y sus medios afines han llegado a calificar de fake news la amenaza de desaparición de los colegios de educación especial.

“Son muy sibilinos”, dice Izquierdo. “El Gobierno está desinformando. Ellos no dicen ‘vamos a cerrar los colegios’, claro. La Lomloe dice ‘los centros ordinarios deberán contar con los recursos necesarios para poder atender en las mejores condiciones al alumnado con discapacidad’. Pero nadie les cree. Los van a vaciar. Y después de vaciarlos, se verán obligados a cerrar. Es como si quieres cerrar una gasolinera, pero en vez de cerrarla a las bravas, prohíbes que reposte con camiones cisterna. No la estás cerrando directamente, pero estás asfixiándola. El resultado final es el mismo”.

“No te haces una idea del caos que se va a generar en los colegios”, finaliza Izquierdo. “Sólo nos está apoyando Ciudadanos en Madrid e Isabel Díaz Ayuso en el PP. Pero el problema es que la ley es nacional”, aclara.

Fernando, padre de un niño autista, confirma las palabras de Izquierdo. “La Ley Celaá parte de un error elemental, que es interpretar que llevar a un chico discapacitado a un colegio de educación especial es discriminarlo. Es decir, la Lomloe interpreta que tú haces ‘más especial’ a ese chico al segregarlo en un colegio de ese tipo”.

“Pero es que el punto clave es que esos chicos no son ‘especiales’, sino que tienen ‘necesidades especiales’. Necesidades que no pueden ser cubiertas, en muchos casos, por un colegio ordinario. Si les das un trato igualitario, estás discriminando a estos chicos. Porque sus necesidades no son iguales a las de los demás”, advierte.