El auto por el que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid deniega la ratificación de las restricciones impuestas por el Ministerio de Sanidad a Madrid la semana pasada supone un varapalo sanitario y político en la gestión de la epidemia de Covid. Y sólo le deja a Savador Illa la salida de imponer el estado de alarma en Madrid.

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Sanitario, porque demuestra que, aparte del recurso a esa excepcionalidad constitucional, a Illa no le queda otro instrumento para imponer restricciones a la movilidad de los ciudadanos que limiten la posibilidad de contagios. Y político, porque los jueces le afean en su auto al Gobierno que no haya aprovechado estos meses para cambiar las leyes sanitarias y habilitar instrumentos legales más eficientes y claros.

Concretamente, el auto asegura que "con independencia de las que las medidas restrictivas de tal derecho fundamental fueran necesarias e idóneas [...] no aprecia la Sala en la regulación que contiene el artículo 65 de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, habilitación legal alguna para el establecimiento de medidas limitativas del derecho fundamental a la libertad de desplazamiento y circulación de las personas".

Pocos minutos después de hacerse pública la resolución judicial, comparecía Illa en la Comisión de Sanidad del Congreso. Su primera reacción fue anunciar una "reunión del Grupo Covid-19 con la Comunidad de Madrid esta misma tarde" y pedir "a todos", es decir, también a los jueces, "pensar en los enfermos, en los sanitarios y, en general, en los ciudadanos". 

La exminstra de Sanidad del PP y expresidenta del Congreso, Ana Pastor, le exigió la dimisión. "Esta decisión judicial le exige a usted que reflexione sobre lo que ha hecho... pero sobre todo, que reflexione en su casa".

Ana Pastor (PP), exministra de Sanidad, en la Comisión del Congreso. Efe

En el mismo tono, Pablo Casado recordó las reformas legales reclamadas por su partido desde mediados del estado de alarma -precisamente, cuando dejó de apoyarlo- y calificó de "insostenible" la situación de Illa.  

Reproches de los jueces

El auto es durísimo con lo que Illa vendió como "una actuación coordinada adoptada por decisión colegiada" para confinar Madrid: "La Orden 1273/2020, de 1 de octubre, de la Consejería de Sanidad, meramente en ejecución de la Orden comunicada de 30 de septiembre de 2020, constituyen una injerencia de los poderes públicos en los derechos fundamentales de los ciudadanos sin habilitación legal que la ampare, es decir, no autorizada por sus representantes en las Cortes Generales, por lo que no puede ser ratificada".

La realidad es que para que Sanidad pueda imponer medidas sanitarias en la Comunidad, ahora no le queda más remedio que recurrir al estado de alarma, intervenir Madrid. Y el Gobierno quiere evitarse pagar ese precio político.

Y es que a la luz del auto, los jueces reconvienen con dureza al Ministerio señalándole que todo este galimatías es responsabilidad suya, por no haber abordado las reformas legales necesarias cuando pudo y debió hacerlo.

Así, recuerdan que el mismo Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio -que modificó ese artículo 65 de la ley invocada por Illa en su orden ministerial-, lo admite en su exposición de motivos. Concretamente, en el pasaje que dice que "los reales decretos-leyes 'no podrán afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I, al régimen de las Comunidades Autónomas ni al Derecho electoral general'". Y que, por tanto, "ninguna de las medidas del presente real decreto-ley afecta a estas materias" especialmente protegidas.

Decisión conjunta

La pelea entre el Gobierno de Pedro Sánchez y el de Isabel Díaz Ayuso se ha ido librando en el escenario de la pandemia, esencialmente, en la búsqueda de no asumir el baldón de volver al estado de alarma: ni Sanidad quiere imponerlo, para que no le acusen de injerencia; ni Madrid quiere pedirlo, para no ser acusado de incapacidad de gestión.

De este modo, Illa ha convocado en la tarde de este jueves la reunión del Grupo Covid-19, que hasta ahora es el único acuerdo vigente de aquella cumbre entre Sánchez y Ayuso de hace ya más de dos semanas. La cita impulsada por Sanidad pretende que si hay que imponer el estado de alarma en la Comunidad de Madrid, en la foto salgan las dos administraciones.

Pedro Sánchez e Isabel Díaz Ayuso, el pasado 22 de septiembre. Efe

Es más, en la tarde de este jueves tanto el ministro y el director del CCAES, Fernando Simón, como el vicepresidente regional, Ignacio Aguado, y el consejero, Enrique Ruiz Escudero, deberán resolver el entuerto: si una medida es "necesaria" y sólo se puede aplicar volviendo al estado de alarma, la decisión debería ser conjunta.

Para Sanidad, es necesario cerrar Madrid porque tiene más de 500 casos por cada 100.000 habitantes de incidencia acumulada en los últimos 14 días, suma más del 10% de positividad en PCR y acumula más del 35% de ocupación UCI por Covid. Y por eso impuso esas restricciones, aunque cinco CCAA votaran en contra hace una semana.

Para la Comunidad de Madrid, las restricciones eran nulas "por la falta de consenso que impone la misma ley invocada por Illa, pero en su artículo 73: "Los acuerdos del Consejo se plasmarán a través de recomendaciones que se aprobarán, en su caso, por consenso".

Y para los jueces, sólo a través del estado de alarma se puede aplicar una limitación de derechos fundamentales de tal calibre porque el Gobierno no hizo las reformas necesarias en las leyes sanitarias. 

Promesas incumplidas

Las tres últimas prórrogas del estado de alarma, aquéllas en las que el PP no votó a favor, salieron adelante con los votos de Ciudadanos. Esencialmente, gracias al compromiso expreso del Gobierno de "analizar las reformas legales para establecer un mecanismo alternativo al estado de alarma que permita a España protegerse ante eventuales rebrotes sin necesidad de recurrir de nuevo al estado de alarma".

También se lo prometió Pedro Sánchez a Esquerra y al PNV en la última prórroga, ésa que fue de 15 días y no de un mes como quería el Ejecutivo. Eso anunció la misma Carmen Calvo el 13 de mayo en el Congreso...

...y eso es precisamente lo que echan en falta los jueces de la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Madrid en la orden que emitió el ministro de Sanidad para imponer en cierre de Madrid capital y de otras nueve ciudades de la Comunidad. 

"Resulta llamativo que ante el escenario sanitario descrito no se abordara una reforma de nuestro marco normativo", se recoge en el auto, "más acorde con las confesadas necesidades de combatir eficazmente la pandemia del Covid-19 y afrontar la grave crisis sanitaria que padece el país".

Y es que los magistrados apuntan a la necesidad de estas reformas legales, en un texto con una argumentación durísima, en el que achacan al Ejecutivo no haber hecho los deberes "pese al consenso doctrinal existente acerca de que la regulación actual  [...] resulta ciertamente deficiente y necesitada de clarificación”.

"Pensemos en los enfermos"

"El plan A, el B y el C es proteger la salud pública basándonos en las recomendaciones de los expertos", dijo Illa en el Congreso. "Y eso hicimos la semana pasada. Y las medidas entraron en vigor el viernes por la noche. Y guiados por el criterio de los expertos, decidiremos qué hacer cuando estudiemos el auto de los jueces".

Pero la realidad es que las "acciones coordinadas de obligado cumplimiento" que la semana pasada le impuso a las diez localidades madrileñas afectadas por los criterios acordados en la Interterritorial adolecían de consenso y además ya estaban funcionando las decretadas por Ayuso: "Nunca puse en duda los datos de Madrid", dijo este miércoles el ministro.

Lo cierto es que a inicios de verano, el ministro Illa ya se vio sorprendido por la no ratificación por el TSJ catalán de las medidas de "confinamiento perimetral" en Lérida y la comarca del Segrià. Entonces, fuentes de su Ministerio insistían en que "el problema no está en la medida sino en que quizá estaba mal redactada la resolución para lograr la ratificación judicial".

A eso se acogía el ministro en su comparecencia, aunque admitía implícitamente la acusación de los jueces de que las leyes "precisan de aclaración". Illa aseguraba en el Congreso que "deberíamos estar preparados para activar y desactivar con toda rapidez las restricciones, como prevé el Plan de Respuesta Temprana".

En este momento, según el Ministerio, tocan confinamientos perimetrales. Porque "protegen los territorios de alrededor, y que se puedan hacer actividades necesarias del trabajo o disfrutar de la cultura", apuntó el ministro.