La polémica rodeó el viaje de Pedro Sánchez a Bruselas este miércoles. Evidentemente, no porque fuera a "defender los intereses de España", como explicaba su equipo desde Moncloa. Sino porque para tal cometido debiera ausentarse de la sesión de control, y avisando a los servicios de la Cámara fuera de plazo.

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Más aún, porque la primera motivación que alegó Moncloa para esa serie de reuniones había sido -minutos antes de que se suspendiera- que se trataba de citas preparatorias del Consejo extraordinario previsto para este jueves y viernes. La cumbre, finalmente, será la semana que viene.

Y es cierto que las reuniones servían como anticipo bilateral de las discusiones que se iban a librar en la sala donde se juntan los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea. Y es cierto que eran muy importantes, no había más que ver los interlocutores de la UE: el comisario de Economía, Paolo Gentiloni; la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen; y el presidente del Parlamento, David Sassoli

Además, el presidente rindió visita al Alto Representante, Josep Borrell. Con su exministro de Exteriores trató sobre los temas de migraciones y tensión en el Mediterráneo oriental que había departido en la apertura de la jornada en la sede de la OTAN con su secretario general, Jens Stoltenberg.

Los reglamentos 

Von der Leyen y Sassoli, como presidentes de dos de las tres instituciones -a falta del confinado Charles Michel, del Consejo-, tienen mucho que decir en el trámite del fondo de recuperación Next Generation EU. Y según ha podido confirmar este periódico en fuentes europeas, el presidente acudía a Bruselas a hacer lobby para evitarse nuevas condiciones.

"Efectivamente, los reglamentos aún no están cerrados", confirmaban fuentes gubernamentales a EL ESPAÑOL. "Ha ido a influir en un debate que sigue abierto", añadían desde Bruselas. 

Tanto desde la capital europea como desde la sede del Gobierno español la información era la misma: "La Eurocámara quiere que para librar los fondos se obligue a los Estados a respetar los derechos humanos; la Comisión, que se cumplan recomendaciones de política económica como si fueran condiciones; y en el Consejo, los países del norte pelean por imponer un procedimiento muy burocrático, lleno de trabas".

Y es que la vuelta de Pedro Sánchez el pasado 21 de julio, entre aplausos, al complejo de Moncloa, tras casi cinco días de negociaciones "extenuantes", pareció como la culminación de algo grande. Pero en realidad, no era más que el necesario principio de un proceso lleno de trabas.

Los obstáculos

Para resumir: entre mayo y junio, la Comisión propuso un plan de recuperación, el Parlamento apoyó la idea y duplicó la petición de fondos, y finalmente el Consejo redujo el montante y lo llenó de cortapisas.

Ahora, falta que se cierren los reglamentos y que el Consejo los apruebe por unanimidad, la Eurocámara por mayoría y después -sorpresa- los Parlamentos de los 27 Estados miembros. "Y eso no son 27 cámaras, sino 42, porque hay regiones de algunos países que tienen competencias en estos temas", recuerda una fuente europea directamente implicada en el proceso.

En ese proceso, Hungría, Polonia, República Checa... pueden poner vetos al asunto del Estado de derecho. Y en ese caso, el Europarlamento ya ha advertido de que bloquearía el Marco Financiero Plurianual -es decir, el Presupuesto de la UE entre 2021 y 2027. "Y sin esas cuentas aprobadas antes del 31 de diciembre, no habría fondos de recuperación para nadie", explica una alta fuente europea.

Pedro Sánchez, frente a David Sassoli, presidente del Parlamento Europeo, al inicio de la reunión con sus equipos. Moncloa

Pero a lo que iba Sánchez a Bruselas era a evitar otro obstáculo: "Políticas contra el cambio climático, digitalización o respeto al Estado de derecho... en las condiciones que hay por ahora, España no tiene ningún problema", explica a este periódico un portavoz del Gobierno. "Lo que quiere el presidente es que no se imponga la idea de Holanda o Luxemburgo, por ejemplo, que quieren mucha rigidez para intentar gastar menos".

La gravedad de la misión

Y es que nuestro país es de los que recibirá dinero -y mucho, hasta 140.000 millones entre transferencias y créditos-, y necesita saber cuanto antes cuánto llegará en 2021. Entre otras cosas, para cerrar el borrador de los Presupuestos Generales del Estado.

"El 15 de octubre tenemos que llevar las cuentas públicas y el plan de reformas a Bruselas", admiten en el Gobierno, "y para eso hacen falta dos cosas: agilizar la aprobación de los reglamentos y que éstos no incluyan nuevas condiciones".

La gravedad de la misión impedía que en Moncloa nadie comprendiera la "pataleta" del PP por la ausencia de Sánchez en la sesión de control. "Si en el mismo día te reúnes con Stoltenberg, Gentiloni, Borrell, Sassoli y Von der Leyen... es que el viaje es importante", apunta una fuente del Ejecutivo. "¿Dónde se defienden los intereses de España mejor, en Bruselas o respondiendo una pregunta de Casado?", culmina este portavoz, emplazando al líder de la oposición al miércoles que viene.