La cuestión del uso del superávit y remanentes de los ayuntamientos para hacer frente a la pandemia ha vuelto a distanciar al Gobierno no solo de sus socios de investidura sino también de los alcaldes socialistas. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha sido la encargada de promover este Decreto-Ley que debe ser convalidado este jueves en el Congreso de los Diputados, pero fuentes de Unidas Podemos reconocen que la ministra ha sido “lenta” y que “se le rebelan sus propios alcaldes”.
Pese a todo, los de Pablo Iglesias esperan que pueda aprobarse y así otorgar este fondo de 5.000 millones a los consistorios para poder desplegar una política de gasto social. Sin embargo, sus críticas sobre cómo Montero ha gestionado un asunto que está sobre la mesa desde el inicio de la crisis sanitaria se suman a las que ya exhibieron con la ministra de Educación, Isabel Celaá, a cuenta de su “falta de liderazgo” por las medidas a adoptar en la vuelta al colegio.
Ambas formaciones han tratado de suavizar estos desencuentros producidos en el seno del Ejecutivo, pero el hecho de que ERC y alcaldes de distintos signo político estén en contra del Decreto elaborado por la titular de Hacienda genera tensiones dentro de Podemos, formación que se considera eminentemente “municipalista”.
A la espera de la votación en el pleno del Congreso, sus principales socios de investidura ya han expresado sus reservas con el Gobierno por el Decreto. Desde ERC muestran su estupor porque traten de tirar adelante esta medida sin haber reunido ni una sola vez desde el inicio de la pandemia la Comisión Nacional de la Administración Local y ni siquiera el Consejo de Política Fiscal y Financiera.
Los nacionalistas sostienen que mientras Salvador Illa, ministro de Sanidad, ha reunido el Consejo Interterritorial en muchas ocasiones para abordar la compra de material y otros aspectos derivados de la crisis sanitaria, la ministra de Hacienda no ha sido capaz de hacer lo mismo con consejeros o concejales del ramo.
Por su parte, fuentes socialistas aseguran a instancias de este medio que las reuniones con este órgano permanente se producirán una vez haya una “propuesta para el objetivo de déficit”, que es lo que determina el gasto a realizar por parte del Estado.
Votación ajustada
Este jueves se votará la convalidación del Real Decreto-ley que autoriza a los ayuntamientos a desembolsar el superávit de este año.
Asimismo, se les ofrece la opción de entregar sus remanentes de tesorería al Estado a modo de préstamos. Una medida que fue acordada con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) con el único apoyo del PSOE y ha dividido a los consistorios de todos los colores políticos.
La mayoría de grupos parlamentarios, además, no ha expresado todavía el sentido de su voto. Es decir, sobrevuelan muchas incógnitas sobre los apoyos que podría cosechar.
La modificación del artículo 135 de la Constitución por parte de PP y PSOE en 2011 así como el artículo 11.4 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera impiden que los ayuntamientos tengan déficit.
Además, otra de las condiciones de la regla de gasto establece que un consistorio no puede gastar más de una cantidad determinada con respecto al ejercicio anterior. Dicha cantidad viene marcada por la “tasa de referencia de crecimiento del PIB de medio plazo de la economía española”, que en 2020 es del 2,9%.
Propuesta de Podemos
El Gobierno solicita a los ejecutivos locales que dispongan de remanentes de tesorería acumulados que se los cedan voluntariamente a modo de préstamo.
Hacienda, por su parte, pondrá el fondo anunciado de 5.000 millones de euros al servicio de los consistorios para que lo puedan utilizar en temas de movilidad, cultura o servicios sociales durante un periodo de 15 meses. Además, el ministerio se compromete a devolverles este préstamo en un plazo de entre 10 y 15 años.
En sentido opuesto, partidos como Podemos, ERC, EH Bildu o BNG -principales socios de investidura a excepción del PNV- instaban directamente a derogar la Ley de Estabilidad Presupuestaria y no fijar un límite de gasto. No obstante, para llevar a cabo una reforma de este calibre se requiere de mayoría absoluta en el Congreso.