"Ni siquiera puedo colgar el cartel de 'se alquila' en la calle porque si lo ven los okupas, ya me puedo despedir de mi piso. Hay que buscarse la vida por otros canales porque tampoco las páginas webs de alquiler y venta garantizan que el piso vaya a pasar desapercibido entre los okupas".

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Son las palabras de un propietario barcelonés que responde a la pregunta de por qué Madrid parece rebosar carteles de "se alquila" y "se vende" mientras que esos mismos carteles parecen estar desapareciendo como por arte de magia de las calles de Barcelona. "Todavía se ven algunos, pero son cada vez menos. Hay mucha menos oferta y, en consecuencia, los propietarios suben los precios. A pesar de la crisis". 

Cataluña es el paraíso de la okupación en España y Barcelona, su epicentro. Según datos del Ministerio del Interior, entre enero y junio de este año se okuparon 3.611 viviendas en Cataluña, 421 más que en todo el año 2019. Las okupaciones catalanas triplican las andaluzas (1.183) y sextuplican las de la Comunidad de Madrid (657). A esas tres comunidades les siguen Valencia (566) y Castilla-La Mancha (296).

La mayoría de las okupaciones en Cataluña tienen lugar en Barcelona. Durante los seis primeros meses de este año, el número de okupaciones denunciadas en la ciudad fue de 2.644, aunque la cifra real es con toda seguridad mucho mayor. Según el censo oficial del Ayuntamiento de Barcelona, en la ciudad hay aproximadamente 10.000 pisos vacíos, el 1,22% del parque inmobiliario local. 

La punta del iceberg

Pero esas cifras son sólo la punta del iceberg de la okupación. Porque la mayoría de los propietarios, a la vista de la protección legal de la que gozan los delincuentes, ni siquiera llegan a denunciar la okupación de su vivienda. En una buena parte de los casos, esos propietarios acaban explorando vías alternativas a las de los tribunales, como la de la empresa Desokupa y otras similares.

"Conozco dos casos cercanos", cuenta una propietaria barcelonesa. "En uno de ellos, los dueños del piso tardaron un año y medio en echar a los okupas. Cuando entraron en él, estaba destrozado. Tuvieron que reconstruirlo prácticamente desde cero, haciendo incluso reformas estructurales. Puedes imaginar el coste final".

Lo que cuenta esta propietaria no es excepcional en Barcelona. Al lucro cesante, los propietarios deben sumar el coste del proceso judicial y el de las reformas de su propia vivienda, que acaban haciéndose dos veces. La primera, antes de que entren los okupas en la propiedad. Okupas que suelen conocer y preferir los pisos recién reformados. La segunda, cuando estos salen de ella.

En muchos casos, ese gasto es suficiente para convertir en ruinosa la compra de cualquier vivienda que se pretenda destinar a alquiler. Si el piso estaba destinado a uso propio, el coste de la okupación se ha de sumar al del precio de compra

"En el segundo caso", dice esta propietaria, "tardaron sólo seis meses en echarlos gracias a la intervención de una empresa de desokupadores profesionales" añade.

Estados paralelos

Los propietarios han empezado a utilizar los servicios de esas empresas como servicio de policía y de justicia privado a la vista del desamparo al que son sometidos por los verdaderos cuerpos de seguridad y tribunales de Justicia. "Es normal. Son estas empresas los que protegen el derecho a la propiedad privada reconocido en la Constitución y los que desalojan al delincuente de una propiedad que no es suya". 

De las conversaciones con estos propietarios se desprende una evidencia. En Barcelona y el resto de Cataluña se está extendiendo una lógica perversa, más propia de una nación fallida que de una democracia europea: ante la incapacidad o la falta de voluntad del Estado para hacer respetar la ley, han empezado a surgir en Cataluña Estados paralelos con sus propias leyes.

Uno, controlado por los delincuentes y amparado por las administraciones locales. Otro, el de los ciudadanos y las empresas que se enfrentan a ellos

La propietaria confirma la paulatina desaparición en Barcelona de los carteles de alquiler o venta. "Si ves alguno, es muchas veces en fincas con portero o vigiladas con seguridad privada", dice. La razón es obvia. Si las mafias de la okupación comprueban que el piso está vacío, tardan muy poco en okuparlo. Las administraciones locales, mientras tanto, miran hacia otro lado.

Tipos de okupación 

La tolerancia de las administraciones ha generado diferentes modalidades de okupación en Barcelona. Desde la okupación a la carta por parte de mafias que se comportan como agencias inmobiliarias paralelas, hasta el de los okupas que le exigen al propietario un contrato de alquiler por una cantidad mínima después de okupar su vivienda y superado el plazo de 48 horas que marca la ley para la consolidación legal del allanamiento.

En muchos de estos últimos casos, el propietario acaba accediendo al chantaje de los okupas al consultar con sus abogados y darse cuenta de que es mejor cobrar una cantidad testimonial que entablar un caro y extenuante procedimiento judicial que durará meses, quizá años, y que acabará con su piso destrozado por los okupas en venganza por su desalojo

En otros casos, los okupas barceloneses han llegado a instalar puertas de seguridad en las viviendas allanadas, con la ayuda de cerrajeros profesionales, para evitar una posible intrusión del propietario. El hecho de que la ley sea en la práctica la que marcan los okupas ha hecho que muchos propietarios prefieran negociar directamente con ellos antes que reclamar por la vía legal

Oficina de okupación

Barcelona cuenta con una Oficina de Okupación en la calle Fonollar, en el centro de la ciudad, a sólo unas manzanas del Ayuntamiento de Barcelona y del palacio de la Generalidad. Su página web se publicita con el eslogan "La seguridad de estar bien asesorado" y en ella se dan razones para okupar viviendas ajenas y consejos jurídicos para el éxito del allanamiento, como si se tratara de una actividad legal más.

La Oficina de Okupación no mantiene oficialmente vínculos con el Ayuntamiento de Barcelona, aunque las simpatías del equipo de Ada Colau por la okupación son públicas. Entre los cursos de verano –'casales'– organizados este año por el Ayuntamiento se cuenta por ejemplo uno en el que se exploran "modelos alternativos de vivienda". En otro se habla de la "filosofía de la liberación de espacios".

Eufemismos, en realidad, de la okupación de viviendas ajenas.

Ada Colau no está sola en su defensa de esos modelos alternativos de vivienda que pasan por la okupación de las viviendas ajenas. El pasado mes de febrero, el parlamento autonómico catalán aprobó un decreto ley de vivienda que obliga a los propietarios a ofrecer un alquiler social a los okupas cuando estos lleven seis meses afincados en la vivienda de un tercero.

Viviendas para usurpadores

La normativa es tan dura contra los propietarios y tan beneficiosa para los okupas que incluso aquellos propietarios que han denunciado la okupación de su vivienda están obligados a ceder sus viviendas a los usurpadores. Estos cuentan en muchos casos con el asesoramiento de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), la asociación que lideró Ada Colau antes de su llegada a la alcaldía de Barcelona.

El decreto de la Generalidad también impone a los promotores inmobiliarios a destinar el 40% de sus nuevas promociones a viviendas de protección oficial, lo que en la práctica obliga a renunciar a su construcción o a incrementar sensiblemente el precio de las nuevas viviendas, dificultando de forma enorme su venta o su alquiler

Las consecuencias de todas esas facilidades legales es un boom de las okupaciones, que ahora están en buena parte en manos de mafias que se ofrecen a okupar viviendas al gusto del cliente por un precio que muchas veces alcanza los miles de euros.

La atmósfera de alegalidad en la que se mueve la okupación en Barcelona ha provocado ya todo tipo de consecuencias indeseables para los vecinos. Desde los incendios de viviendas hasta los enfrentamientos violentos con los vecinos o la conversión en narcopisos o refugio de delincuentes habituales de muchas viviendas okupadas. 

El éxito de ese mercado negro de viviendas okupadas ha obligado a los promotores a dedicar una partida de su presupuesto a seguros privados o a servicios de seguridad.

La obviedad de que sólo un muy pequeño porcentaje de esas okupaciones tiene su origen en verdaderas situaciones de exclusión social –que en cualquier caso deberían ser solucionadas por la administración y no mediante el allanamiento de las viviendas de terceros– no ha hecho, sin embargo, que el Gobierno ponga pie en pared frente a la explosión de este tipo de delitos.