En Moncloa ya hay quien ha llegado a la conclusión de que la coalición de Gobierno con Unidas Podemos es un lastre en la imagen del Gobierno en la Unión Europea. El Gobierno sabe que éste es el fin de semana de "la negociación más importante" desde que nuestro país se incorporó al club de la UE.

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Y, con 140.000 millones del fondo de recuperación dependiendo de que los países del norte entiendan que Pedro Sánchez lidera un Ejecutivo confiable, fuentes de Presidencia y de Hacienda coinciden, en conversación con este periódico, en que "no podemos dar esta imagen, con tanto gasto es difícil convencer a Holanda". 

Lo curioso es que un 10% de ese dinero que España espera como un maná de Bruselas ya está aquí. Y parado en los bancos, producto del superávit acumulado en las corporaciones locales durante los últimos años. Estos días se ha celebrado la junta de la Federación de Municipios y Provincias (FEMP), que calcula que son 14.000 los millones aparcados en los bancos y de los que no pueden disponer los alcaldes "para pagar gastos sociales, sanitarios, apoyar a las pymes..." 

Alberto Garzón, ministro de Consumo y líder de IU, y Pedro del Cura, alcalde de Rivas (Madrid).

Pedro del Cura, alcalde de Rivas y portavoz de los ayuntamientos del llamado "espacio del cambio" -es decir, Unidas Podemos-, acusa al Ministerio de María Jesús Montero de "no querer que las corporaciones locales dispongamos de nuestro dinero, mientras riega con 16.000 millones a las CCAA". Según el alcalde, "no pedimos nada, sólo usar un dinero que es nuestro, y los bancos nos cobran por guardarlo".

En conversación con este periódico, Del Cura señala que "los ayuntamientos somos la única administración con superávit, y las autonomías son altamente deficitarias, ¿por qué no podemos gastar los remanentes de años anteriores?".

Fuentes de Hacienda, por su parte, niegan la mayor, y señala que "no es sólo la Ley de Estabilidad Presupuestaria, es el artículo 135 de la Constitución la que impide gastar ese dinero". De hecho, fuentes del Gobierno explican que "la contabilidad que nos exige la Unión Europea hace imposible usar lo que fue superávit en otro año como un gasto de éste... porque incurrirían en déficit".

La guerra

La guerra por ahora no ha saltado a los titulares, y ambas partes quieren evitarse el lío de que salga a la luz, precisamente mientras Sánchez negocia en Bruselas. Pero se libra con crudeza.

Fuentes del Gobierno explican a este periódico que, desde hace meses, estaban buscando "un instrumento legal" para que las corporaciones locales pudiesen acceder a parte de esos fondos. "La fórmula que hemos hallado es que los ayuntamientos ingresen esos remanentes de tesorería a la Administración Central del Estado y nosotros les vayamos librando los fondos en créditos no financieros, que no computan para el déficit".

Pero la técnica tiene "trampa", según los Ayuntamientos. Hacienda sólo se compromete a devolverles el 35% de ese dinero, es decir, 5.000 millones, en los próximos dos años. Siempre con la condicionalidad de dedicarlos a inversiones determinadas, y con la última palabra en Madrid.

Y el resto sería pagadero a 10 años. "Eso es tanto como que dejemos de financiar a los bancos para financiar al Estado", responde el alcalde de Rivas. "Parece que no entienden cómo funciona el Estado de las Autonomías... ¿cómo esperan que alcaldes de determinadas regiones les den su dinero?", se pregunta en alto Del Cura.

Lo cierto es que este periódico ha podido saber que la lucha ya no está sólo a nivel alcaldes contra ministra. Es decir, no va sólo de dinero, sino de política. Sino que desde la misma ala morada del Ejecutivo se está presionando a Montero. En Unidas Podemos creen que la ministra podría aprovechar la ocasión para reformar la "ley Montoro", sobre todo ahora que la crisis del coronavirus lo justifica.

Pero el lado socialista poco menos que se lleva las manos a la cabeza. Para Moncloa, "hay ministros de Podemos que no entienden cómo funciona esto...". Según fuentes de Hacienda, "no podemos ir a negociar con Holanda afirmando que vamos a cambiar la Constitución para gastarnos 14.000 millones". Tanto en Presidencia como en Hacienda opinan que los morados han iniciado una campaña para tapar sus problemas internos. Y que ésta es una más de sus tácticas: "Lo irán entendiendo".

Comisión de seguimiento

Este jueves se reunió la comisión de seguimiento del pacto entre socialistas y morados. Del lado de Pablo Iglesias estaba lo más granado de su equipo más cercano: la ministra Irene Montero; Ione Belarra y Nacho Álvarez, secretarios de Estado del líder; Julio Rodríguez, su jefe de gabinete; Jaume Asens y Pablo Echenique, presidente y portavoz del Grupo Confederal...

Del lado del PSOE estaban Adriana Lastra y Rafael Simancas, la portavoz y su adjunto en la Cámara Baja; la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, entre otros. Pero llamaban la atención tres de los asistentes: el jefe de gabinete de Sánchez, Iván Redondo; el secretario de Estado de Comunicación, Miguel Ángel Oliver; y el secretario general de Presidencia, Félix Bolaños. Tres cargos que, pese a ser del núcleo de mayor confianza del presidente, en teoría trabajan para todos los allí presentes, no parecen cuota PSOE.

La anécdota no pasaría de eso si hubiese que creerse el mensaje de que "todo bien", que transmitieron ambas delegaciones al acabar una "reunión cordial y de rutina". Pero ni lo fue ni las cosas se desarrollaron con tanta suavidad. La cita se alargó más de tres horas y en ella se confrontaron "las visiones distintas" que ambas formaciones tienen sobre asuntos clave. Dos de ellos, capitales: la política de gastos y la Monarquía

Pero lo cierto es que han sido dos las veces que se ha reunido la comisión de seguimiento de la coalición entre PSOE y Unidas Podemos. Y tanto en marzo como este jueves, socialistas y morados se juntaron, casualmente, en una semana llena de tensiones entre ambos. En la primera ocasión fue a cuenta de la ley de libertades sexuales de Montero, con la que estrenaba su ejecutoria en el Ministerio de Igualdad. "Un desastre de texto", según fuentes de Moncloa.

En esta segunda ocasión, la tensión viene de la ofensiva iniciada por los morados "para marcar perfil propio" en las últimas semanas. Entre las campañas de Galicia y País Vasco y la explosión del caso Dina, que amenaza al vicepresidente segundo, el lado socialista no oculta que están aguantando la embestida de Unidas Podemos tratando de desviar el foco de sus problemas, aun a costa de provocarlos.