Hasta la masacre del 11-M, 1980 fue el año en el que el terrorismo produjo más víctimas en España. Jesús Argudo fue una de ellas.

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La tarde del 2 de mayo de ese año, tres jóvenes encapuchados y armados entraron en la sede de General Motors, empresa norteamericana recién instalada en Zaragoza. Subieron a la séptima planta y, según indica la documentación policial, "mientras uno sujetaba la puerta del ascensor, otro encañonaba a tres dirigentes de G.M. que en ese momento se disponían a entrar en las oficinas. El tercero, sin mediar palabra, se dirigió al vigilante jurado, que se encontraba sentado en un sillón frente al ascensor y le disparó un tiro en la parte izquierda del cuello, causándole la muerte". Acto seguido, los agresores se fugaron.

La víctima, el exguardia civil Jesús Argudo, tenía 58 años, estaba casado y era padre de tres hijos. Llevaba un tiempo como empleado de una empresa de seguridad que prestaba su servicio en General Motors.

La apertura de la multinacional no había despertado una aprobación unánime en la ciudad. En algunos sectores generó preocupación por la posible pérdida de puestos de trabajo en empresas de la zona y por el peligro de que se realizaran contratas con compañías no aragonesas.

De entre los más radicales y contrarios destacaba la Joven Guardia Roja Aragonesa (JGRA), cuyos dirigentes se pronunciaron en repetidas ocasiones en contra de la implantación de las instalaciones de General Motors en Zaragoza.

El hijo de la víctima, también llamado Jesús, recuerda cómo la misma noche del asesinato de su padre, dos representantes de General Motors se acercaron a su casa. Comunicaron a su madre que, como su marido no formaba parte directamente de la plantilla de la empresa, no iban a hacerse cargo de lo ocurrido.

Ningún detenido

Por si fuera poco, a la familia Argudo le aguardaban otros mazazos. El Juzgado de Instrucción nº 3 archivó el caso a los veinte días y la Audiencia de Zaragoza mes y medio después. Nadie fue detenido, ni juzgado ni condenado por el asesinato de Jesús Argudo. Para colmo, no se le reconoció a los miembros de su familia la condición de víctimas del terrorismo hasta 1999, poco antes de que el caso prescribiera.

Tras el asesinato se sucedieron diferentes reivindicaciones que presentaban a la víctima como a una persona "al servicio del imperialismo americano" y a la empresa como "nido de la Central de Inteligencia norteamericana". Unas involucraban al FRAP y otras al FRAVA.

Si la implicación del FRAP, el Frente Revolucionario Antifascista y Patriota, parecía poco probable, ya que para esa fecha la organización estaba prácticamente desarticulada, del FRAVA casi nadie había oído hablar. Su acrónimo se refería al Frente Revolucionario Antifascista Vasco-Aragonés.

Buscando en las crónicas de la época, solo se encuentra un puñado de referencias y de supuestas autorías de acciones criminales, las cuales, sin embargo, a la luz de investigaciones sucesivas, se han desestimado. Lo que quedó, por lo tanto, fue ese único atentado mortal todavía hoy sin esclarecer.

La dinámica del asesinato hace pensar a una amenaza (en clave marxista-leninista) dirigida a una multinacional norteamericana en territorio español, al intento de secuestro de algún directivo de General Motors, o a la exigencia de una extorsión. Ese "impuesto revolucionario" que por culpa de ETA se incorporó al léxico común, convirtiéndolo en lo que Albert Bandura define como mecanismo socio-cognitivo de justificación moral para la actitud violenta. Fuera el que fuera el real objetivo de esa operación, no solo no se consiguió sino que se cobró la vida de un hombre.

Extrema izquierda

Que fue el FRAVA sigue siendo poco claro. Estaba supuestamente formado por militantes de la extrema izquierda aragonesa, algunos de los cuales procedentes de la Joven Guardia Roja, la sección juvenil del Partido de los Trabajadores de España, desde 1978 Partido de los Trabajadores de Aragón.

Un sector de la JGR, liderado por Jaime Gaspar Ochoa, estaba paulatinamente abandonando el maoísmo para acercarse a posiciones favorables a la autodeterminación de Aragón. Ese discurso se veía influenciado por el nacionalismo vasco radical y proponía iniciar una "lucha autónoma" con metas en la destrucción del Estado y la independencia de Aragón, así como la creación espontánea de grupos autónomos clandestinos que practicasen y propagasen esa "lucha autónoma" e independentista a través del sabotaje, la lucha violenta y armada.

La inspiración provenía de los grupos autónomos italianos, de los Comandos Autónomos de Euskadi y de ETA. Estas tesis se quedaron fijadas en el informe político presentado en el congreso que la GJR celebró en junio de 1980, titulado "La lucha autónoma por la destrucción del Estado y la independencia de Aragón".

En 2018 la Fiscalía de la Audiencia Nacional autorizó reabrir la investigación. En las primeras resoluciones del 23 de abril de 2019 se concluye que "pese a las diligencias practicadas por la fuerza actuante desde el mes de abril de 2018 hasta la actualidad, no se han obtenido siquiera indicios que permitan concluir quiénes fueron los autores materiales del asesinato de Don Jesús Argudo Cano".

Cuarenta años después, el asesinato, sus perpetradores y el FRAVA siguen envueltos en misterio. La familia de la víctima se merece, por lo menos, que ese atentado no quede en el olvido y que, por fin, se conozca la verdad.

*** Matteo Re es profesor del máster en Análisis y prevención del terrorismo de la Universidad Rey Juan Carlos.