La política penitenciaria en Cataluña ha sido este miércoles objeto de debate en la sesión de control al Gobierno. Con la fórmula de una interpelación urgente, el diputado de Vox, Javier Ortega Smith, ha denunciado que, con un "ejercicio fraudulento" de una competencia transferida, el Gobierno está dando luz verde a "indultos encubiertos" de los políticos presos, lo que ha provocado un bronca entre él y el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska. 

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"Ya están los golpistas en la calle. ¿Qué pensarán otros presos con penas inferiores?", ha denunciado Ortega Smith, que ha considerado no solo que esto tiene "gravísimas consecuencias" sino que supone una "vulneración de principios fundamentales", como los artículos 14 y 117 que obligan al cumplimiento íntegro e igualitario de la ley y las sentencias.

"Esto es un evidente desprecio a la acción de la Justicia. Son delitos contra el Estado y la Constitución", ha denunciado el portavoz parlamentario de Vox, que considera que la salida de los políticos presos para trabajar y regresar a dormir a prisión cuenta con el beneplácito del Gobierno. "Solo un 10% de los presos catalanes se han podido acoger al artículo 100.2. Es una evidente burla", ha recordado. Dicho artículo es el que ha permitido que varios de los políticos presos disfruten de un sistema más flexible para abandonar la prisión unas horas para trabajar o hacer voluntariado y regresar a la hora del recuento si han cumplido al menos un tercio de su condena. 

En este punto, el diputado de Vox ha pedido al Gobierno que "no nos tomen por estúpidos" ni "se rían en nuestra cara" al negar Fernando Grande-Marlaska la intervención del Ejecutivo no solo en su semilibertad sino en su traslado a prisiones catalanas. "Lo que ofende es que se den alas y oportunidades al separatismo. (...) Sus presos, sus presos del procés, dan entrevistas, salen y entran periodistas", ha criticado Ortega Smith, asegurando que los presos reciben prebendas. Ante esto, Vox ha anunciado que "vamos a luchar por que la competencia penitenciaria vuelva allí de donde no debió de salir: a la Administración Central del Estado". 

"La ley penitencia se cumple en España"

La respuesta de Marlaska, que ha afirmado que "este ministro no toma a nadie por imbécil”, ha sido contundente y ha reiterado en varias ocasiones que  "la ley penitenciaria se cumple en España", tanto por la administración central como por la catalana, con las competencias trasferidas en esta materia desde hace 30 años". "Alentar bulos o noticias falsas es una gravísima irresponsabilidad, sus afirmaciones si no son falsas son incorrectas", ha replicado el ministro, que ha empleado buena parte de su intervención para explicar el funcionamiento del sistema penitenciarios español y sus garantías jurídicas. 

Marlaska ha dejado claro que tanto los funcionarios de prisiones dependientes de la administración central como también los de la Generalitat "son profesionales que se rigen por el principio de legalidad".


Ha defendido que las juntas de tratamiento son órganos colegiados que trabajan con criterios técnicos y jurídicos y que existe un control de sus decisiones por parte de los juzgados de vigilancia penitenciaria y de la Fiscalía si así lo estima. "Sus expresiones trascienden a la crítica respetable a una sentencia o al Gobierno, ofenden a los empleados de Instituciones Penitenciarias estatales y autonómicos, a los jueces, a la fiscalía y a la sala segunda del Tribunal Supremo", ha criticado el ministro antes de insistir en que fue esta sala la que autorizó el traslado a cárceles catalanes de los acusados.