Uno de los aviones que utiliza el régimen de Nicolás Maduro para lo que se conoce como "las rutas del oro" ha operado en España con libertad en los últimos tres meses. El PP acusa así al Gobierno, elevando el nivel de la crisis política abierta por las "mentiras" de José Luis Ábalos tras reunirse con la vicepresidenta del régimen chavista, Delcy Rodríguez, en la madrugada del pasado lunes 20 de enero a bordo de un aparato privado de la compañía Sky Valet, matrícula TC-AKE.

Según la documentación a la que ha tenido acceso este periódico, los populares han presentado una batería de preguntas, han requerido la comparecencia de los tres ministros implicados -Ábalos, el del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y la de Exteriores, Arancha González Laya-, han exigido la entrega de todos los vídeos del aeropuerto aquella noche y han solicitado, de la mano de Ciudadanos, una comisión de investigación en el Congreso sobre el estricto cumplimiento de las sanciones adoptadas por la Unión Europea en relación con la crisis en Venezuela.

"Si no cae Ábalos de ésta, nunca sabremos ya cuándo el Gobierno nos miente y cuándo no", explican fuentes parlamentarias del PP. "Es que ha mentido descaradamente para tapar una reunión clandestina con la vicepresidenta de una dictadura". Según insisten, "aunque el hecho no fuera tan grave, alguien que engaña tantas veces seguidas se queda sin credibilidad", y no puede ser que el presidente Sánchez "lo tape personalmente, como hizo este fin de semana".

Las preguntas

Con las firmas de Cayetana Álvarez de Toledo, Belén Hoyo, Ignacio Echániz y Valentina Martínez, el PP sube el objetivo de su ofensiva hacia el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. En las preguntas por escrito exigen saber si en los días previos a la llegada de Delcy Rodríguez a España "existió algún tipo de comunicación entre algún miembro del Gobierno o del Servicio Diplomático español" al respecto. Si se organizó una reunión "a la que debiera asistir también Pedro Sánchez la noche del 19 al 20 de enero" y dónde. Si el objetivo de la misma era reactivar el Grupo de Contacto para Venezuela gestionado por el expresidente Rodríguez Zapatero.

Además, reclaman que el presidente revele cuándo fue consciente de la presencia de la vicepresidenta de Maduro, sancionada por la UE y perseguida por sus violaciones de derechos y humanos y sus vínculos con el narcotráfico.

Pedro Sánchez, entre Cristina Narbona, presidenta del PSOE, y José Luis Ábalos, secretario de Organización. ADP

El PP asegura, además, que Rodríguez está siendo investigada en el Juzgado número 41 de Madrid por su relación con el desfalco de PDVSA, la compañía estatal de petróleos de Venezuela. Razón por la que, a sabiendas de que iba a aterrizar en Madrid, debería haberse impulsado "un operativo policial" para detenerla: "¿Existía tal operativo?", preguntan.

Y, siguiendo con los detalles que implican a Marlaska, inquieren saber si "se organizó un operativo policial en torno a la sala VIP de la terminal de vuelos privados" para hacer más cómoda la estancia de la política caribeña, y si "facilitó el Gobierno el tránsito" de Rodríguez desde el avión con matrícula TC-AKE "hasta otra aeronave", como sugirió el propio Ábalos el domingo pasado en una entrevista televisiva.

Los vídeos

El caso es que el diputado Echániz reclama al Ministerio de Ábalos, además, las "filmaciones de las cámaras de seguridad de la zona exterior" del aeropuerto madrileño, las de "la terminal ejecutiva", las del "área restringida de la T4S" y las de "todas las zonas de control de seguridad que dan acceso" a esa ala de las instalaciones. 

Asimismo, exige a Aena, Enaire y la Dirección General de Aviación Civil el manifiesto de vuelo del avión TC-AKE en la fecha del pasado 20 de enero, cuando se produjo el incidente. Pero también el manifiesto de vuelo y "todos los datos referentes a los pasajeros que transportaba dicho avión" el pasado 6 de noviembre de 2019, cuando el mismo aparato aterrizó en Madrid procedente de Estambul a las 14.44 horas

El Dassault Falcon matrícula TC-AKE de Delcy Rodríguez, número dos de Nicolás Maduro. E.E.

Sobre el vuelo en sí de la semana pasada, procedente de Maiquetía (Caracas), los populares quieren saber "cuál fue la ruta habilitada en el permiso original" y quién "autorizó el aterrizaje" de un avión en el que viajaba una persona que tiene prohibida la entrada en España (y toda la UE).

Haciéndose eco de la información de EL ESPAÑOL, que desmontaba la argumentación del Ejecutivo de que al no pasar el control de pasaportes Rodríguez "no entró en España", el PP pregunta "cómo garantiza" el Gobierno de Sánchez "que no ingresen en el espacio aéreo español aeronaves" como ésta. Y más con las sospechas de que "presuntamente participan en actividades ilícitas".

Y finalmente, "¿cuál es el motivo por el que el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana no puso la información en su poder a disposición de la judicatura y d las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado?".

Comisión de investigación

Álvarez de Toledo y Edmundo Bal (Cs) son los firmantes de la solicitud de una comisión de investigación en el Congreso cuyo objeto debe ser "investigar la aplicación que ha realizado el Gobierno español de las Restricciones de Admisión" que marca el reglamento de sanciones de la Unión Europea a los 25 dirigentes chavistas hasta ahora identificados como responsables de la persecución de la oposición violando sus derechos humanos y del blanqueo de activos estatales en el exterior.

Documento del Consejo Europeo que sanciona a Delcy Rodríguez, vicepresidenta del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. E.E.

Y, en su caso, "determinar la concurrencia de responsabilidades políticas" si se ha incumplido. Una fuente parlamentaria del PP tiene "clarísimo que esto es un escándalo" que se ha ido agravando con el paso de los días. "Es que primero, los hechos, reunirse con una violadora de derechos humanos", explica, "y después las mentiras una encima de la otra para tratar de escapar del lío".

Según los populares, a Ábalos "están dejándolo caer y están saliendo sus guerras internas". Por eso, no se conforman viendo que el PSOE estaría utilizando el caso para librar "una batalla interna". Entienden que Sánchez tiene algo que esconder, ya que "el Gobierno paró la deportación de Delcy Rodríguez, ¡la protegieron!".

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