Alberto Garzón, titular del nuevo Ministerio de Consumo, ha heredado funciones de las viejas carteras de Hacienda y de Sanidad: por un lado la regulación del juego, y por otro el consumo, que en realidad es una competencia traspasada a las Comunidades Autónomas.
Pero el caso es que prácticamente todas las iniciativas de regulación del juego que anunciaban los programas de Podemos y de IU, y las que quedaron plasmadas en el acuerdo final de la coalición con el PSOE, estaban ya en marcha. Antes incluso de la moción de censura que, en junio de 2018, desalojó al PP del Gobierno.
Así, ya se habían impulsado la "implicación de los operadores de los juegos de azar y online", los "criterios homogéneos con las CCAA" y las medidas de "información, gestión y limitación del consumo de juegos de azar [...] y apuesta en línea, con el objetivo de reforzar la autoconciencia y autonomía del jugador de cara a prácticas de consumo saludable y para prevenir, anticipar o identificar la generación de patrones de juego problemático".
Entonces, ¿el "comunista" Garzón va a hacer una política de derechas?, se podrían preguntar en el PP. ¿O es que los políticos de Mariano Rajoy en aquel Ministerio de Sanidad eran de izquierdas?
El PP ya lo impulsó
En realidad, lo que ocurre es que la Dirección General de Ordenación del Juego sacó a información pública una versión preliminar de su plan para la promoción de comportamientos responsables de juego, en un documento exhaustivo de 33 páginas [léalo aquí completo].
Y que ya bajo el segundo Gobierno Rajoy se tomó conciencia de que el crecimiento exponencial de las casas de juego y de las apuestas online se estaba desarrollando sin que las leyes estuvieran preparadas. Y el sector del juego se incluyó por primera vez dentro de la Estrategia Nacional sobre Adicciones, concretamente en su edición 2017-2024.
Y es de ese texto del que, finalmente, beben todos los planes anunciados estos días por Garzón: el documento [léalo aquí completo] aprobado por el Consejo de Ministros en febrero de 2018. Era la primera vez que se incluían "actuaciones frente a las llamadas 'adicciones sin sustancia', como son las nuevas tecnologías, el juego y los videojuegos", explicó la entonces ministra Dolors Montserrat.
El problema se abordó, según explica el exsecretario de Estado de Asuntos Sociales, Mario Garcés, a la luz del Estudio sobre prevalencia, comportamiento y características de los usuarios de juegos de azar en España, publicado en 2015.
Aquel trabajo ya identificó que el 0,9% de los españoles se podían catalogar como jugadores patológicos, el 1% como jugadores con problemas, y el 4,4% como jugadores con algún tipo de riesgo. Otro estudio del mismo año detectó crecimientos del 19,6% en el total de jugadores online registrados en España. Y aún mayor en gastos (20,6%).
Dolors Montserrat, exministra de Sanidad en el Gobierno de Mariano Rajoy.
De todo aquel trabajo salió que la Estrategia Nacional incluyera el juego y, consecuentemente, el documento preliminar, iniciado aún bajo el mandato del PP y publicado ya con la ministra socialista María Luisa Carcedo.
¿Fricciones con Iglesias?
Es cierto que Garzón ha deslizado otras ideas, algunas recogidas en el programa pactado con el PSOE. Una de ellas es "evitar que los locales de apuestas puedan abrir antes de las 22.00 horas", si bien la limitación de "su proximidad a centros escolares" también estaba en marcha. "Aunque eso, por mucho que quieran, será una medida a más largo plazo", advierte Garcés, "porque se van a encontrar muchas presiones de los lobbies del juego".
De hecho, el consejero de Justicia, Interior y Víctimas de la Comunidad de Madrid, Enrique López, ya le advirtió a que Garzón que debería "conocer mejor esta actividad" antes de anunciar iniciativas "con el fin que pueda tomar medidas serias" porque "poner hora al inicio de la actividad de las casas de apuestas es abordar la cuestión frívolamente" ya que la del juego "es una actividad económica legal en toda Europa".
Pero son otros dos planes los que más le costará sacar adelante al nuevo ministro de Consumo. Garzón quiere reorientar la política fiscal, para desincentivar el juego, al menos el de las casas de apuestas en la calle. También limitar la publicidad del sector de los juegos de azar y apuestas en línea, de ámbito estatal y "similar a la de los productos del tabaco".
Entonces, ¿ya no será noticia cada año el nuevo anuncio de la Lotería de Navidad? La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) ya advirtió de que se opondrá a que "el tratamiento jurídico que se dé a los empresarios del juego presencial privado" sea distinto "que a los del público".
¿Y no se podrán promocionar los juegos con los que la ONCE financia una organización vital para las políticas de integración de las personas con diversidad funcional en España? "Es muy difícil que consiga eso... siquiera que se atreva con eso", advierte Garcés. "Loterías y Apuestas del Estado es el primer ingreso fiscal de España, con más de 200 años de historia", apunta. "Y la ONCE... eso puede ser pisarle el callo a Pablo Iglesias, de cuyo Ministerio dependen las políticas de discapacidad".