La carta remitida a la Consejería de Hacienda de la Junta de Andalucía es muy dura. El secretario general dependiente de María Jesús Montero explica a su homólogo andaluz que "en el informe previsto en el artículo 17.4 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria [...] se ha constatado que la Comunidad Autónoma de Andalucía ha incumplido el objetivo de estabilidad, deuda pública y regla de gasto del ejercicio 2018".
Ese informe, de hecho tiene dos ediciones [aquí, en la web de Hacienda]. Una fechada el 10 de mayo y otra el 25 de octubre de 2019. Y lo curioso es que -a pesar de que en el primer documento se advierte de que son posibles ciertos "ajustes" a la espera de que aparezca nueva información disponible- hay grandes diferencias entre uno y otro. Sobre todo para Andalucía, que pasa de estar dentro de los parámetros previstos con el déficit impuesto desde la Administración General del Estado (0,4% del PIB) a incumplirlos, si bien por una sola décima porcentual (0,5%).
¿Qué pasó entre mayo y octubre? Pasaron hasta 523 millones de nuevo gasto obligado que hay que imputar a 2018. Y vienen de dos sentencias contra la Junta de Andalucía por dos chapuzas fechadas hace más de una década: las obras de la Línea 1 del Metro de Sevilla -358 millones de euros- y la paralización durante ocho años de las obras del centro comercial La Nevada, en Armilla (Granada) -165 millones adicionales-.
Moreno denuncia ataque del Gobierno en funciones contra Andalucía
Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía desde enero de 2019, se tomó la carta enviada como "un ataque frontal" y "una intervención en toda regla" de sus Presupuestos. "Es incomprensible la actitud del Gobierno Sánchez", dijo, "con una ministra que se rectifica a sí misma como consejera".
Un déficit 'real' del 0,15%
Ambas condenas en firme del Tribunal Supremo le suponen a la Administración autonómica andaluza el pago de esos 523 millones de euros no contemplados en el primer ejercicio liquidado con la nueva Junta del Gobierno de PP y Ciudadanos en ejercicio. Sin la imputación de esos gastos, responsabilidad de los largos años de gobiernos socialistas, el déficit andaluz habría cumplido con holgura el objetivo del 0,4% anual, pues se habría podido quedar en el 0,15% del PIB.
Según un informe interno del Ejecutivo de PP y Ciudadanos al que ha tenido acceso este periódico, el desvío de déficit en el que incurrió la Junta en 2018 se vio más que duplicado por este motivo.
Si en mayo de 2019, el documento oficial del Ministerio de Hacienda constataba un desvío del 0,4% en términos de contabilidad nacional -lo que suponía el cumplimiento escrupuloso de lo estipulado-, cinco meses más tarde el déficit se iba hasta el 0,5% "por la imputación de esos 523 millones, que la Intervención General apuntó al ejercicio 2018", explican las fuentes consultadas.
Informe interno de la Junta de Andalucía sobre gastos sobrevenidos al ejercicio 2018.
La polémica saltó este lunes cuando se conoció la carta enviada por Diego Martínez López, subordinado de la ministra Montero, a Ignacio Méndez Cortegano, secretario general de la Consejería que dirige el popular Juan Bravo desde la toma de posesión del Gobierno de coalición PP-Cs en Andalucía. El Ejecutivo en funciones del PSOE prohibía a la Junta andaluza financiarse en los mercados -y así "relajar las obligaciones heredadas"- a causa del triple incumplimiento del último gabinete socialista en sus cuentas, en 2018, cuando la hoy ministra era consejera de Hacienda.
¿Por qué se pasa a controlar las cuentas andaluzas y no las de otras regiones como la Comunidad Valenciana o Murcia, con un desvío mucho mayor en el déficit? Porque es "la única que incumple los tres parámetros: estabilidad, deuda y regla de gasto", alegaban desde Hacienda.
Un Metro el doble de caro
Pero lo cierto es que "el exceso de gasto", según el informe interno del Gobierno andaluz, "ha sido de 764 millones de euros", que se habrían visto reducidos en 523 millones sin las dos rémoras dilatadas durante más de una década de incumplimientos, contenciosos y recursos judiciales.
La sentencia del Supremo de diciembre de 2018 respecto al Metro de Sevilla avalaba los 126.846.435 euros -que con los intereses subieron a 167 millones- de indemnización impuesta por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en abril de 2015.
La Junta debía hacerse cargo de los sobrecostes de la obra -que duplicó su coste previsto desde los 428 hasta los 886 millones- por las "47 modificaciones" acordadas por la Administración "de una manera continua y desorganizada" y las "deficiencias del anteproyecto inicial", tal como se lee en el texto de la ponente María de las Mercedes Romero García, de la sección 11 de lo Contencioso Administrativo del TSJA.
La broma financiera ed una obra inaugurada en 2009 todavía por Manuel Chaves, antes de que dejara la Junta acosado por los casos de corrupción, subía en realidad hasta los 358 millones de euros por los pagos todavía pendientes de la obra a la concesionaria Metro de Sevilla -sociedad participada por Iridium, Sacyr, Gea21, CAF y la propia Junta-.
Obras paradas ocho años
En el llamado caso La Nevada, la sentencia que confirma el Supremo en casación tiene fecha de 23 de mayo de 2017 y se refiere a la paralización durante ocho años, "desde 2006 a 2014", de las obras de un centro comercial con licencia concedida por la propia Junta, en la quinta legislatura de Manuel Chaves como presidente.
El magistrado Miguel Pedro Pardo Castillo consideró probados los "daños y perjuicios" por "lucro cesante" a los promotores porque "las obras fueron paralizadas en virtud de una medida cautelar adoptada en un procedimiento contencioso-administrativo que, finalmente, fue desestimado" y fijó la indemnización en 165.644.282,41 euros.
El 2018 de María Jesús Montero
Lo cierto es que la ministra Montero, que ahora se enmienda la plana a sí misma y a su propia ejecutoria como consejera de Hacienda, fue responsable en ese ejercicio de 2018 de los incumplimientos de la Junta de Andalucía y de la Administración General del Estado. Como autora de los Presupuestos autonómicos y ejecutora de los mismos hasta que en junio, tras la moción de censura, dio el salto a Madrid. Y como responsable de los nuevos gastos aprobados por el nuevo Ejecutivo de Pedro Sánchez.
María Jesús Montero, ministra de Hacienda, aplaudida en un mitin del PSOE en Sevilla.
Comparando los dos informes de mayo y octubre elaborados por su propio departamento sobre las cuentas públicas de 2018, se advierte que los ajustes introducidos de uno a otro aclaran que no alcanzó el objetivo de deuda pública en el Ministerio. Lo que parecía un cumplimiento del objetivo de deuda pública de la Administración Central (70,8% del PIB) con una décima de holgura pasaba a ser un incumplimiento de hasta tres décimas (71,1%).
Y que, de hecho, son las cuentas de Estado las que más se desvían de la Regla de Gasto que éste se autoimpuso con la Ley de Estabilidad de 2012. Según las previsiones del Gobierno, ninguna administración podía aumentar sus gastos más de un 2,4% entre 2017 y 2018. Pero si las CCAA incumplieron en tres décimas al aumentar sus gastos en un 2,7% y los Ayuntamientos fueron disciplinados de sobra con un 2,1%, los libros de cuentas de la ministra Montero reflejan una tasa de variación del gasto de hasta el 10,1%.
Es decir, que la Administración Central del Estado subió en 10.000 millones de euros su gasto en un solo año, desviándose de su propia regla de gasto en 7,7 puntos: casi dos puntos más que la ahora intervenida y díscola Andalucía (5,8%)... pero bajo la misma responsable, María Jesús Montero.