Una mina en el Consejo de Ministros: la denuncia a Ábalos que Podemos se resiste a desactivar

A falta de cerrar los apoyos para la investidura, Pedro Sánchez ya prepara sus notas de trabajo para hacer los nombramientos que le corresponderán por ley cuando sea presidente a todos los efectos. Hay varios nombres seguros en su Consejo de Ministros y, entre ellos, el de quien lo abrazó el pasado 12 de noviembre para sellar el preacuerdo de coalición, Pablo Iglesias, y el de su secretario de Organización y jefe de campaña, José Luis Ábalos. El primero será vicepresidente social y del segundo no se prevé que cambie el Ministerio de Fomento.

Es precisamente esa responsabilidad la que llevó a que su nombre conste en la lista de señalados ante la Fiscalía Anticorrupción para que se le investigue. Concretamente, por la presunta comisión de los delitos de prevaricación administrativa, cohecho y malversación de caudales públicos. Podemos e Izquierda Unida presentaron una denuncia contra la Operación Chamartín el pasado 30 de julio, sólo cinco días después de romperse la negociación para la investidura de Pedro Sánchez.

Esto significa que Sánchez va a sentar en la Moncloa cada viernes a un vicepresidente que sospecha que su ministro de Fomento tomó decisiones injustas a sabiendas, que ha recibido contraprestaciones a cambio y que ha gastado ilegalmente el dinero público. Por ahora, estas gravísimas acusaciones se han soslayado en las negociaciones, pero la oposición frontal de Podemos e IU a la iniciativa Madrid Nuevo Norte -el nombre actual de la intervención inmobiliaria más importante en España- amenaza con explotar dentro del Consejo de Ministros si sale adelante el gobierno de coalición.

La denuncia fue presentada ante la Fiscalía Especial contra la Corrupción y el Crimen Organizado por Isa Serra, cabeza de lista de Unidas Podemos en la Comunidad de Madrid; Sol Aguirre, coportavoz de IU en la región; y Carlos Sánchez Mato, responsable de políticas económicas de IU Madrid.

Todos menos Carmena

Las fuentes consultadas en Podemos e Izquierda Unida alegan que si esto provoca un problema en el lado socialista, ellos "no pueden hacer nada". Que su denuncia "se limita a poner en conocimiento de la Fiscalía una serie de hechos presuntamente delictivos". Y que en los cuatro meses largos transcurridos, no han tenido conocimiento de si Anticorrupción ha iniciado diligencias.

De hecho, desde la formación morada no ven que tenga sentido hablar de la denuncia a Ábalos porque "no podemos retirar una acusación que no hemos hecho". 

La teoría de los de Iglesias es que igual que el secretario de Organización del PSOE, su denuncia recoge el nombre de Josep Borrell -firmante del primer convenio hace 25 años, cuando era ministro de Obras Públicas en el Gobierno de Felipe González- y el resto de responsables de esa cartera desde entonces, además de los de todos los presidentes de la Comunidad de Madrid: Gallardón, Aguirre, González, Cifuentes.

Pero la realidad es que según las fuentes jurídicas consultadas, los que la presentaron sí podrían modificar la denuncia y retirar el nombre del ministro socialista. Fuentes del Gobierno, de hecho, consideran que "lo normal sería que Unidas Podemos retirara las acusaciones" antes de compartir mesa en Moncloa con Ábalos. En todo caso, por decoro político.

Curiosamente, también están señalados como posibles autores de esos tres delitos de corrupción todos los alcaldes de la capital desde 1994 menos la que firmó el último convenio, Manuela Carmena. Tampoco, claro, quien fue en la mayoría de su mandato el concejal delegado de Economía, Sánchez Mato, una de las tres personas que se personó con la denuncia ante la Fiscalía.

"A cambio de algo"

Y lo que es más grave políticamente. Según el texto de la denuncia -a la que ha tenido acceso este periódico-, Ábalos y el resto de ministros de Obras Públicas, habrían podido sacar tajada de las cinco modificaciones "beneficiosas para la empresa privada" y "lesivas para el sector público" que ha sufrido el expediente de la macrooperación urbanística desde que se firmó hace 25 años: "La historia reciente nos ha ido demostrando que, cuando desde Administraciones Públicas se beneficia de manera ilícita a una empresa privada, siempre es a cambio de algo".

Según su contenido, Ábalos sería responsable directo -por cuanto que firmante del último convenio- de las numerosas acciones "especulativas" y "lesivas para lo público" que habrían supuesto un "incremento del beneficio del 67%" para los adjudicatarios, la sociedad DCN (Distrito Castellana Norte), antes DUCH (Desarrollos Urbanos Chamartín), participada mayoritariamente por el BBVA y la Constructora San José.

Cientos de millones

Entre esas decisiones achacables a Ábalos estarían que la edificabilidad del proyecto sea hoy un 71% mayor a la acordada en 1994; que el Estado ya no reciba ni un euro de la rentabilidad de las promociones inmobiliarias, cuando se firmó que tendría derecho a un 53% del beneficio; que las posibles indemnizaciones a los reversionistas ahora las tenga que pagar Adif y no la adjudicataria; que se haya bajado en un tercio -de 1.924 a 1.341 millones de euros- el coste de las obras de urbanización de la zona; o que el pago del canon haya pasado de acometerse en cinco años a poder hacerlo en cómodos plazos de dos décadas.

Además, se habría limitado el riesgo privado respecto a la ejecución de urbanización e infraestructuras "trasladándoselo a las Administraciones Públicas", y haciendo así que las obras se paguen con dinero público. Porque el último acuerdo -además de permitir la reventa de los terrenos antes de su urbanización- dejó establecido que los propietarios de las parcelas enajenadas se harán cargo de "un importe máximo [...] de modo que asuman los sobrecostes las Administraciones".