El portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, se ha preguntado este martes si PP y Ciudadanos, que gobiernan en la Comunidad de Madrid, dejarán que el Gobierno saque los restos del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos, porque, desde su punto de vista, que el Tribunal Supremo haya autorizado su traslado al Cementerio de Mingorrubio, "no implica necesariamente que se tenga que hacer" y todo dependerá de "una decisión política".

En declaraciones en el Congreso, Espinosa ha recalcado que el hecho de que hoy se esté hablando de este asunto "es un síntoma de que el PSOE está en campaña" y ha vuelto a acusar a los de Pedro Sánchez de intentar "resucitar odios y enfrentar a los españoles" y a "personas que nada tienen que ver ya con lo que ocurrió hace 80 años". "Se pretende generar esa división para mayor gloria del PSOE y resucitar odios que estaban muy superados", ha denunciado.

En este contexto, ha recalcado que Vox "es partidario de dejar a los muertos en paz, de que descansen donde están y de no abrir viejas heridas". "Va a ser interesante ver qué es lo que hacen, sea antes de las elecciones o no, porque tengo la sensación, y quizá esté equivocado, que la competencia de las exhumaciones la tiene el Gobierno del PP y Cs", ha apuntado el dirigente de Vox.

Monasterio, contra la "profanación de la tumba de Franco" Efe

"Profanación"

Así, ha subrayado que "va a ser interesante saber" qué opinan 'populares' y naranjas "sobre si debe exhumar o no a una persona que lleva muerta más de 40 años". "La Guerra Civil acabó hace 80 años y algunos parece que quieren ganar la guerra a 80 años más tarde", ha añadido, reconociendo, eso sí, el derecho a "recuperar los restos de sus antepasados" de todas las personas que quieran hacerlo.

La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, ha valorado que la "profanación de la tumba de Franco" supone un "precedente muy peligroso" contra la "libertad de unos familiares de enterrar a sus muertos donde quieran".

Para Monasterio, el dictamen constituye un "ejercicio de gran irresponsabilidad" y vulnera el derecho de las familias para elegir el lugar de reposo de sus fallecidos, que a su juicio debe "ser respetado para todos los españoles, da igual que se apellide Franco a que se apellide Sánchez".

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