PSOE y Unidas Podemos negocian sin descanso hasta que el lunes al mediodía comience el debate de investidura, que se espera concluya el jueves con una votación favorable para Pedro Sánchez. Ya metidos en contenido, se sirven como guía del acuerdo presupuestario de 50 páginas que firmaron Sánchez y Pablo Iglesias en octubre de 2018, finalmente tumbado por los socios independentistas de la moción de censura.

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'Presupuestos para un Estado social'. Así se titulaba el documento con el que los futuros socios de gobierno trataron de sacar adelante unas cuentas del Estado. Pese a quedar en papel mojado entonces, el texto está siendo de utilidad para trazar las materias y las políticas en las que las dos fuerzas tienen plena sintonía.

Estos son los puntos fundamentales de aquel acuerdo:

Pensiones

El pacto incluía mantener el poder adquisitivo de los pensionistas "de acuerdo con el IPC. "En caso de que la inflación en diciembre de 2018 supere el 1,6% de revalorización inicial previsto en la Ley de Presupuestos de este año, los pensionistas recibirán una paga para compensar esa desviación", decía el texto, que suponía una vuelta al sistema previo a la reforma del PP, que limitaba a 0,25 la subida en tiempos de crisis. 

Educación

Se crearía un fondo de 50 millones para material escolar gratuito en etapas obligatorias. Esta reivindicación, prioridad de Podemos, sería el anticipo de otras medidas ya anunciadas por el Consejo de Ministros para revertir los recortes en educación. También había otros compromisos, como rebajar las tasas universitarias hasta niveles previos a la crisis, pero sin que figurara el impacto presupuestario. 

Alquiler

Fue uno de los caballos de batalla de la negociación. El primer acuerdo era cambiar las normas del alquiler. "Se ampliará el plazo de prórroga obligatoria de los contratos de alquiler de tres a cinco años, y se ampliará la prórroga tácita de uno a tres años para personas físicas", algo que permitiría mantener las condiciones del contrato durante más tiempo. 

También se incluía que no se pudieran exigir más garantías adicionales que una "fianza en metálico hasta un máximo de dos mensualidades de la renta. Los gastos de gestión inmobiliaria y de formalización del contrato irán a cargo del arrendador".

El segundo gran eje era la regulación del mercado. En cuatro años se aumentaría en 20.000 el número de viviendas a precios asequibles para alquilar y se elaborará una normativa para facilitar que los conocidos como "grandes tenedores" puedan poner a disposición viviendas vacías. 

Impuestos al juego, patrimonio y subida de IRPF

En este capítulo había numerosas novedades. El IRPF subía dos puntos para las rentas superiores a 130.000 euros y cuatro para los que ganen más de 300.000, lo que supone crear de facto dos nuevos tramos. "El tipo estatal sobre las rentas del capital se incrementará en 4 puntos porcentuales para dichas rentas superiores a 140.000 euros", indicaba el acuerdo. 

También se recuperaba el impuesto estatal de patrimonio para las grandes rentas. Sería de un 1% a las fortunas de más de 10 millones de euros. Se creaba uno para servicios digitales que gravaría con un 3% la publicidad, intermediación y venta de datos. "Únicamente tributarán las empresas con ingresos anuales totales mundiales de al menos 750 millones € y con ingresos en España superiores a los 3 millones €", decía el texto, en clara referencia a las grandes tecnológicas.

El impuesto de sociedades tendría un tipo mínimo de un 15%. En cuanto a las pequeñas y medianas empresas, se estaría viendo la posibilidad de rebajar del 25% al 23% el tipo nominal a las pymes que facturen hasta un millón de euros. Se creaba un impuesto sobre transacciones financieras del 0,2%, pero el impuesto a la banca se quedaba fuera, como una propuesta para ser estudiada. 

Se bajaría del 10% al 4% el tipo del IVA para productos de higiene femenina. También tributarían al 10% los productos vegetarianos. 

También se prohibían las amnistías fiscales y se rebajaba a 600.000 euros la deuda con Hacienda que hace al contribuyente figurar como moroso, entre otras medidas.  

Dependencia

En este capítulo, el pacto incluía dos medidas: mejorar las cuantías mínimas, con un impacto de 515 millones (un aumento del 40% respecto a los presupuestos actuales), y recuperar las cotizaciones para las personas que cuidan a personas en situación de dependencia, con otros 315 millones.