La Mesa del Congreso ha zanjado este jueves la vía parlamentaria que PP y Ciudadanos estaban siguiendo para declarar inconstitucionales las fórmulas de acatamiento que en la sesión inaugural del 21 de mayo emplearon diversos diputados, en su mayoría representantes de ERC, JxCat y EH Bildu.

La mayoría que en la Mesa tienen PSOE y Unidas Podemos (tres y dos diputados, respectivamente) se ha impuesto de nuevo a los cuatro votos de populares y Cs, y así, se ha cerrado el debate por vía parlamentaria.

Fuentes del PP y de la formación "naranja" han indicado que sus partidos evaluarán a partir de ahora si acuden al Tribunal Constitucional. Los dos pueden hacerlo al tener más de 50 escaños en el Congreso.

La legalidad de los acatamientos ha sido un debate que surgió en la Cámara desde el mismo día 21 de mayo debido a sendos escritos de PP y de Cs, en contra de que la presidenta del Congreso, la socialista Meritxell Batet, los hubiera validado.

En sus textos ambos grupos pidieron que se publicaran en el diario de sesiones todas las fórmulas, de modo que se ampliara la referencia que constaba en las actas, un párrafo genérico sobre lo que hicieron los diputados menos los nueve que forman la Mesa. Además, solicitaron examinar la legalidad de las mismas.

En una primera reunión de la Mesa a primeros de junio, la mayoría de PSOE y Unidas Podemos estableció su criterio: sí a que se publicaran, pero no a su evaluación, ya que la presidenta había decidido que son acatamientos válidos.

PP y Cs presentaron entonces sendos escritos de reconsideración y la Junta de Portavoces, tal y como establece el reglamento, analizó el asunto la semana pasada.

"Presos políticos"

Durante la reunión, PP y Cs, a los que se unió Vox, expresaron que no podían darse por válidas muchas de las fórmulas que se usaron en la sesión constitutiva, bien por alusiones a "presos políticos", caso de la que verbalizó Oriol Junqueras, bien por referencias a "repúblicas vasca y catalana", o bien porque directamente fueron ininteligibles debido al ruido que se creó en la sesión.

De nuevo, la mayoría de los grupos impidió que se examinara la legalidad de los acatamientos al considerar que la presidenta, que es quien tiene la potestad para decidir al respecto, no vio nada en contra.

Discutido el asunto por la Junta, la Mesa, este jueves, lo ha debatido por última vez, en esta ocasión con los "anexos" del diario de sesiones del día 21 como referencia.

Fuentes presenciales han explicado que tanto PP como Cs han insistido en que, con dichas actas encima de la mesa, no se puede estimar como legal algo que "ni siquiera se ha oído". Sus reclamaciones no han tenido éxito.

Asimismo, en la reunión de la Mesa se ha rechazado una reconsideración de Vox por el tamaño de los despachos que la Cámara les ha atribuido, al igual que una interpelación que había registrado para su debate en el pleno. El argumento para descartar esta iniciativa radica en que no se prevé ningún pleno durante las próximas semanas.