En la guerra electoral de carteles y gráficos del debate a cuatro de este martes, con tesis doctorales y libros incluidos, Pedro Sánchez ha mostrado una carta para atacar a los candidatos de PP y Ciudadanos. Desde su atril, el presidente del Gobierno ha exhibido la misiva que, según él, la Junta de Andalucía envió el pasado 9 de abril a los juzgados para que los trabajadores contra la violencia de género dieran sus datos sobre colegiación.

Con esta carta, Sánchez acusaba a Pablo Casado y Albert Rivera, cuyos partidos gobiernan en coalición en Andalucía desde el pasado mes de enero, de dar alas a “ultraderecha de Vox”, formación que pidió los datos personales de los empleados de las unidades contra la violencia de género.

Lo cierto es que Vox, que cuenta con 12 escaños en el Parlamento andaluz, sospecha que existen profesionales "no cualificados e ideologizados que influyen" en la decisiones judiciales relacionadas con la violencia machista, en palabras del líder del partido en Andalucía, Francisco Serrano. Por ello, su grupo parlamentario solicitó al Ejecutivo regional -PP y Cs- que facilitara los datos personales de estos empleados.

"En Andalucía ya se hacen listas negras, diciendo que querían los datos de las personas que trabajan en esto. El ideólogo, la ultraderecha, y los cómplices, PP y Cs. ¡Qué decepción, señor Rivera!", afeaba el candidato socialista al líder de Cs.

Sin embargo, Sánchez olvida que esa solicitud fue rechazada por la Mesa del Parlamento el 27 de febrero. De hecho, el consejero de Justicia y vicepresidente andaluz, Juan Marín (Cs), explicó en su momento que la petición de Vox no se podía atender porque suponía incumplir la Ley de Protección de Datos.

¿De dónde sale la carta?

Si bien la cámara autonómica desoyó a Vox, el Gobierno andaluz sí ha tramitado esta petición. De ahí la existencia de la carta que ha enseñado Sánchez. Pero el texto no es fruto de las exigencias del partido de derecha radical, sino que ha sido impulsado por siete ciudadanos particulares que, copiando la iniciativa presentada por Vox, pidieron información sobre estos trabajadores. Y así lo demandaron en el Portal de Transparencia. 

Es decir, la Junta de Andalucía simplemente se limitó a trasladar esta petición de información a los respectivos destinatarios.

En concreto, tres de las peticiones llegaron desde Sevilla y las cuatro restantes de otras provincias. Tras las solicitudes recibidas, y en virtud de la Ley de Transparencia, la Junta dio un plazo de alegaciones de 15 días a psicólogos, trabajadores sociales y educadores de las Unidades de Valoración Integral de Violencia de Género de los juzgados de familia y menores de Sevilla. 

"A través del Portal de la Transparencia, los andaluces pueden solicitar información. Hay varios que han pedido estos datos y el procedimiento es que hay que comunicarle a los trabajadores que esa solicitud se ha realizado para que puedan presentar alegaciones", explican fuentes de Cs a este periódico. "Es el procedimiento".

Lo cual "no quiere decir que se vayan a facilitar esos datos", insisten esas mismas fuentes. El Gobierno andaluz reitera que nunca los suministrará porque va contra la ley.