El 15 de junio de 2011, unos pocos centenares de indignados pertenecientes al movimiento 15-M rodearon el Parlamento de Cataluña. El presidente autonómico Artur Mas tuvo que acceder a la Cámara en helicóptero y una treintena de diputados lo hicieron en furgones de los Mossos d'Esquadra. Algunos de esos diputados fueron zarandeados; otros, agredidos; las chaquetas de dos de ellos, pintadas con spray. Un grupo de parlamentarios tuvo que refugiarse en una comisaría de los Mossos para escapar de la violencia de los manifestantes.
En un artículo de por aquel entonces, Quim Torra comparó a los manifestantes con Antonio Tejero y aludió a un supuesto "golpismo mesetario" del que esos jóvenes serían herederos. Jordi Turull, diputado en el Parlamento catalán y portavoz de CiU, calificó los disturbios de "golpe de Estado encubierto". También afirmó que la convocatoria había sido "un festín para los violentos" y sentenció luego que "estas cosas pasan cuando alguien juega con fuego".
El Parlamento autonómico y la Generalidad pidieron penas de tres años de cárcel para veinte de los manifestantes. El Tribunal Supremo anuló la sentencia absolutoria de la Audiencia Nacional y condenó a ocho de ellos a tres años de prisión por un delito contra las instituciones del Estado. Francesc Homs, hoy abogado de cuatro de los doce acusados del procés, afirmó, satisfecho, que la sentencia concordaba "con el sentimiento mayoritario del pueblo de Cataluña".
Dialogante y socio del RACC
Hoy, martes 19 de febrero de 2019, y frente a los siete magistrados del Tribunal Supremo, Jordi Turull ha demostrado cuánto ha evolucionado su opinión acerca de lo que son los golpes de Estado, los festines violentos y las consecuencias de jugar con fuego. Como Oriol Junqueras y Joaquim Forn, el exconsejero de Presidencia de la Generalidad también ha dicho ser un hombre pacífico y dialogante, además de socio de Òmnium Cultural, Cáritas Diocesana, Intermón Oxfam y hasta del RACC. "Ser socio de Òmnium no era delito durante el franquismo, ahora no sé", ha añadido.
Como Joaquim Forn, Jordi Turull no recuerda casi ningún detalle clave de lo sucedido en septiembre y octubre de 2017. Reconoce, eso sí, lo obvio. Pero niega todo aquello de lo que no hay factura, albarán o documento notarial. Afirma no saber quién pagó las urnas del 1-O, cómo llegaron hasta los colegios electorales, dónde se alojaba el censo electoral universal, por qué llegaron algunas facturas comprometidas a su departamento o quién replicó las páginas web que promocionaban el referéndum. "No hay encargos, no hay facturas, no hay nada de nada", dice, y algunos nos acordamos de Bart Simpson y su "yo no lo hice, nadie me vio, no tienes pruebas".
La incoherencia de las democracias militantes
Jordi Turull ha salido de los toriles como un miura y la primera cornada se la ha llevado un Manuel Marchena al que el acusado ha recomendado "no ver los auriculares [para la traducción simultánea del catalán al español] como un gasto, sino como una inversión". El presidente del Tribunal Supremo ha pasado por alto la impertinencia y luego ha escuchado a Turull ironizar sobre la imposibilidad de conectarse a internet desde prisión; sobre la imposibilidad de conocer el contenido de la agenda personal del exsecretario general del departamento de Economía Josep Maria Jové; y sobre el chollo que supone declararse constitucionalista "porque eso te permite saltarte la Constitución cuando te da la gana".
La beligerancia de Turull ha amainado con el paso de los minutos y el interrogatorio del fiscal Jaime Moreno, al que en TV3 han presentado como "antiguo asesor del Gobierno de Mariano Rajoy", ganado en precisión. Turull ha profundizado en la herida cuando ha aludido a la principal incoherencia de las democracias militantes como la española –permitir la existencia de formaciones políticas que defienden la destrucción de la Nación sin que el ordenamiento legal permita en la práctica la destrucción de esa Nación– pero ha cobardeado en tablas cuando el fiscal ha hurgado en sus propias incoherencias.
Según Turull, declarar la secesión de una parte del territorio nacional no debe de ser delito cuando el programa de los partidos nacionalistas que la defienden no ha sido jamás impugnado por el Gobierno central. También ha dicho que el procés no es un proyecto de las elites políticas y civiles separatistas catalanas, sino del pueblo catalán, y luego ha rematado la acrobacia diciendo que las instituciones catalanas no son más que el brazo ejecutor de ese mandato inatacable e irrenunciable. Como Forn, Turull se enteraba de las resoluciones del Tribunal Constitucional por la prensa y no se daba por enterado de las órdenes judiciales, ni siquiera de las que se dirigían al Gobierno del que él formaba parte, hasta que le eran comunicadas en persona y con su nombre y apellido.
Ponderación tras ponderación
Tras negar cualquier tipo de requerimiento judicial, salvo uno, Turull ha dicho también que muchos de ellos no podían obedecerse porque llegaban cuando la actividad que prohibían ya se había completado. Luego se ha sorprendido de que junto con el único requerimiento que acepta haber recibido en su despacho se le hiciera entrega en el mismo acto de una querella por desobediencia continuada. Es decir, que las notificaciones le llegaban siempre demasiado pronto o demasiado tarde, pero nunca a su gusto. El destino de esos requerimientos era, en cualquier caso, siempre el mismo: el fragor de la trituradora de papel.
Pero el verbo del día es "ponderar". Ponderar es lo que hacía Turull cuando recibía un requerimiento judicial que le obligaba a paralizar o impedir cualquier tipo de actividad destinada a la celebración del referéndum de secesión. Turull colocaba en un platillo de la balanza el requerimiento de la Justicia y en el otro platillo la autodeterminación, el pueblo, el mandato, la democracia, el diálogo, el pacifismo y su honrado convencimiento de que los referéndums no son delito. Todo ello interpretado de la manera más conveniente a los intereses de los partidos y las organizaciones civiles separatistas. Lo asombroso es que ponderación tras ponderación, y después de tan impecable pesaje, la cosa acababa arrojando siempre el mismo resultado: adelante y que arda Troya.
Romeva, un buen tío
Raül Romeva, como Oriol Junqueras, se ha negado a contestar a las preguntas de las acusaciones y ha aprovechado la alfombra que le ha tendido a sus pies Marchena para largar un mitin interminable, sin mayor interés y sin relación alguna con los hechos juzgados. Para no ser menos que sus compañeros, el exconsejero de Asuntos Exteriores ha presumido de currículum, de viajado y de pacífico. También ha afirmado no ver "ningún ilícito penal" en su actuación y ha añadido que todas las acciones llevadas a cabo por el Gobierno catalán en septiembre y octubre de 2017 mantuvieron un exquisito respeto por la Constitución.
El éxito de la táctica consistente en explicarle la Constitución –y de regalo algún que otro concepto jurídico– a los siete magistrados de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, a cuatro fiscales y a dos abogadas del Estado, entre ellas la jefa de lo Penal, está por ver. Pero si esto acaba con doce absoluciones, todos deberemos repensar uno o dos prejuicios acerca del procedimiento recomendable en un juicio en el que te estás jugando hasta 16 años de prisión y otros tantos de inhabilitación absoluta.