Ejecutada sin contratiempos de relevancia la fase 1 del proceso de apertura de embajadas catalanas en el exterior (Italia, Alemania, Reino Unido/Irlanda, Francia, Estados Unidos y Suiza), y con la fase 2 actualmente en desarrollo (Viena, Tallin, Zagreb, Lisboa, Estocolmo y Beirut), la Generalidad dio ayer vía libre a la fase 3 del plan, la correspondiente a la puesta en marcha de las delegaciones de Oriente Medio, Asia y América Latina. Así lo anunció este lunes en TV3 Alfred Bosch, de ERC, el nuevo consejero de Acción Exterior de la Generalidad en sustitución de Ernest Maragall.

Mientras eso ocurría, los médicos catalanes iniciaban una huelga de cinco días convocada por el Sindicato de Médicos de Cataluña, el mayoritario entre los profesionales del sector. La huelga, que afecta a todos los Centros de Atención Primaria (CAP) catalanes y que reclama un máximo de veintiocho visitas por médico y día –ahora se rondan las cuarenta visitas diarias–, tuvo durante el día de ayer un seguimiento del 77%, según los convocantes, y del 45%, según el Departamento de Trabajo de la Generalidad. A última hora de la tarde, médicos e Instituto Catalán de la Salud continuaban negociando para evitar los paros, que está previsto que duren hasta el viernes.

Informes "no vinculantes"

Durante su comparecencia en la televisión pública catalana, Bosch atacó la postura "nacionalista" del Gobierno español respecto a Gibraltar durante las negociaciones del brexit, celebró que "nadie le haya hecho caso a España en Europa" y justificó la puesta en funcionamiento de las nuevas embajadas catalanas con el argumento de que estas le permitirán a la Generalidad "estar en los cinco continentes y tener relaciones fluidas con todo el mundo".

También se refirió Bosch, que ha intercambiado su puesto como líder del grupo de ERC en el Ayuntamiento de Barcelona con Ernest Maragall para facilitar un futuro pacto municipal con Ada Colau y el PSC –la escasa sintonía entre Bosch y la alcaldesa es pública y notoria–, a los informes con los que el Ministerio de Asuntos Exteriores está intentando frenar la apertura de las mencionadas embajadas. "Los informes que pueda realizar el señor Borrell o el Ministerio de Asuntos Exteriores no son vinculantes y por lo tanto nosotros continuaremos con lo que está previsto. Tenemos una segunda tanda de delegaciones, seis en concreto, y después ya les anuncio que entraremos en una tercera fase de delegaciones que nos permitirá estar en todo el mundo. Es nuestra obligación. Hemos de dar a conocer Cataluña" dijo Bosch durante su entrevista. 

La labor de esas nuevas embajadas de la Generalidad, camufladas como 'oficinas de promoción cultural y económica', será sin embargo la misma que la de las otras doce: difundir la idea de que el independentismo es mayoritario en Cataluña, la de que el Estado español reprime a los catalanes y la de que la independencia de Cataluña sería beneficiosa para Europa.

O 'procés' o sanidad

Oficialmente, el coste de las embajadas catalanas antes de su clausura por la aplicación del artículo 155 de la Constitución era de aproximadamente 420.000 euros por embajada. Raül Romeva dio en 2016 una cifra de tres millones de euros para el total de todas las delegaciones de la Generalidad en el exterior. A ello, sin embargo, había que sumar en aquel momento el coste del Diplocat (2,5 millones de euros), 680.000 euros destinados a dietas e indemnizaciones, 100.000 para la organización de conferencias, exposiciones y otros eventos, y los 7,2 millones de euros para la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo. Entre 2011 y 2014, el Gobierno de Artur Mas gastó 18,5 millones de euros en política exterior. 

El Gobierno autonómico catalán destina hoy mil millones de euros menos a la sanidad pública que en 2010, durante la crisis financiera. Como explicaba este sábado el director de El Periódico de Cataluña, Enric Hernández, las comunidades autónomas españolas destinan una media del 33% de su presupuesto a Sanidad, mientras que la Generalidad apenas destina el 28,8%. Entre 2009 y 2017, y debido a los recortes, el gasto en Sanidad cayó en 9,3% en las autonomías españolas, por un 27,5% en Cataluña. El gran beneficiado por esos recortes ha sido el sector privado catalán: entre 2011 y 2015, cien mil catalanes suscribieron seguros privados. Las primas cobradas por las mutuas aumentaron durante ese periodo de tiempo en 174 millones de euros.