La familia Franco no exterioriza pesadumbre o nostalgia. Se niega a hablar de este 20 de noviembre de 2018 como el último aniversario de la muerte del dictador con sus restos en el Valle de los Caídos. "Hasta ahora, el Gobierno no ha conseguido lo que quiere y eso es un consuelo. El tiempo dirá", relata uno de los nietos.
La estrategia de los Franco gira en torno a dos aristas: intentar no hacer ruido y trabajar en una acción judicial que pueda frenar la exhumación. Todavía abrigan la esperanza de que la Justicia les dé la razón, tal y como ocurrió con la familia Sanjurjo, que podría devolver el féretro del general golpista al mausoleo de Pamplona si quisiera. No obstante, uno y otro caso nada tienen que ver, principalmente porque la cripta navarra, a diferencia de Cuelgamuros, no admitía las visitas del público y, por tanto, no se daba la exaltación -a excepción de celebraciones concretas- que condena la ley de la Memoria Histórica.
Los hermanos Martínez-Bordiú no asistirán este martes a la Basílica. Mencionan un recuerdo "personal, particular". La Fundación ha convocado "una misa por su alma" en una parroquia de la calle Serrano. "Veremos qué pasa y si la Constitución, por poner un ejemplo, permite el desentierro". Esta es la opinión de los descendientes del dictador en el 43º aniversario de aquel 20 de noviembre de 1975. Asesorados por sus letrados, reiteran que el decreto y las modificaciones legales confeccionadas por Sánchez "no respetan las normas".
Las fuentes del Gobierno consultadas por este diario arguyen que el presidente "está seguro" de que la exhumación de Franco "se logrará sin problemas". Moncloa reconoce que no podrá cumplir con el plazo inicialmente previsto: antes de final de año. Pero atisba enero como un mes perfectamente factible. Desestimadas las alegaciones de familia y benedictinos, "tan sólo falta solicitar los permisos a los Ayuntamientos afectados": "Una cuestión que es puro trámite". Franco saldrá. Y Queipo de Llano hará lo propio de La Macarena, en Sevilla. "Y estoy casi seguro de que ocurrirá en ese orden", relata un portavoz autorizado.
El último movimiento de los Franco fue advertir al Gobierno de que, una vez exhumado, llevarían a su abuelo a la cripta de La Almudena. Aquello soliviantó al Ejecutivo, que veía cómo el mausoleo podría trasladarse a un templo en el centro de Madrid. El Gobierno socialista reaccionó así: planificó por decreto una reforma para evitar la inhumación en cualquier lugar que permita el acceso del público. El arzobispo de Madrid reconoció en privado que no era partidario de acoger el ataúd de Franco, pero en público confesó no poder evitarlo: "Disponen de un nicho en propiedad". Por eso intervino Moncloa.
Tanto la familia como la fundación aseguran que se les "acercó" un enlace del Gobierno para ofrecer protección de la Guardia Civil a la cripta de El Pardo, donde yace la mujer del dictador, Carmen Polo. Cerrado bajo llave, sólo la familia y los operarios del cementerio tienen acceso al habitáculo. De ahí que tanto los expertos de la Memoria como Sánchez consideren este lugar como "la mejor opción".
Los Franco rechazan la oferta porque no consideran la vigilancia mencionada "una garantía de seguridad": "¿Quién nos dice que eso se mantendrá cuando cambie el Gobierno? La tumba podría ser profanada tarde o temprano".
Cuando se estrene 2019 y se acerque la exhumación, la familia Franco deberá revelar sus cartas, la estrategia que seguirá en los tribunales. Un extremo que no preocupa al Gobierno -ni siquiera de puertas hacia dentro-: "Estamos seguros de que la exhumación ocurrirá".