El Gobierno trabaja para que la reforma transversal de la Memoria Histórica afecte al Código Penal. El equipo de Pedro Sánchez ha diseñado un artículo adicional para el apartado "derechos fundamentales y libertades públicas". Si llega a buen puerto -el PSOE necesita la mayoría absoluta con la que tumbó a Rajoy-, la Justicia penará con cárcel el enaltecimiento del franquismo y la humillación de las víctimas de la dictadura.
Calificar como delito el ensalzamiento de Franco se une a otras intervenciones ya proyectadas por el Ejecutivo socialista, como por ejemplo la detección y exhumación de las fosas comunes, la creación de un banco de ADN o la elaboración de un censo de víctimas.
Se da la circunstancia de que esta iniciativa se produce a la vez que los socialistas defienden -y así lo han votado este martes en el Congreso- que se despenalice el enaltecimiento del terrorismo con el argumento de que debe priorizarse la "libertad de expresión.
En el documento manejado por el Gobierno, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, el castigo más elevado irá de uno a cuatro años de cárcel y multa de seis a doce meses. Afectará a "quienes públicamente fomenten, promuevan o inciten directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra las víctimas de la Guerra Civil española y del franquismo". También a aquellos que "produzcan, elaboren, posean con la finalidad de distribuir, faciliten a terceras personas el acceso, distribuyan, difundan o vendan escritos que por su contenido (...) fomenten el odio" contra este mismo colectivo.
Penalizar el brazo en alto
Las penas quedarían glosadas en un apartado añadido al artículo 510 y todavía dependen de las negociaciones en la comisión de Justicia del Congreso, que podría arrojar enmiendas. En una categoría inferior, se mencionan entre seis meses y dos años de cárcel y multa de seis a doce meses para quienes "lesionen la dignidad de las personas mediante acciones que entrañen humillación, menosprecio o descrédito" de las víctimas de la guerra y el franquismo.
También para aquellos que "enaltezcan o justifiquen por cualquier medio de expresión pública o difusión" a Franco, su dictadura o los delitos cometidos contra las víctimas de la Guerra Civil.
O lo que es lo mismo: las penas alcanzarán la cota máxima -entre uno y cuatro años- cuando el ataque vaya dirigido directamente contra una víctima de la dictadura. El ensalzamiento, los saludos brazo en alto y las manifestaciones en público se encuadran en el segundo capítulo: entre seis meses y dos años. No obstante, si los vítores a Franco generan un clima de violencia contra las víctimas de la guerra y la dictadura podría aplicarse la pena máxima.
Todas las sanciones reseñadas se impondrán en su mitad superior cuando "los hechos se hubieran llevado a cabo a través de un medio de comunicación social, internet o mediante el uso de tecnologías de la información".
En este caso, los tribunales acordarán "la destrucción, borrado o inutilización de los libros, archivos, documentos, artículos y cualquier clase de soporte objeto del delito". Si un portal informático insiste en la difusión, el juez podría bloquearlo o cerrarlo.
Además de las sanciones mencionadas, se impondrá al condenado una inhabilitación especial "para las profesiones u oficios educativos, en el ámbito docente, deportivo y de tiempo libre" por un tiempo de entre tres y diez años superior a la privación de libertad.
Cierre de fundaciones
En otro ámbito, pero también referido a la Memoria Histórica, el Gobierno tratará de cerrar las fundaciones que hagan apología del franquismo. Para ello las declarará ilegales. Su objeto, en cualquier caso, iría contra el Código Penal en caso de que fuera reformado de la manera mencionada.
Así lo confirmo el Ejecutivo en el Senado en respuesta a una pregunta de Compromís. La lista citada fue: Fundación las Hijas de Millán Astray y Capitán Cortés, Fundación José Antonio Primo de Rivera, Fundación Yagüe, Fundación Pro-Infancia Queipo de Llano, Fundación Blas Piñar, Fundación Ramiro Ledesma Ramos, Fundación Nacional Francisco Franco y la Fundación Serrano Suñer.
Sánchez ha logrado ir de la mano con Podemos en lo que se refiere al franquismo y la Guerra Civil. A día de hoy, sólo una diferencia sobre la mesa: ¿qué hacer con el Valle de los Caídos? Iglesias quiere sacar de Cuelgamuros también a Primo de Rivera y demoler la gran cruz para construir con sus restos un cementerio civil. Sánchez no quiere ceder en ninguno de los dos aspectos. El presidente del Gobierno pretende exhumar al fundador de Falange, pero para mantenerlo en la Basílica, enterrado en un lugar no preeminente.