La violencia en Cataluña es "anecdótica", la identificación por parte de la policía autonómica catalana de personas encapuchadas "ha sucedido siempre" y la tergiversación de las palabras de Pablo Llarena en la querella presentada contra él en los tribunales belgas "no altera en absoluto la demanda".
Son algunas de las sorprendentes afirmaciones que realizaron ayer frente a la prensa Elsa Artadi, consejera de Presidencia y portavoz del Gobierno autonómico catalán, y Gonzalo Boye, abogado de Carles Puigdemont y coordinador de la estrategia internacional de defensa de los prófugos catalanes.
En realidad, todas esas afirmaciones se contradicen, no ya con la realidad, sino con otras afirmaciones recientes del Gobierno catalán. Quim Torra hablaba hace sólo una semana con alarma de una "escalada de violencia" en una carta dirigida al ministro de Justicia, Fernando Grande-Marlaska. La querella contra Llarena pierde buena parte de su (escaso por no decir nulo) fundamento si esa frase "mal traducida" se traduce correctamente. Y los Mossos d'Esquadra han hecho de la dejadez en la identificación de miembros encapuchados de los CDR que cuelgan o pintan lazos en paredes, calles y monumentos un verdadero arte.
Elsa Artadi y Jaume Vicens, en la rueda de prensa posterior al Consell Executiu.
Es el universo paralelo del Gobierno catalán y sus aledaños. Un universo alternativo en el que las fake news son divulgadas y debatidas con total seriedad en TV3, Catalunya Ràdio y los medios de prensa digitales nacionalistas, mientras que las noticias verdaderas, como por ejemplo la de la agresión a una mujer este fin de semana en el parque de la Ciudadela por obvios motivos políticos (los hijos de la mujer estaban retirando lazos amarillos), son tratadas como fake news.
Un mundo al revés en el que las palabras no significan lo que tradicionalmente han significado y en el que incluso Donald Trump tendría serias dificultades para seguir el ritmo de información de dudosa fiabilidad emitida a todas horas por el régimen nacionalista y sus terminales mediáticas.
En realidad, el patrón es obvio. Cualquier noticia, verdadera o falsa, que pueda beneficiar al Gobierno catalán es magnificada. Las anécdotas son convertidas en categoría. Y la interpretación oficial es de forma sistemática la de la parte independentista interesada. En el caso de la mujer agredida en el parque de la Ciudadela, por ejemplo, TV3 y La Vanguardia dieron por buena la versión del agresor, mientras que en el caso de la agresión al activista independentista y fotógrafo Jordi Borràs la versión "oficial" fue la del agredido.
Por el contrario, cualquier información que pueda perjudicar a la causa independentista es minimizada ("las agresiones por motivos políticos son acciones puntuales que no representan al independentismo" dijo Elsa Artadi ayer). Las categorías son convertidas en anécdotas. Y las evidencias, como por ejemplo la flagrante utilización de los Mossos d'Esquadra como una policía de partido al servicio de los intereses de sólo el 50% de la sociedad catalana, negadas con rotundidad.
En el terreno judicial, el principal suministrador de informaciones de credibilidad rala es Gonzalo Boye, asesor de Carles Puigdemont, abogado de varios de los exconsejeros fugados y coordinador oficioso de la estrategia jurídica internacional de todos ellos.
Boye, condenado por colaboración con la banda terrorista ETA en el secuestro del empresario Emiliano Revilla, suele lanzar a sus seguidores de Twitter carnaza en forma de afirmaciones enigmáticas que siempre parecen prometer un desenlace humillante en los tribunales para la Justicia o el Gobierno español.
La estrategia de manipulación de la realidad seguida por el Gobierno catalán y sus medios afines tiene como objetivo preparar el terreno para un otoño que el mismo separatismo ha anunciado "caliente". A la Diada del 11-S y las distintas conmemoraciones del 1-O se ha sumado ahora el anuncio de una huelga general, de momento de "sólo unas horas".
Mientras tanto, CDR, CUP y asociaciones civiles como la ANC y Òmnium debaten sobre la paralización progresiva de la comunidad autonómica catalana y partidos políticos separatistas y outsiders con aspiraciones como Jordi Graupera debaten sobre la posibilidad de una lista única independentista para Barcelona y el resto de ciudades catalanas de más de 15.000 habitantes. La Cataluña secesionista continúa, en definitiva, su marcha firme hacia nadie sabe bien dónde. Y la realidad paralela en la que pretenden vivir confirma, en su cabeza, todas sus aspiraciones.