El presidente del Gobierno se ha propuesto sacar brillo al artículo 155 para que los ciudadanos, sobre todo los catalanes, entiendan que su aplicación responde a un único objetivo: restaurar el orden constitucional. Como golpe de efecto días antes de la campaña electoral, el ministro Íñigo Méndez de Vigo, en calidad de consejero de Cultura en funciones, ha decidido convocar una oposición en Cataluña que llevaba bloqueada por el Govern seis años.

Tras la reunión ordinaria del consejo de ministros de los viernes, Mariano Rajoy reúne a su gabinete de manera extraordinario para tratar temas sobre Cataluña. En el encuentro de esta semana, previa al inicio de la campaña electoral, el Gobierno ha decidido anunciar un proceso de selección para cubrir dos mil plazas de docentes en la autonomía llamada a las urnas el 21 de diciembre. En total, el Ejecutivo tiene previsto convocar 1.600 plazas de docentes para la Educación Secundaria Obligatoria y 373 más en Educación Infantil.

El consejo de ministros también ha acordado habilitar 900 millones de euros para pagar la nómina y la paga extra de diciembre de los funcionarios catalanes, unos empleados que, en boca de Méndez de Vigo, trabajan con "profesionalidad, eficacia y neutralidad" en Cataluña. El Gobierno temió que el sector desobedeciera sus órdenes cuando cesó al Ejecutivo de Carles Puigdemont, pero toda la Administración acató las órdenes de los nuevos líderes.

Facturas a proveedores

Desde que el Ejecutivo de Mariano Rajoy pidió al Senado autorización para aplicar el artículo 155 de la Constitución e intervenir la Generalitat, se han pagado ya facturas a proveedores que trabajaron para el Ejecutivo catalán por valor de algo más de 1.500 millones de euros.

Con estos datos encima de la mesa, el objetivo de la campaña del PP ante el 21-D es rentabilizar que Rajoy se haya atrevido a aplicar el precepto constitucional previsto para defender el interés general de una administración autonómica cuyo Govern se situó fuera de la ley.

Con medidas como estas, Rajoy pretende convencer a los ciudadanos catalanes de que salgan en masa a votar en las próximas elecciones para devolver la convivencia y la tranquilidad a la autonomía votando al bloque constitucionalista. El propio presidente se va a volcar en la campaña de su candidato, Xavier García Albiol, y el resto de su gabinete, especialmente la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat.

Incentivos fiscales

El Gobierno quiere que cuaje el mensaje de que si el 21-D España supera la crisis secesionista en Cataluña podrá recuperar la economía perdida con las últimas decisiones del anterior Govern. De hecho, el PP ha incluido en su programa electoral incentivos fiscales para que las empresas que se han ido vuelvan a Cataluña. Los incentivos serían sobre los impuestos autonómicos, incluso los locales, de forma que se establezcan unas bonificaciones singulares para estas empresa. El PP no descarta hacer algún acto durante la campaña electoral con las empresas que se han ido para explicarles las ventajas de volver.