“Por un tema práctico: esta ley en el minuto uno será tumbada por el Tribunal Constitucional, y por tanto, no os consideréis presionados por tenerla que hacer en pocos meses”. La frase es de la diputada de Junts pel Sí Alba Vergés, estaba en un correo electrónico que remitió a la Consejería de Hacienda el 18 de mayo de 2017 y aludía a una ley para regular el consumo de la marihuana con fines recreativos.
La representante de Esquerra Republicana alertaba así al número dos de Oriol Junqueras, Lluís Salvadó, para que su equipo no invirtiera demasiado tiempo en la norma, pues lejos de estar pensada para ser aplicada algún día, el objetivo era buscar la confrontación con el Estado y su inmediata suspensión por parte del Tribunal Constitucional.
Desde la victoria electoral de Junts pel Sí, la aprobación de leyes sobre asuntos que quedaban fuera de la competencia del Parlament ha sido un constante. La estrategia era clara: acrecentar el victimismo y, de paso, buscar argumentos para convencer a la comunidad internacional de la intransigencia del Estado.
En el caso de esa ley que aprobaba el consumo de la marihuana con fines recreativos, fue aprobada el 29 de junio de 2017, justo cuando Carles Puigdemont anunciaba el marco legal para la consulta ilegal del 1-O y la Guardia Civil comenzaba a interrogar a funcionarios de la Generalitat por un presunto uso indebido del censo de catalanes en el extranjero. Y la norma se aprueba pese a que los propios responsables de Hacienda son contrarios a que se grave con un impuesto la venta de marihuana en clubs de fumadores. “Ostras, ahora impuestos al cannabis. Digo que no, ¿verdad?”, escribía ese mismo día la directora general de Tributos de la Generalitat.
Un correo electrónico de la diputada Alba Vergés sobre el cannabis.
Un vídeo para denunciar a España
Pese a todo, la ley fue aprobada por el Parlament cuatro semanas después de la remisión de estos correos. La respuesta del Gobierno fue la esperada y el 13 de octubre la ley fue recurrida ante el Constitucional. El día 30, dos semanas después -y solo tres días después de que Puigdemont declarara de forma unilateral la independencia- Òmnium publicó un vídeo llamado Welcome Catalonia.
El vídeo estaba pensado para convencer a la comunidad internacional de las supuestas afrentas del Estado a Cataluña, y se centraba precisamente en hacer un repaso de las leyes que el Ejecutivo de Rajoy había llevado al Constitucional. En su mayoría eran leyes de marcado carácter social que supondrían un coste elevado para las arcas públicas en el hipotético caso de ser puestas en marcha.
Pero las autoridades catalanas sabían que ese coste nunca acabarían asumiéndolo, pues contaban de antemano con la intervención del Constitucional. Para los separatistas todo eran ventajas: además del victimismo podían explotar el carácter social de sus políticas.
Welcome Catalonia
El vídeo de Òmnium hacía referencia a la ley de pobreza energética, tumbada en verano de 2016 y sobre la que el Parlament no tenía competencias. Algo parecido sucedió con la ley de igualdad de género catalana. El Constitucional tumbó seis artículos de la normativa porque invadían de forma directa las competencias del Estado.
En abril de 2016, el Constitucional echó para atrás también la ley que gravaba con un impuesto en Cataluña las energías nucleares. La decisión del Constitucional decretó que la medida se solapaba con el impuesto aprobado ya por el Congreso de los Diputados. Igual ocurrió con el canon digital de la Generalitat. En los últimos meses, el caso más notorio ha sido la ilegalización de la norma para crear una Seguridad Social catalana.
También con las pensiones
La aprobación de la ley que debía crear la Agencia Catalana de Protección Social, organismo pensado para suplantar a la Seguridad Social, llegó el 7 de septiembre de este año, en plena preparación para la consulta del 1-O. Sin embargo, dos meses antes los altos cargos de la Consejería de Hacienda preparaban ya un argumentario no para explicar al ciudadano que el cambio le iba a reportar más ventajas o mayor calidad de vida, sino para convencerle de que lo mejor era separarse de España.
Conversaciones sobre la creación de la Seguridad Social catalana.
“Datos que ya conocemos sobre por qué el sistema de la Seguridad Social catalana es más sostenible que el español”, escribía Natalia Mas, directora general de Análisis Económico de la Vicepresidencia, dos semanas antes de que se aprobara la norma. El argumentario lanza frases como que “el proceso de independencia abre la puerta a un Estado del bienestar más eficiente y sostenible”, y ello pese a reconocer unas líneas antes que los factores a tener en cuenta (salarios y envejecimiento de la población) son “muy similares” entre Cataluña y el resto de España.
“Creo que merece la pena que nos miremos todo al detalle para, a partir de aquí, trabajar todos en el argumentario y datos para comunicar”, terminaba el correo, incautado en las pesquisas que la Guardia Civil ha hecho para el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona.