Guerra entre el PP y Ciudadanos por ver quién impulsa primero el plan de regeneración que los dos partidos firmaron en el pacto de investidura cuando Cristina Cifuentes llegó a la Real Casa de Correos. Ahora es el portavoz de Ciudadanos en la Asamblea, Ignacio Aguado, quien ha registrado una proposición de ley para establecer la incompatibilidad entre ser diputado autonómico y alcalde o concejal

Sin embargo, la propia presidenta autonómica ya impulsó hace un año y medio un plan mucho más extenso en el que, además de incluir esta misma medida, planteaba reformas legales para limitar a dos los mandatos del presidente y los miembros del Gobierno autonómico, reducir el número de parlamentarios y establecer listas abiertas. Se apruebe una u otra, ninguno de los beneficiarios tendrá que renunciar a un puesto de trabajo hasta la legislatura próxima.

El Gobierno de Cifuentes aprobó la batería de propuestas y la Mesa de la Asamblea de Madrid admitió a trámite el proyecto de ley y fijó los plazos para presentar enmiendas. Podemos y Ciudadanos presentaron sendas enmiendas a la totalidad. En el pleno del 3 de noviembre se debate el texto presentado por el partido morado, que fue rechazado por los parlamentarios. A continuación, el partido naranja retiró el suyo y, junto con PSOE y Podemos, presentan enmiendas al articulado al proyecto de ley que aprobó el Gobierno de Cristina Cifuentes. La Mesa las admitió a trámite y las envió a la comisión del estatuto donde el proyecto está todavía paralizado.

Ahora es Ciudadanos el que ha comenzado a trabajar individualmente por el lema "una persona, un cargo, un sueldo" mientras que el PP critica que "se han dedicado a obstruir, a no facilitar, y ahora presentan por su cuenta una medida que es puro márketing".

La formación naranja está convencido de que contará con el apoyo del PP para darle luz verde a la iniciativa, pero también espera el voto favorable de todos los grupos parlamentarios. Así, se modificaría la Ley Electoral de la Comunidad de Madrid. No es una iniciativa pionera: Andalucía y Galicia poseen desde hace años un marco legislativo similar, informaron desde Ciudadanos a este periódico.

Una relación tensa

La propuesta se enmarca en una escalada de tiras y aflojas en la tensa relación política que mantienen Aguado y Cifuentes.  A la presidenta madrileña le gustaría que Ciudadanos tuviera "más lealtad" en el día a día y le acusa de incoherentes en la actividad autonómica al alinearse con Podemos o PSOE, según comentó en EsRadio. La hostilidad tuvo otro punto álgido en el plantón que la popular le dio al portavoz de la formación naranja en la última reunión semestral para analizar el acuerdo de investidura que hace posible el Gobierno del PP en la región. Pero, según esgrimió, que Cs vote la mayoría de las veces con los otros grupos de la oposición no impide que el acuerdo se esté "cumpliendo de forma sistemática".

El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea quiere crear un clima favorable a esta propuesta. Según recoge Europa Press, Aguado dijo que, pese a todo, "solamente" 5 puntos de los 76 del pacto de investidura todavía están sin iniciar y que se ha cumplido en un "52%", por lo que en cuanto que no haya incumplimientos del acuerdo de investidura respetarán que Cristina Cifuentes siga gobernando la Comunidad de Madrid.

El establecimiento de esta incompatibilidad no afectaría al derecho de sufragio pasivo de ser elegido, sino que se trataría de que, una vez que una persona haya sido elegida como diputado autonómico y alcalde o concejal, tenga que renunciar a uno de los cargos y a su correspondiente retribución.

Los afectados y sus sueldos

Si la ley fuera efectiva hoy, serían 8 los diputados damnificados. En términos monetarios, algunos, como el socialista Juan Lobato -alcalde de Soto del Real-, no verían su sueldo alterado porque no cobra como edil. Otros, como el alcalde popular de Alcorcón, David Pérez, habrían de renunciar a un buen pellizco porque no ejercen ninguno de sus cargos con exclusividad.

En la actualidad sólo 2 de estos 8 diputados ostentan la condición de dedicación no exclusiva, lo que les rebaja el suelo base que reciben de la Asamblea de 3.503,46 euros a 1.221,83. Son Ignacio García de Vinuesa, alcalde de Alcobendas, y David Pérez. El regidor alcobendense cobra por su puesto municipal 6.250 euros mensuales y su homólogo alcorconero algo menos de 5.430 euros al mes.

El resto de diputados con cargos municipales son los populares Ana Belén Barbero -alcaldesa de Colmenar del Arroyo-, José Luis Fernández-Quejo -concejal de San Lorenzo del Escorial-, Begoña García Martín -regidora de Santa María de la Alameda- y Lucila Toledo -alcaldesa de Villar del Olmo-, así como la socialista Carmen Mena Romero, concejala de Humanes.

Noticias relacionadas