Ha pasado 20 años ocupando cargos públicos, y ahora ha sido detenido al ser el foco principal de una de las investigaciones por corrupción más importantes de la Audiencia Nacional. Su nombre es Ignacio González (Madrid, octubre de 1960), expresidente de la Comunidad de Madrid, exsecretario general del Partido Popular en la capital y el hombre siempre detrás de Esperanza Aguirre. Junto a ella y bajo su mando, ambos lideraron ministerios y gobiernos autonómicos. Cambiaron leyes, compraron empresas y otorgaron contratos. Ahora, la Justicia sospecha que mientras todo aquello sucedía, González amasaba una fortuna millonaria y colocaba el dinero en el extranjero a nombre de varios testaferros.
Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid, González ha vinculado siempre su carrera profesional al sector público, encadenando un cargo de confianza tras otro. En 1984 aprobó las oposiciones de Técnico Superior en el Ayuntamiento de Madrid y comenzó a trabajar bajo el amparo de Esperanza Aguirre. En 1996, fue nombrado subsecretario del Ministerio de Cultura, bajo la cartera de su eterna valedora. Y secretario de Estado de Administraciones Públicas en 1999 con Jesús Posadas como responsable del ministerio. De ahí, González pasó a ocupar la secretaría de Estado de Inmigración, hasta que en 2003 fue nombrado vicepresidente primero del Gobierno de la Comunidad de Madrid y portavoz del gabinete encabezado por Aguirre.
Es aquí donde los investigadores ponen el foco en los negocios y relaciones de González, que comienza a atesorar cargos y colocar a personas afines en puestos de responsabilidad de la Administración autonómica.
Su padre era entonces asesor del Partido Popular en el Senado y su hermano -también detenido- ocupó un puesto de responsabilidad en la empresa pública Mercasa. Su mujer, Lourdes Cavero, entró en septiembre de 2011 como vicepresidenta de la CEIM. Ahora, la Audiencia Nacional investiga también a la patronal madrileña bajo el mandato de Arturo Fernández por financiar presuntamente las campañas electorales del PP de Madrid. En esos comicios, González era el presidente del Comité Electoral del PP en Madrid.
El año en el que todo estalla
En febrero de 2009, González se hace cargo de la Consejería de Cultura y Deportes, y lo compagina con la presidencia del Canal de Isabel II, una de las instituciones que ahora investiga la Audiencia Nacional como elemento para desviar fondos públicos a sus cuentas personales.
Es en esa misma fecha, 2009, cuando se inaugura otra de las obras más cuestionadas e investigadas también por los tribunales en la Operación Lezo: el tren de Navalcarnero. Los agentes sospechan que González y sus colaboradores cobraron comisiones millonarias de una constructora adjudicataria y las colocaron en el extranjero a nombre de terceros a cambio de la adjudicación de esa obra. Sin embargo la concesión se torció. Y un año después (2010), dos detectives privados son enviados a Colombia para registrar el viaje de González.
La filtración de la grabación supuso la evidencia de una guerra sucia dentro del Partido Popular. Una batalla por la sucesión dentro del grupo tras la previsible salida de Aguirre. Más si cabe tras la constatación -ese mismo 2009- de que un equipo vinculado a la Consejería de Interior, controlada por Francisco Granados, había realizado también seguimientos a otros políticos del PP como el exconsejero Alfredo Prada o el exnúmero dos del Ayuntamiento de Madrid, Manuel Cobo.
Uno de los agentes acusados, Antonio Coronado, aseguró por carta en el juzgado en julio de 2015 que había sido el propio Ignacio González la persona que encargó esos seguimientos. El procedimiento, ocho años después, sigue abierto.
En 2009 comenzaron a aparecer dossieres sobre González y sus relaciones con distintos empresarios de la Comunidad de Madrid. Uno de ellos informaba por ejemplo sobre el viaje del hombre de confianza de Aguirre a Ciudad del Cabo (Sudáfrica) junto al empresario Enrique Sánchez González, responsable del grupo Sagital. Otro vinculaba directamente los negocios de su mujer, Lourdes Cavero, con una empresa de arte de la que era socia también Anta Botella.
En esta batalla mediática, el Canal de Isabel II se convirtió en una importante arma para González. Una herramienta para controlar a los medios de comunicación frente a informaciones adversas. O al menos para intentarlo, ya que la empresa pública madrileña era una de las principales anunciantes de la Administración autonómica. De ella dependían contratos millonarios en publicidad para radios, televisiones y periódicos de todo signo y condición. Y González lo hacía saber sin tapujos.
La guerra del ático
La lucha interna del PP de Madrid prosiguió en 2011, cuando la Policía recibió el soplo de que González disfrutaba de un ático de lujo a bajo precio que se pagó en realidad por medio de una empresa pantalla. El conocimiento público de la investigación policial provocó una batalla de González en los juzgados contra el entonces responsable de la Policía Nacional en Marbella, Hermes de Dios, que resultó absuelto.
El expresidente madrileño empleó los servicios jurídicos de su Gobierno para sufragar esta guerra.
De aquella fecha (primeros meses del 2011) es también la grabación entre González y dos comisarios de Policía en la que tratan abiertamente sobre la investigación policial que estaba arrancando en su contra. Tras la filtración de aquella conversación, cinco años después y con González postulándose como cabeza de lista del PP por Madrid frente a Cristina Cifuentes, el delfín de Esperanza Aguirre aseguró que había sido extorsionado por los agentes.
Sin embargo, la investigación del ático sigue su curso y tanto el político madrileño como su mujer permanecen imputados en la causa, junto al presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo. De hecho, fuentes de la investigación han confirmado a EL ESPAÑOL que el magistrado encargado de la Operación Lezo, Eloy Velasco baraja incorporar a sus pesquisas las diligencias abiertas en Estepona por la compra del inmueble.
Un hombre fuera de las listas
El 17 de septiembre de 2012, Esperanza Aguirre presentó su dimisión como presidenta de la Comunidad de Madrid por motivos de salud. Así, González pasó a ser presidente interino de la Comunidad de Madrid hasta que en 2015 y sin poder validar su puesto en las urnas, Mariano Rajoy le dejó fuera de la política.
Pesó entonces su imputación por la investigación del ático y también los rumores sobre la presentación de un informe policial demoledor de adjudicaciones en Arganda del Rey (Madrid). Rajoy no quiso arriesgarse y renovó el PP con Cristina Cifuentes al frente. Ahora, ella ha revalidado su papel como lideresa, mientras González tendrá que dar cada vez más explicaciones.