El Gobierno vasco ha reiterado este martes su apoyo al proceso de desarme   anunciado por ETA en el que se ha implicado directamente el lehendakari, Iñigo Urkullu, y al que ofrecerá “cobertura institucional” con su presencia si se efectúa bajo las condiciones anunciadas de unilateralidad, irreversibilidad y legalidad.



Así lo ha expresado su portavoz, Josu Erkoreka, al término de la habitual reunión del Consejo de Gobierno, cuando a preguntas de los periodistas ha aludido a la función de “puente” desarrollada por el Ejecutivo entre el Gobierno de Mariano Rajoy y el grupo de activistas de Luhuso encabezado por Txtex Etcheverry, a quien ETA ha encomendado el desarme, y la comisión internacional de verificadores representada por Ram Manikkalingam.



Ha sido el propio Urkullu el que de manera “leal” ha mantenido informado al presidente Mariano Rajoy, con el que se entrevistó el pasado martes en Moncloa para comunicarle los planes de la banda terrorista tres días antes de que Etcheverry los diera a conocer en el periódico Le Monde.



El “compromiso” del lehendakari continúa y seguirá informando “cumplida y lealmente” a Rajoy en el supuesto de que se produzcan “nuevos datos relevantes”, ha asegurado Erkoreka, que ha afirmado que su Gobierno ha mantenido “numerosos contactos” con los representantes de los grupos sociales que actúan como mediadores con ETA.

La labor de enlace que se atribuye el Gobierno vasco se produce en un momento dulce de las relaciones entre PP y PNV, cuyo acercamiento se afianza cada día. Tras los graves desencuentros de la legislatura anterior, los populares se han convertido en el socio presupuestario de Urkullu en el País Vasco y los nacionalistas negocian en Madrid su apoyo a los Presupuestos Generales del Estado con voluntad de acuerdo. Y son sólo dos ejemplos.

El consejero portavoz ha insinuado, por otro lado, que la labor de “puente” de su Gobierno se ha extendido también al Gobierno de Francia, territorio donde se ubican la práctica totalidad de los zulos de ETA y donde se va a llevar a cabo el desarme anunciado para el próximo 8 de abril. "El lehendakari no ha tenido contacto directo con el Gobierno francés, pero el Gobierno no es sólo el lehendakari; tiene responsables de diferentes áreas, tiene colaboradores que lógicamente materializan esos contactos", ha afirmado sin mayor concreción.



COBERTURA INSTITUCIONAL



Además del papel de “puente” entre unos “interlocutores y otros”, el Ejecutivo PNV-PSE “seguirá vigilante” para que “se respeten y cumplan” los criterios establecidos para el desarme. Una de las condiciones más importantes es que las armas no sean destruidas ni manipuladas para que puedan ser sometidas a peritaje policial y contribuyan a esclarecer asesinatos pendientes de resolver.



EL Gobierno vasco “evaluará” las circunstancias que se produzcan junto a los verificadores internacionales y si los requisitos exigidos a ETA se cumplen supervisará la operación de desarme ofreciéndole cobertura institucional, mediante una “presencia” que Erkoreka no ha concretado, porque “nada puede decir” sobre escenarios y actos cuya organización no corresponde al Ejecutivo.



El portavoz ha valorado la importancia de la cobertura que ofrece su Gobierno al considerar que “garantiza la presencia de una institución pública que ha mantenido contactos con otras instituciones públicas que pueden contribuir a facilitar la operación del desarme en los términos en los que está concebida”.



Etcheverry ha anunciado que la escenificación del desarme de ETA tendrá lugar en Iparralde y será un acto masivo en el que participará una amplia representación política, social y sindical. Previamente la banda terrorista habrá entregado al grupo que lidera la geolocalización de los zulos que contienen su arsenal y sus miembros tendrán que haber trasladado esta información a la policía y justicia francesas, según el diseño previsto. El proceso que culminará el día 8 contará con la supervisión del Comité Nacional de Verificación.



ENTREVISTA CON ZOIDO



Erkoreka no ha querido aclarar si la Ertzaintza participará de algún modo en el desarme ni si ese tema estará sobre la mesa de la reunión que mantendrán este miércoles la consejera vasca de Seguridad, Estefanía Beltrán de Heredia, con el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido. La cita, prevista tras la salida de Jorge Fernández del Ministerio del Interior, responde en principio a otra agenda, vinculada a los recursos judiciales interpuestos por el Gobierno contra las OPE de la Ertzaintza y la convocatoria de la Junta de Seguridad del País Vasco



APOYO DEL PARLAMENTO VASCO



En la misma línea que lo comentado por el portavoz Josu Erkoreka, los grupos que sostienen al Gobierno, PNV y PSE-EE, han presentando en el Parlamento Vasco una proposición no de ley para su debate urgente, en la que piden a ETA que proceda a “un único acto de desarme unilateral, completo, definitivo y verificado en el más breve espacio de tiempo posible”. En su propuesta solicitan la intervención del Ejecutivo vasco para que apoye “un acto de desarme final con garantías de legalidad y seguridad” e instan a los Gobiernos español y francés a “coadyuvar en la culminación del desarme de la banda”.

El lehendakari y Alfonso Alonso se saludan tras un pleno del Parlamento vasco Efe



Su iniciativa, que probablemente se debatirá en el pleno del 6 de abril, será aprobada por la Cámara al contar ya con el respaldo de EH Bildu, que ha anunciado su voto a favor por considerar que la propuesta de PNV y PSE-EE se articula sobre la base de un texto planteado días antes por la coalición abertzale en torno a la contribución de instituciones y grupos sociales en el desarme de ETA.

POLÉMICA POR EL ACERCAMIENTO DE PRESOS



El desarme de ETA está planteado teóricamente sin contrapartidas. Según lo que ha trascendido hasta el momento la unilateralidad es una de las condiciones a las se ha avenido la banda y no está ligada a una respuesta concreta, ni tampoco al acercamiento de los presos de ETA a cárceles vascas, una de las reivindicaciones permanentes del Gobierno vasco ante el Ejecutivo de Mariano Rajoy.



La publicación este martes por los diarios del Grupo Vocento de un plan para acabar con la dispersión remitido desde Madrid a Vitoria ha obligado a Erkoreka a precisar que la Secretaría de Paz y Convivencia “traslada” periódicamente desde 2013 sus propuestas sobre política penitenciaria y que la última conocida ahora corresponde a una “actualización” elaborada en noviembre de 2016.



Erkoreka ha insistido en desligar este documento del proceso de desarme, al asegurar que no contiene información que se haya elaborado estos días y afirmar que sus planteamientos son los mismos que ha venido manteniendo el Gobierno “de manera habitual “ durante la pasada legislatura. Dentro de esos criterios ha incluido la previsión contenida en el plan de que los presos de ETA no cumplan condena en cárceles situadas a más de 250 kilómetros del País Vasco.



Sus explicaciones han sido rebatidas por el presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, que ha mantenido “que no se cree nadie “ que la propuesta del Gobierno vasco no esté ligada con el anuncio de desarme de ETA. Por el contrario, la ha considerado “un precio a pagar” a la organización terrorista por la entrega de las armas y ha exigido al Ejecutivo de Iñigo Urkullu que rectifique y “deje de actuar como portavoz de ETA”, informa Europa Press.



Alonso ha considerado que “no es de recibo” que el Gobierno vasco pida el acercamiento de presos “al día siguiente de que se anuncie una operación propagandística de desarme”. “Merecemos saber si hay alguna estrategia. ¿Por qué coinciden estos hechos en el tiempo, en qué medida está actuando el Gobierno vasco como portavoz de los intereses de lo que sigue siendo una organización terrorista?”, ha cuestionado el político popular.

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