Barberá y las lecciones del 'club de los bastardos corruptos': la doble vigilancia política y judicial

En 2008, el senador republicano por Alaska Ted Stevens se vio envuelto en un escándalo de corrupción conocido en Estados Unidos como The Corrupt Bastard's Club (El Club de los Bastardos Corruptos). Stevens y una decena de diputados del Congreso de Alaska fueron acusados de aceptar cuantiosos sobornos de una compañía petrolera a cambio de votos a favor de sus intereses. Stevens era entonces el senador electo más veterano de la Cámara, en la que trabajaba desde 1968, y tenía fama de ser un político con una reputación intachable.

La investigación dijo que la petrolera pagó 250.000 dólares para reformar la casa de Stevens. El senador exigió un juicio rápido para “limpiar su nombre” antes de las elecciones de noviembre, en las que se presentaba nuevamente a la reelección. Un jurado popular condenó a Stevens a 12 días de las elecciones. Los entonces candidatos a la presidencia Barack Obama y John McCain pidieron su dimisión inmediata. Stevens perdió el escaño en las urnas, pero siguió defendiendo su inocencia.

Revocar la condena

En febrero del 2009, un agente del FBI prestó una declaración jurada en la que acusaba a la Fiscalía de ocultar pruebas concluyentes que exculpaban al senador. Según su testimonio, los fiscales del caso ignoraron a un testigo clave que negó cualquier participación de la empresa petrolera en la reforma de la casa de Stevens. El Fiscal General del Estado, Eric Holder, retiró todos los cargos contra el ya ex senador y dejó la condena sin efecto. Stevens murió en un accidente de avioneta en agosto del 2010. Tenía 86 años.

El caso del Club de los Bastardos Corruptos abrió un debate en Estados Unidos sobre los límites de la acción de la Justicia y las responsabilidades políticas en los casos de corrupción. Un debate similar al que quiere abrir ahora el PP tras la muerte de Rita Barberá. "El padecimiento horroroso de Rita nos debe hacer reflexionar", dijo el portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo. Pero en Estados Unidos nadie denunció una presión insoportable contra Stevens. El debate se centró en cómo mejorar su sistema. Entre otras cosas porque lo había y lo hay. Es una doble responsabilidad en los casos de corrupción, que recae, por un lado, sobre los políticos y, por otro, sobre los fiscales e investigadores.

En España, equivocaremos el foco si nos ponemos a juzgar si blanquear 1.000 euros es poco o nada. Y pondremos un parche si la solución se queda en apartar o no a un cargo en el momento de la imputación o en la apertura del juicio oral. Es necesario garantizar a la vez la presunción de inocencia y la persecución implacable de la corrupción. Y, quizá lo más importante, reformar de una vez la Justicia. 

Con Stevens, Holder no se limitó a exculpar al senador, sino que fue a por los fiscales. Los dos fueron imputados por desacato y apartados de la carrera judicial. Además despidió a todos los responsables del equipo de investigación del Public Integrity Section, que es el organismo del Departamento de Justicia americano que persigue la corrupción. El mensaje de Holder fue claro: ningún fiscal podía pasarse de la raya fueran cuales fuesen sus motivaciones (venganza, políticas o de ambición personal). 

Expulsar cargos electos

¿Qué hubiera pasado con Stevens en España? La diferencia política fundamental es que el Senado y la Cámara de Representantes de Estados Unidos sí tienen la facultad de expulsar a los cargos electos de sus escaños, y no sólo de un grupo o partido como ocurre en España. Es una prerrogativa que se ha usado muy pocas veces, pero que en muchas ocasiones ha actuado como cortafuegos, forzando numerosas renuncias al acta antes de finalizar el proceso. Sólo 20 personas -cinco congresistas y 15 senadores- han sido expulsados a lo largo de la historia americana. Hasta 17 son parlamentarios que apoyaron al bando Confederado durante la Guerra Civil. Pero tres de ellos salieron por casos de corrupción.

La expulsión es un proceso largo, pero también garantista. Las alegaciones contra el perjudicado deben ser analizadas por un comité de ética y si finalmente se decide que hay pruebas incriminatorias suficientes, se requiere el voto de los dos tercios de la Cámara para aprobar la expulsión. Muchas veces, la condena judicial llega antes de que finalice el proceso. Otras, los propios afectados toman la decisión de renunciar al ver la cantidad de pruebas que se acumulan en su contra.

La transparencia y esta doble vigilancia tanto a nivel político como judicial es una manera de exigir responsabilidades. Ningún sistema es perfecto ni está exento de fallos. Lo importante es que efectivamente exista un sistema con reglas del juego claras que perdure en el tiempo.