Las llamas se han apoderado en España en estos primeros quince días de agosto de montes singulares. En Galicia, por ejemplo, muchos estaban cerca de diferentes zonas rurales, que han estado en riesgo por la cercanía del fuego. Miles de hectáreas de pinares y eucaliptos han quedado arrasadas. Pero, ¿cuál es la razón de estos incendios? ¿Se provocan por especulación urbanística? Según los expertos, no.
La conselleira de Medio Rural, Ángeles Vázquez, afirma que la “mayoría de los fuegos son intencionados, sin duda ninguna y no hay más que ver las horas y los lugares”. Sin embargo, hace poco más de un año las miradas no apuntaban ahí.
La modificación de la Ley de Montes se aprobó el 21 de julio de 2015, con los votos a favor de PP, UPyD y UPN, la abstención del PSOE y el voto en contra del resto de grupos.
Los aspectos más polémicos a los que aludieron entonces los parlamentarios de la oposición tenían que ver con que la norma “degradara” el papel de los agentes forestales a la hora de denunciar delitos ambientales o dejara “en manos de las Comunidades Autónomas” la recalificación de los montes quemados, hasta entonces (con la Ley de Montes de 2003), blindados en los 30 años posteriores al fuego.
El rechazo a la modificación
Este último cambio en el artículo 50 hizo -y hace- poner el grito en el cielo a muchos, ya que se añadía una excepción “para terrenos en que concurran razones imperiosas de interés general de primer orden” que resulten prevalentes sobre su carácter forestal. Esta prevalencia debe ser definida por una norma con rango de ley, lo que exige un “proceso de participación pública y un pronunciamiento con sede en la soberanía popular”. Por último, se exigen “medidas compensatorias”.
Esta excepción fue uno de los aspectos que más rechazo generó a las cinco grandes organizaciones ecologistas a nivel nacional (Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF), ya que podría "reabrir la posibilidad de construir en montes quemados" facilitando, a su juicio, "la especulación urbanística, que ha motivado algunos de los mayores incendios de nuestro país".
"No han existido recalificaciones"
El portavoz de Ecologistas en Acción, Theo Oberhuber, señala a EL ESPAÑOL que, en el tiempo transcurrido desde que entró en vigor la ley, "no han existido recalificaciones". En la práctica, significa que, todavía, "no se ha construido sobre terreno quemado" antes de los 30 años fijados.
Oberhuber apunta a que una de las razones es que, debido a la "presión realizada" por grupos ecologistas, "muchas" administraciones autonómicas se comprometieron a "no hacerlo".
El responsable de la campaña de bosques de Greenpeace España, Miguel Ángel Soto, se muestra más concluyente: "Digámoslo alto y claro: no hay ninguna relación entre los incendios provocados y la última modificación de la Ley de Montes".
Para este experto, el "móvil económico" no es "el problema del monte español", sino que es "minoritario". "Las malas prácticas agrícolas o ganaderas están por delante en las causas de los incendios", explica Soto, quien asegura que la modificación no les gusta pero "no es la causa principal" de los fuegos.