"Retroceso" y "ataque contra los derechos de los trabajadores" de la Región de Murcia. Así de contundentes se muestran desde el PSOE y CCOO -el sindicato mayoritario en la comunidad- al valorar la propuesta de modificación de ley para suprimir la obligatoriedad de pagar a los sindicatos con mayor representación que han aprobado en la Asamblea Regional PP y Vox.
En concreto, los dos partidos han dado este martes el visto bueno a elaborar una modificación de la Ley 5/2017 de participación institucional de las organizaciones sindicales y empresariales más representativas. Una medida que llega justo después del acuerdo de presupuestos autonómicos que el PP logró sacar adelante con el apoyo de Vox.
Por esta razón, la secretaria general de CCOO, Teresa Fuentes, valora ante EL ESPAÑOL que "el PP está cogiendo una senda peligrosa por haberse plegado a este tipo de políticas". Y es que el recorte de las ayudas a los sindicatos es uno de los pilares ideológicos de Vox, tanto a nivel nacional como autonómico.
"La propuesta de modificación de ley aprobada este martes nos parece un ataque contra la clase trabajadora, contra las más de 660.000 personas que están activas en la Región de Murcia, porque están intentando denostar el papel de los sindicatos en las más de 96 mesas de diálogo social en las que participamos".
De manera que Teresa Fuentes asegura que tienen previsto "demandar" esta decisión adoptada en la Asamblea Regional "del mismo modo que el año pasado interpusimos tres demandas por otro acuerdo al que llegó el PP con Vox por el que recortaron el 25% de las asignaciones a los sindicatos".
"En Murcia hay un 21% de trabajadores que son pobres, y un 40% de pobreza infantil. Mucha gente no llega a fin de mes, y esa es una realidad. Yo le pediría a estas personas que no se dejen llevar por argumentos que generan odio, que tuvieran confianza y se acercaran al sindicato porque es una herramienta muy útil".
En este sentido, Fuentes valora que "está totalmente comprobado que donde hay organización sindical las condiciones de las personas trabajadoras en esas empresas son mucho mejores que donde no la hay".
Pese a esta situación, la secretaria general del sindicato mayoritario concluye que "no vamos a dejar de estar en las mesas donde participamos. Algunas son puramente del mundo del trabajo, pero otras son de carácter social, como puede ser el pacto contra la violencia de género".
Por su parte, la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea Regional, Carmina Fernández, ha realizado este miércoles una rueda de prensa en la que ha secundado el rechazo de los sindicatos a esta medida.
Y además, ha criticado que la votación también ha supuesto "una posible vulneración de derechos fundamentales de los diputados, que este martes nos sentimos en la máxima indefensión al tener que votar sin saber si se estaba vulnerando la legalidad vigente o incluso la Constitución".
Fernández no duda en señalar que esta medida "tiene el único objetivo de materializar ese pacto de la vergüenza que han puesto en marcha el Partido Popular y Vox en la Región de Murcia".
De manera que la portavoz socialista ha anunciado que, al igual que CCOO, su partido presentará "un recurso de inconstitucionalidad contra la modificación de esa ley que recorta derechos a trabajadores y al tejido empresarial".
"También estamos estudiando la posibilidad de presentar un recurso de amparo por la posible vulneración de derechos fundamentales de los diputados, ya que se nos hurtó la posibilidad de contar con un informe que nos indicara si lo que estábamos votando se ajustaba o no a la legalidad".
PP y Vox
Desde el Partido Popular, el diputado Antonio Landáburu defendió en la Asamblea Regional la legalidad de esta medida aprobada por votación: "Con esta reforma eliminamos tan solo la obligatoriedad [de pagar a los sindicatos] sin recortar ningún derecho, por lo tanto, no hay lugar a dudas de esta constitucionalidad".
Por parte de Vox, el portavoz adjunto del grupo parlamentario, Antonio Martínez, afirmó antes de votar que la reforma "consiste en suprimir un pago directo por una participación institucional en gran medida inútil, que no garantiza la calidad del trabajo realizado, no tiene capacidad para mejorar esta Región ni tampoco el estado financiero tan lamentable de una organización que no puede garantizar el pago de los servicios públicos esenciales".
De manera que la votación salió adelante con los votos positivos de PP y Vox, pese a que Podemos-IU y PSOE votaron en contra.