La cuerda se vuelve a tensar entre el sindicato mayoritario en la Policía Nacional y el Ministerio del Interior. El sindicato JUPOL [Justicia Policial] ha anunciado la declaración de un nuevo conflicto colectivo ante el Ministerio "por la equiparación salarial real con las policías autonómicas" y "por la jubilación digna de los policías nacionales".
A través de un comunicado, este sindicato explica que adopta esta decisión "ante la falta constante de una actitud negociadora de la Administración". También reprocha al departamento que dirige el ministro Fernando Grande-Marlaska que la ansiada equiparación salarial y la reforma de la jubilación de los policías nacionales, son dos temas que "siguen atascados" con la Dirección General de la Policía.
Todo ello, a pesar de que este sindicato ya ha presentado dos conflictos colectivos en los últimos años 2019 y 2022. El secretario general de JUPOL, Aarón Rivero, defiende que "nos vemos en la obligación de dar este paso", de plantear el tercer conflicto en los últimos seis años, "debido a la nula e inexistente negociación colectiva" con el Ministerio.
"Hemos vuelto a presentar una nuevo conflicto colectivo", según confirma Rivero, a través de X [antes Twitter]. "Lo hacemos porque seguimos exigiendo que se reconozca nuestro derecho a una equiparación salarial real y una jubilación digna porque no podemos permitir que no se valore nuestro esfuerzo y compromiso".
A juicio del secretario general de JUPOL, tales reivindicaciones son "una causa de todos los policías", por lo que ha hecho un llamamiento público al resto de organizaciones sindicales de la Policía Nacional, para que "se unan a este conflicto porque juntos, nuestra voz será más fuerte y nuestras reivindicaciones más contundentes. Es el momento de alzar nuestra voz".
El objetivo de este conflicto es presionar al Ministerio del Interior a negociar unas reivindicaciones que son, en mayor o menor medida, compartidas por la mayoría de sindicatos policiales. Valga como botón de muestra que la diferencia entre el salario mensual de un agente de la escala básica de la Policía Nacional, respecto a uno de la Policía Local, varía en función de la comunidad autónoma, pero según diversos datos estadísticos, como mínimo es de 600 euros mensuales en adelante.
Aunque esa cifra se dispara de manera notable en comparación con los Mossos d’Esquadra (Policía autonómica de Cataluña) o la Ertzaintza (Policía autonómica del País Vasco). La brecha en las condiciones laborales también se refleja en la jubilación, ya que los policías autonómicas y locales pueden jubilarse de forma anticipada, a los 59 años de edad, algo imposible para los policías nacionales porque no tienen reconocida la aplicación de índices correctores a su jubilación.
Tal situación no solo les obliga a alargar su labor, sino que además les causa una pérdida de poder adquisitivo, de hasta 1.000 euros mensuales, en el caso de jubilarse de manera anticipada porque no estén en condiciones de seguir operativos por el enorme riesgo y desgaste físico que entraña su servicio a pie de calle.