La Fiscalía Anticorrupción solicita 19 años de prisión para Eduardo Zaplana por el supuesto cobro de comisiones millonarias por las adjudicaciones públicas de las ITV y el plan eólico de la Comunidad Valenciana.
El juzgado ha abierto juicio oral contra el expresidente de la Generalitat y su sucesor en Valencia, José Luis Olivas. Ambos están acusados de formar parte de una supuesta organización criminal de la que también formarían parte varios empresarios. La trama habría llegado a acumular en el extranjero alrededor de 20 millones de euros, según la investigación de la Fiscalía.
Zaplana siempre ha negado los hechos y ha pedido una serie de diligencias de investigación para intentar desmontar las acusaciones y así evitar el juicio. No obstante, la Fiscalía ha localizado en Suiza cerca de 7 millones de euros cuya titularidad le atribuye.
[Eduardo Zaplana niega que el dinero hallado en Suiza sea suyo y pide declarar ante la juez]
Tras recibir la acusación de Anticorrupción, el juzgado ha iniciado los trámites para sentar a los acusados en el banquillo. Además, ha confirmado el archivo de la causa que ya decretó hace meses contra la mujer de Zaplana, Rosa Barceló, y otras tres cónyugues de diversos acusados.
Poco después de conocerse la petición de la Fiscalía Anticorrupción, Zaplana ha mostrado "mi más absoluta disconformidad con sus conclusiones y reitero mi inocencia de todos los cargos que se me imputan".
"Al menos, el fiscal reconoce la ausencia de responsabilidad de determinadas personas que se han visto sometidas injustamente a este procedimiento durante años, de lo que me congratulo, del mismo modo que lamento que esa exclusión de responsabilidad no se haya hecho extensiva a otras personas a las que se imputó por el mero hecho de mantener relaciones de parentesco, amistad o laborales", ha señalado.
"Confío en que, tras estos largos siete años de instrucción inquisitorial, en el acto del juicio oral se puedan practicar las pruebas que me permitan demostrar mi inocencia y que hasta el momento me han sido vedadas", ha reiterado.
Los Cotino
La magistrada ha concluido que el también exministro del PP, desde que dejó la política activa en 2008, "realizó los actos necesarios para ocultar el origen del patrimonio ilícitamente obtenido para su posterior disfrute a través de sociedades y testaferros", según consta en el auto al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.
"Durante su extensa carrera política formó un grupo de personas cercanas con la finalidad de obtener beneficios ilícitos gracias a la posición institucional y de gobierno que le permitía realizar acción efectiva institucional en su propio beneficio e interés contando con la colaboración del núcleo de personas" de su confianza.
Cada miembro de la supuesta trama "ostentaba una función dentro del organigrama diseñado por el acusado para lucrarse a través de las diferentes formas de contratación y de gestión de servicios públicos en su más amplia expresión".
"La organización diseñada empleaba sociedades radicadas en el extranjero, en diferentes países y que estaban creadas con el propósito tanto de recibir los sobornos por las adjudicaciones predeterminadas, como para ocultar el origen ilícito de los bienes contribuyendo a su transformación e integración posterior en el circuito económico", relata la juez.
En la búsqueda de este benefició ilícito supuestamente también participó la familia de Juan Cotino, ex director general de la Policía y expresidente de las Cortes Valencianas fallecido en 2020 tras contagiarse por Covid.
Los Cotino habrían creado parte de "la estructura societaria para obtener en una primera fase la adjudicación amañada de concesiones públicas de acuerdo con la organización liderada por Eduardo Zaplana y que daba el soporte político e institucional para conseguir sus propósitos simulando como se verá una adjudicación aparentemente formal y legal.
La Fiscalía ha pedido el decomiso de más de 10 millones de euros de la familia Cotino que habría obtenido con esta actividad supuestamente ilícita.
Luxemburgo y España
Anticorrupción asegura que la trama creó una estructura societaria en España y Luxemburgo que dependía de los sobrinos de Juan Cotino, los hermanos Vicente y José Cotino. Anticorrupción solicita para ambos una pena de 14 años de prisión para cada uno.
Mientras, para Elvira Suanzes, exdiputada del PP en las Corts y amiga personal de Zaplana, y su hermano Saturnino Suanzes, el fiscal solicita cinco años de prisión para cada uno por su colaboración con la trama.
Esta red era empleada para la supuesta adjudicación predeterminada de contratos y concesiones públicas, "ocultando el dinero procedente de los sobornos".
La juez coincide con Anticorrupción y, en el auto de apertura de juicio oral, subraya que "el diseño organizativo de Eduardo Zaplana respecto de su estructura societaria para no estar visible en ninguna operación mercantil o de gestión que pudiera vincularle con el pago de los sobornos por las adjudicaciones amañadas coloca como financiero para la gestión de los fondos a Francisco Grau Jornet".
Grau formaba parte "de su círculo de amistad más estrecho y que poseía los conocimientos financieros para dar las órdenes oportunas a Beatriz García Paesa", sobrina del celebre espía español Francisco Paesa y "fiduciaria de los fondos una vez que eran acordadas las operaciones con Eduardo Zaplana".
Mientras, Joaquín Barceló, amigo del exdirigente del PP, "era el que aparecía al exterior en las sociedades mercantiles y titulaba los fondos de las mismas, siendo un cometido de absoluta confianza encargado expresamente por Eduardo Zaplana por la amistad que tenía desde hace muchos años".
Barceló es una "persona sin la que no hubiera sido posible ocultar todo su patrimonio ilícito". "Era perfecto conocedor del origen delictivo de los fondos y participaba también de su gestión, de las inversiones que se realizaron en España con dicho dinero y de las ganancias que con ellos se obtuvieron, siguiendo las indicaciones de su jefe Eduardo Zaplana", señala la juez.
Siguiendo con el plan trazado, "Beatriz García Paesa mantuvo el primer contacto personal con Francisco Grau y Joaquín Barceló con fecha 24 de mayo de 2006 en el restaurante La Dorada de Madrid".
En esa misma fecha, "Eduardo Zaplana se reunió en el Hotel Cuzco de Madrid con Francisco Grau a las nueve horas para darle las instrucciones necesarias y acordar los términos de la reunión en la que de forma interesada y, pese a ser el dueño real de la empresa y fondos, no iba a asistir pues en aquel momento desempeñaba un cargo público" como portavoz del PP en el Congreso.
La comisión rogatoria remitida por Luxemburgo "confirma documentalmente el traspaso de la titularidad de ambas sociedades gestionadas por Beatriz García Paesa" a la trama.
El origen del caso
No obstante, un informe elaborado por una agencia de detectives, contratada en 2019 por Eduardo Zaplana, sostiene que "nunca" existió el famoso altillo en el que se habrían encontrado los documentos que incriminaron al exministro del PP y expresidente de la Generalitat valenciana.
Aquel hallazgo, propio de un thriller policiaco, es el núcleo de la Operación Erial. Esos folios, llenos de anotaciones sobre supuestas comisiones ilegales, provocaron, finalmente, la detención del expolítico en 2018.
Los detectives basan la conclusión de su informe en una entrevista mantenida con el segundo de los compradores del domicilio valenciano en el que antes había residido el político. El primero, que se lo adquirió a Zaplana en 2006, nunca llegó a vivir allí.
Fue en ese inmueble donde, en 2007, se habrían hallado inesperadamente los papeles incriminatorios. Aquellos folios mecanografiados fueron considerados la prueba más contundente de las supuestas mordidas cobradas por el expresidente de la Generalitat. Pero la investigación ha acreditado documentalmente el flujo del dinero.
La agencia contratada por Zaplana también investigó exhaustivamente a Imad Al Naddaf Yalouk, el ciudadano sirio —nacionalizado español— a quien se atribuye el hallazgo fortuito de estos papeles, que se habría producido una vez entró a vivir de alquiler en la vivienda. Así lo declaró éste ante los agentes de la Guardia Civil.
Aunque no son el único indicio por el que la juez ha procesado al exministro, los conocidos como papeles del sirio sí han sido considerados por la Guardia Civil como una "hoja de ruta" del supuesto cobro de comisiones ilegales, derivadas de presuntas mordidas en concesiones públicas, por parte de Eduardo Zaplana.
A pesar de que habrían sido encontrados por Al Naddaf, la Guardia Civil los localizó años después en el despacho de un amigo cercano del sirio, el autodenominado yonqui del dinero, cuyo nombre real es Marcos Benavent.
El exabogado de Benavent tras el exgerente de Imelsa en una foto de archivo.
Este último, recientemente, ha manifestado que recibió presiones para señalar a Zaplana y que lo hizo sin haber dormido en toda la noche previa a su declaración en el juzgado.