El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha tumbado el último intento de la Sociedad de Garantía Recíproca (SGR) de ocultar información sobre los avales que provocaron su quebranto millonario, y ha condenado en costas a la misma, tal y como acredita la documentación a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.
La documentación que trataba de ocultar esta sociedad avalista, rescatada por la Generalitat Valenciana en 2016 con una inyección de 200 millones y rebautizada como Afín SGR, era la identidad de quienes recibieron créditos respaldados por la misma entre 2008 y 2012. La información, solicitada por la diputada del PP Eva Ortiz en octubre de 2019, permaneció oculta durante ocho meses.
El partido tuvo que esperar a junio de este año para conocer el expediente, y solo accedió al mismo tras presentar un recurso ante el TSJCV por vulneración de derechos fundamentales. El TSJ valenciano lo admitió, y fue entonces cuando la Conselleria de Hacienda (liderada por el PSPV) accedió a brindar los documentos a los populares contra el criterio de la propia SGR.
Tanto es así que la entidad que preside Manuel Illueca respondió con un recurso de reposición “solicitando que la documentación no se entregara, en virtud de la Ley de Sociedad de Capitales”, según explica a este diario la propia firma. “Temíamos incurrir en una ilegalidad al proporcionar datos confidenciales”, argumentan al respecto.
Pero el juez, lejos de atender esta petición, incluso ha condenado a Afín a pagar las costas. La entidad defiende que esto ocurre “porque el juez entiende que no ha lugar una vez que la información se había entregado”. En cualquier caso, se pronuncia contra el último intento de la SGR de impedir la entrega de la documentación.
Se da además la paradoja de que la condena en costas obliga a la SGR a pagar tanto al PP como a la Conselleria de Hacienda, departamento del Gobierno de Ximo Puig del que depende la SGR. La misma asciende al importe máximo: 500 euros en total.
Siete autoavales
La auditoría forense encargada en 2016 reveló que siete de los empresarios que formaron parte de los órganos directivos de la SGR beneficiaron con avales a sus propias firmas, de modo que incurrieron en un “conflicto de intereses directo”. Todo ello ocurrió entre los años 2008 y 2012, con el PP en el Gobierno de la Generalitat.
Fueron, tal y como reveló eldiario.es, los empresarios José Luis Boix Fibla (Xiob Grup); Vicente Monsonís (GyC); Martirian Martín Serra (Imola SA); José Roca (expresidente de la CEC); Carlos Bernabeu Picó (Inyectados Termoplásticos Cervantes SA y Talleres Cervantes); Eugenio Soler Ases (Soler Onteniente SL) y Francisco Zamora Català (actual presidente de la Federación Valenciana de Empresarios de la Construcción).
Todos ellos y Juan Eloy Durá, que propició un aval para otra asociación empresarial, facilitaron 5,8 millones de euros en avales mediante 13 expedientes administrativos cuando eran miembros de los órganos de gobierno de la SGR.