Cerca 5.000 operaciones en solo tres meses. Este es el número de transacciones inmobiliarias notificadas a la Conselleria de Vivienda de la Generalitat Valenciana para que la administración ejerza, si lo considera, su nuevo derecho de tanteo y retracto. Tal circunstancia es posible gracias a un Decreto-ley impulsado en junio por el departamento que lidera Rubén Martínez Dalmau (Unides Podem), validado después por Les Corts Valencianes.
La norma, que fue desarrollada con el propósito de incrementar el parque público de vivienda en las zonas con mayor escasez de la autonomía, introduce una novedad importante: ahora la Generalitat Valenciana puede intervenir la compraventa de vivienda en determinados supuestos para ser quien adquiera los inmuebles.
Hasta la fecha solo podía ejercer su derecho de tanteo cuando se trataba de viviendas protegidas, y se daba además la circunstancia de que la administración no hacía un uso intensivo de este mecanismo.
Pero desde junio, además de poder intervenir la compraventa de viviendas protegidas de promoción pública y las VPO de promoción privada impulsadas a partir del 21 de abril de 2005, la administración valenciana también puede ejercer el tanteo cuando se trata de viviendas libres provenientes de subastas hipotecarias, subastas extrajudiciales, daciones en pago o transacciones de edificios de cinco o más viviendas.
También incluso ante la venta de participaciones de sociedades poseedoras de viviendas -entre otros supuestos-. Y en el caso de la banca, la Generalitat también puede interferir en cualquier operación cuando sea una entidad financiera la que vende la residencia o cuando se trate de viviendas vendidas por particulares pero que pertenecieron a un banco.
Así lo explica a EL ESPAÑOL Nora García Donet, presidenta de la Asociación de Inmobiliarias de la Comunidad Valenciana (Asicval), que denuncia que la aplicación de este decreto está ralentizando las operaciones inmobiliarias en un momento crítico para el sector, “justo cuando el mercado se abría después del confinamiento”.
Nora García Donet, presidenta de Asicval.
“Está sucediendo lo que advertimos que ocurriría. Este sistema está retrasando las operaciones una media de dos semanas, una demora que llegó a ser de un mes al principio”, expone. “Y lo peor es que sirve de poco, porque la Generalitat ejerce el derecho de tanteo en muy pocas operaciones. Nosotros vemos bien que quieran engrosar el parque público cuando se trata de grandes operaciones de VPO, pero no tiene ningún sentido que revisen compraventas de viviendas que no les interesan”, argumenta la dirigente.
Según precisa la Conselleria de Vivienda a este periódico, a fecha del pasado viernes eran 4.925 las notificaciones recibidas por el departamento, que en la mayoría de los casos ejerce un rol de mero ‘espía’ público de la operación, accediendo a los detalles de la transacción pero sin entrar en la pugna por el activo.
La directora general de Vivienda, Elena Azcárraga, subraya a este diario que tratan de responder lo más rápido posible, y que se están centrando en las transacciones de más de cinco residencias, las de edificios completos, y en las operaciones que se materializan entre personas jurídicas. “No tenemos intención de intervenir en el mercado entre particulares”, defiende.
Pequeñas operaciones
Por lo que respecta al mercado de la vivienda libre, de momento están acometiendo pequeñas operaciones, lejos de las cifras de la materializada en julio mediante la ley preexistente. Dicha transacción consistió en la adquisición de 218 viviendas protegidas que Banco Sabadell se disponía a vender al fondo Cerberus. Lo hizo por un precio de 8,5 millones de euros (a una media de 39.000 euros por vivienda).
Pero las que ahora se estudian no son tan voluminosas. “Estamos mirando operaciones interesantes de diez viviendas, de nueve en otro municipio, etc., nos fijamos siempre en las que tienen un coste inferior a los 100.000 euros por unidad y priorizamos las zonas más tensionadas, entre las que se encuentran Valencia, Alicante y sus áreas metropolitanas”, relata Azcárraga, que destaca que “las direcciones territoriales de la Generalitat están haciendo un esfuerzo enorme”.
“Nuestra intención es, una vez somos notificados de que va a producirse una operación, contestar si nos interesa o no en un plazo de entre dos y tres días y, sobre todo, contestar rápido cuando tenemos claro que no nos interesa. Formalmente tenemos dos meses para resolver y cuatro para pagar si queremos quedárnoslas, pero estamos contestando rápido para no trabar el mercado”, agrega la dirigente.
Recurso al TC
La interferencia burocrática fue una de las críticas a la medida que motivaron el rechazo de la oposición. PP, Cs y Vox votaron en contra de la normativa, y los populares fueron más allá con la presentación de un recurso contra el Decreto-ley ante el Tribunal Constitucional. A su entender, la medida de Unides Podem supone la “expropiación de un derecho fundamental” como es la propiedad privada.
“Supone burocratizar, paralizar inversión, no dar seguridad jurídica a los inversores y condenar a aquellos que quieren comprar y vender a estar supeditados a que la Generalitat tenga a bien ejercer su derecho al tanteo y retracto”, denunció la líder autonómica del PP, Isabel Bonig.
Mientras dirime el Tribunal Constitucional, la Conselleria de Vivienda sigue su hoja de ruta, que pasa por ceder a los ayuntamientos el derecho de tanteo y retracto para hacer la herramienta más efectiva. En esta línea, el departamento ya ha aprobado el convenio de colaboración tipo con los consistorios que decidan adherirse y ya lo negocia con varios.