Las claves

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El Parlamento de Andalucía ha aprobado la nueva Ley de Patrimonio de la comunidad. La norma, señalan fuentes del Gobierno andaluz, permitirá ahorrar hasta 6 millones de euros cada año en mantenimiento de sedes, solares o mobiliario de la Junta.

La ley, que ha salido adelante con los votos a favor del PP, abstención de Vox y en contra del resto de la oposición, actualiza además el régimen jurídico que tiene que ver con el patrimonio, normativa que no se tocaba desde hace más de 40 años.

Fuentes del Gobierno andaluz explican que la comunidad tiene "uno de los conjuntos patrimoniales más grandes de España" y que, para su gestión, era necesaria dotar a la región de "los más modernos instrumentos jurídicos que permitan una gestión bajo máximas de eficacia y eficiencia del patrimonio autonómico, uno de los más grandes del país".

La norma quiere "garantizar la transparencia y simplificar la gestión administrativa, así como asegurar un modelo sostenible en el uso de los bienes públicos", añaden las mismas fuentes.

La consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, Carolina España, ha destacado que la ley nace "de un compromiso" del presidente de la Junta, Juanma Moreno, que no busca "vender patrimonio", sino "protegerlo" y ponerlo "al servicio de todos".

Agencias

La ley establece una nueva definición más amplia del patrimonio de la comunidad autónoma, en la que se incluyen el conjunto de bienes y derechos de titularidad de la administración de la Junta de Andalucía y de sus agencias.

Además, contempla mecanismos efectivos que "garantizan la conservación y puesta en valor del patrimonio de Andalucía", así como "potencia la eficacia y eficiencia en la gestión, especialmente en el ámbito de los edificios administrativos de la Junta de Andalucía, eliminando gasto superfluo e innecesario, y en el del parque móvil de la comunidad, además de establecer un régimen jurídico específico para prolongar la vida útil de bienes muebles obsoletos, priorizando su reutilización y reciclaje".

Así, el texto legal "se alinea con los principios de eficacia, eficiencia, economía y racionalidad organizativa, publicidad, transparencia, colaboración, coordinación y control que deben inspirar la regulación en orden a la correcta administración, defensa y conservación del patrimonio".

Uno de los objetivos de la norma es el de "poner orden en el amplio catálogo de patrimonio público de Andalucía". Esto es, señalan fuentes de la Junta, establecer qué es y qué no es patrimonio y cómo se conserva y explota, cuestión que, entienden, no estaba resuelta hasta ahora.

Por primera vez la Junta de Andalucía pondrá a disposición de la ciudadanía una Plataforma digital de Publicidad Patrimonial, integrada dentro de su portal web y que recoge un inventario completo de los inmuebles propiedad de la Junta de Andalucía y de sus organismos dependientes.

Este portal ofrecerá también información actualizada sobre subastas, aprovechamientos y demás usos que puedan darse a dichos bienes.

Se introduce, asimismo, la figura de los proyectos públicos de aprovechamiento y explotación, por la cual las administraciones públicas territoriales de Andalucía podrán instar a la Junta a la mejora del aprovechamiento y explotación de los bienes patrimoniales radicados en su territorio.

Abandonados

De esta forma, un ayuntamiento andaluz podría por ejemplo solicitar al Gobierno autonómico que se ponga en uso un inmueble abandonado.

De la misma manera, se refuerzan los procedimientos de concurso y negociado con concurrencia y publicidad.

Y se introduce como novedad la figura de la consulta de interés de mercado, con el objetivo de recabar información directa del tejido empresarial y la sociedad civil sobre cómo concretar, optimizar o mejorar determinados proyectos o preparar los correspondientes procedimientos de adjudicación, recoge Europa Press.

En tercer lugar, la norma "se ajusta a los principios de la economía circular en la gestión de los bienes muebles de la Junta de Andalucía", siendo por tanto "pionera en la implantación de los más altos estándares medioambientales en la gestión patrimonial y el fomento del uso eficiente y la extensión de la vida útil de aquellos bienes muebles".

Segunda oportunidad

Así, se creará una 'bolsa de segunda oportunidad' para dar nuevo uso a mobiliario, material informático, vehículos y otros enseres, priorizando su reutilización, reparación o reciclaje.

Por ejemplo, aquellos vehículos que estén a punto de alcanzar el final de su vida útil podrán ser destinados para su uso por alumnos en grados formativos.

Cuando no sea posible la reutilización, los bienes podrán cederse gratuitamente a otras administraciones, entidades sin ánimo de lucro o gestores de residuos autorizados.

Por último, la nueva ley regula la obligación de protección del patrimonio y los deberes de colaboración, e incorpora, por primera vez en Andalucía, un régimen de infracciones y sanciones contra los atentados que sufra el patrimonio autonómico.