Quienes mientan en la declaración responsable que habilita para poner en marcha un piso turístico en Andalucía se enfrentan a una multa de hasta 600.000 euros.
Esto es así porque el Gobierno andaluz ha aprobado la Ley de Turismo Sostenible, donde se endurecen las sanciones para quienes incumplen las normativas.
Una medida, explicó este martes el consejero de Turismo y Andalucía Exterior, Arturo Bernal, que busca "disuadir" a quienes tengan la tentación o quienes trabajen en el sector turístico fuera de la ley.
"Esperamos que no tengamos que aplicar ninguna de las sanciones porque son muy disuasorias", añadió Bernal, antes de detallar que las multas crecen en casi todos los casos.
Así, desde ahora quienes trabajen con un piso turístico ilegal o clandestino podrán recibir una multa que será de al menos 20.000 euros. Y hasta 600.000 quienes mientan en la declaración responsable.
Más dinero
De hecho, las sanciones leves crecen desde los 2.000 euros que se proponía antes hasta los 10.000; las graves irán de 10.000 euros y hasta 100.000; y las muy graves, de 100.000 a 600.000 euros.
La multa máxima se pondrá, detalló el consejero, cuando se mienta en la declaración responsable así como cuando se obstruya las inspecciones de la Administración o se presente una declaración falsa.
"Prestar un servicio turístico de forma clandestina" puede suponer una sanción de, "como mínimo, 20.000 euros", detalló el titular de Turismo.
El consejero defendió además que la nueva ley de turismo es "muy ambiciosa" y, "sobre todo, es una norma construida desde el diálogo y la participación efectiva", porque durante su elaboración se han recibido y gestionado "más de 1.700 aportaciones a través de las diferentes mesas sectoriales" conformadas "en todas las provincias".
En esta línea, Arturo Bernal ha aseverado que "este proyecto no nace de un despacho", sino "del sector tras impulsar un proceso participativo real", tras lo que ha apuntado que "un aspecto fundamental" de esta ley es "su regulación específica para combatir la actividad clandestina o ilegal, endureciendo las sanciones de una forma notable".
Tras su aprobación en el Consejo de Gobierno, el proyecto de ley será remitido al Parlamento de Andalucía para su debate final y, si procede, posterior aprobación.
El consejero ha defendido que el texto fija un modelo que "sitúa a las personas en el centro de la acción pública, impulsa la inteligencia de datos como herramienta estructural y consolida la sostenibilidad integral en sus dimensiones social, ambiental, económica y de gobernanza".
También ha subrayado que la ley incorpora "mecanismos que garantizan la convivencia, la hospitalidad, la calidad de vida y la adecuada relación entre residentes y visitantes", así como "refuerza la cogobernanza y define los derechos y obligaciones de todos los agentes del ecosistema turístico".
El proyecto incorpora "la inteligencia turística como elemento vertebrador de la toma de decisiones", así como desde la Junta defienden que el uso de sistemas avanzados de monitorización, análisis y anticipación permite "elevar la competitividad del destino y mejorar la planificación de los recursos turísticos".
Asimismo, la norma otorga "respaldo legal" al trabajo desarrollado en innovación e inteligencia de datos, incluido el sistema 'Andalucía Nexus', y tiene entre sus pilares el de la sostenibilidad, de forma que la ley "asegura un desarrollo equilibrado del turismo, protege el entorno y reduce desigualdades territoriales".
Además, la incorporación de nuevas tecnologías y procedimientos "más eficaces garantiza un control más riguroso de la actividad turística ilegal", según se detalla en la referencia del Consejo de Gobierno, donde se pone de relieve igualmente que el nuevo marco normativo permite "simplificar y ordenar el desarrollo reglamentario vigente".
La ley establece una arquitectura "más eficiente" que reduce de 17 a seis los decretos necesarios, lo que, según la Junta, "facilita la operatividad del sector y mejora la seguridad jurídica".
De igual modo, la ley incorpora "un sistema estable de planificación turística que establece instrumentos homogéneos para todas las administraciones implicadas". Este marco define "estrategias coordinadas, criterios comunes y estructuras de seguimiento que permiten una gestión coherente del destino en el conjunto del territorio andaluz", añaden desde la Junta.
Además, "consolida la colaboración público-privada mediante órganos formales de participación que integran al sector empresarial, profesional y social, con el objetivo de asegurar una visión compartida del futuro turístico de Andalucía".
El texto también regula la calidad de los servicios turísticos con estándares "más exigentes y mecanismos actualizados de clasificación y control".
La norma prevé nuevas herramientas para impulsar la profesionalización del sector, el desarrollo de productos de "alto valor añadido" y la "mejora continua de la experiencia del visitante".
Asimismo, introduce "parámetros específicos para el diseño de destinos inteligentes, la accesibilidad universal y la digitalización de la oferta, con el fin de fortalecer la competitividad global del destino Andalucía".