Las claves
nuevo
Generado con IA
La gerente actual y dos exgerentes del Servicio Andaluz de Salud (SAS) han defendido ante el juez los contratos exprés firmados durante la pandemia, argumentando la situación de emergencia sanitaria.
Solo han respondido a las preguntas de la Fiscalía, el juez y sus defensas, explicando que la urgencia de la crisis obligó a agilizar trámites y mantener la contratación de emergencia.
La investigación judicial parte de una denuncia del PSOE por contratos de emergencia por 242 millones de euros, presuntamente mantenidos cuando la pandemia ya había concluido.
Tanto los directivos del SAS como la Junta de Andalucía sostienen que los informes técnicos avalan la legalidad y necesidad de estos contratos durante la crisis del Covid-19.
La gerente del Servicio Andaluz de Salud (SAS) Valle García, así como sus dos predecesores en el cargo, Miguel Ángel Guzmán y Diego Vargas, han apelado a la emergencia de la pandemia para respaldar los contratos que se firmaron entonces y que investiga el Juzgado de instrucción 13 de Sevilla.
La gerente y sus predecesores han respondido únicamente a las preguntas de la Fiscalía, el juez y sus defensas, según ha podido saber EL ESPAÑOL.
En sus declaraciones, que han coincidido, han explicado que el SAS mantuvo la contratación de emergencia por la pandemia justamente por esa cuestión: se trataba de un momento de emergencia donde había que agilizar los trámites.
De esta forma, la defensa de los tres señalados como investigados se ampara en que los informes correspondientes avalaban las contrataciones exprés por motivo de la pandemia. Entienden así que los contratos eran correctos.
Los tres investigados han llegado a primera hora al Juzgado. Sin hacer declaraciones, han ido pasando ante el juez que instruye el caso para explicar su participación en los contratos de emergencia por la pandemia y el porqué de su gestión.
Gerente del SAS
Además de la urgencia por la pandemia, la gerente y los exgerentes del SAS han señalado que en el momento de la firma de los contratos que investiga la Justicia existía aún incertidumbre por la crisis del Covid-19 así como una enorme tensión en la compra de material sanitario.
Este juzgado es el encargado de la denuncia inicial del PSOE por el mantenimiento de las contrataciones de emergencia, por un montante total cifrado en 242 millones de euros, cuando ya se daba por finalizada la pandemia de la covid-19 que las justificaba.
Desde la Junta de Andalucía defienden, como han hecho los gerentes, la legalidad de los contratos. Y apuntan a informes que avalan la firma de los mismos y que amparan las decisiones de quienes este martes han tenido que declarar ante el juez de instrucción.