El Gobierno andaluz ha aprobado este miércoles la Ley de Patrimonio de Andalucía. En su contenido se recogen cuestiones como que los estudiantes de Formación Profesional podrán hacer prácticas con vehículos viejos de la Junta. ¿El objetivo? Reducir los residuos que genera la administración andaluza.
Dentro de la Ley de Patrimonio también se recoge la clasificación, protección y uso de los hasta 400.000 bienes que ha inventariado el Gobierno andaluz y que, hasta ahora, no estaban en el mismo registro.
Según ha explicado la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, la anterior norma que gestionaba el patrimonio de la comunidad tiene 40 años ya. Estaba "obsoleta", ha señalado.
Así, la norma, que "en breve", ha indicado España, iniciará su tramitación parlamentaria, viene a actuar en dos ejes: la clasificación y gestión de los bienes de la Junta y, además, a evitar la generación de residuos y fomentar la economía circular.
De esta forma, "la Ley de Patrimonio nace con el objetivo de dejar de ser un problema el patrimonio y pasar a ser una solución", ha indicado Carolina España. "Cuando Juanma Moreno llegó al Gobierno nos encontramos una gran cantidad de patrimonio que no estaba inventariado", ha añadido.
Subastas
La norma, además de ese inventario de patrimonio, contempla que la información sobre subastas sea pública. Y la "simplificación administrativa", ha añadido la titular de Economía.
De hecho, el Gobierno de Juanma Moreno quiere "dar una segunda vida a los bienes muebles de la Junta". ¿Qué significa esto? Que el material de los colegios, de las oficinas o los vehículos que se usan en centros públicos andaluces no se tiren cuando estén obsoletos o no se usen más.
Para dar esa "segunda vida", la nueva Ley de Patrimonio quiere que esos coches, mesas o estanterías puedan ir a parar a sitios donde sigan en uso. No se hará una especie de 'mercadillo' sino que se destinarán a otros organismos públicos o privados "siempre que tengan una utilidad pública", ha explicado la consejera.
España ha puesto un ejemplo muy concreto sobre esta cuestión. La Junta de Andalucía tiene un amplísimo parque móvil. Desde los coches de servicios de limpieza hasta los camiones del Infoca; de los aviones de los bomberos forestales a los todoterreno de los vigilantes de montes.
Al desguace
¿Qué pasa con esos vehículos cuando pasan del tiempo o kilometraje que marca la ley? Hasta ahora, iban al desguace. Desde la aprobación de la Ley de Patrimonio en el Parlamento andaluz, no.
A partir de entonces esos coches o aviones serán para los estudiantes de Formación Profesional (FP) de mecánica, por ejemplo. Ellos podrán ver por dentro esos mecanismos y aprender con vehículos que, de otra manera, serían basura.
Lo mismo ocurrirá con el material de colegios u oficinas. Podrán destinarse tanto a otros organismos públicos como a privados, ONG y similares. La condición será que la utilidad de esos organismos o asociaciones que se hagan con el material descartado por la Junta tenga una utilidad o misión pública.
La norma, ha explicado España, tendrá también un régimen sancionador y buscará, sobre todo, eliminar al máximo el desperdicio de elementos usados por la Junta de Andalucía que, no hay que olvidar, es la organización más grande que hay en la comunidad en términos de empleados.
PSOE
Desde la Junta recuerdan que no es la primera medida que quiere poner orden en el patrimonio de la Junta. De hecho, el Gobierno de Juanma Moreno ya impulsó "la recuperación de los 70 inmuebles que en 2014 vendió el gobierno del PSOE", ha señalado España.
Como consecuencia de esta estrategia, Andalucía "ahorra hasta 35 millones de euros en alquileres cada año" puesto que no tiene que pagar por los edificios que ocupa, ha añadido la titular de Economía.
El nuevo texto legal, que ha sido elogiado por el Consejo Consultivo como ejemplo de buenas prácticas legislativas, según España, busca garantizar la transparencia y simplificar la gestión administrativa, así como asegurar un modelo sostenible en el uso de los bienes públicos.
Para ello, establece una nueva definición más amplia del patrimonio de la comunidad autónoma, en la que se incluyen el conjunto de bienes y derechos de titularidad de la administración de la Junta y de sus agencias.
Consejo Consultivo
Además, contempla mecanismos efectivos que garantizan la conservación y puesta en valor del patrimonio de Andalucía, que han sido señalados por el Consejo Consultivo por su carácter innovador.
Al mismo tiempo, se potencia la eficacia y eficiencia en la gestión especialmente en el ámbito de los edificios administrativos de la Junta de Andalucía, eliminando gasto superfluo e innecesario, y en el del parque móvil de la comunidad, además de establecer un régimen jurídico específico para prolongar la vida útil de bienes muebles obsoletos, priorizando su reutilización y reciclaje.
Así, según la Junta, el texto legal se alinea con los principios de eficacia, eficiencia, economía y racionalidad organizativa, publicidad, transparencia, colaboración, coordinación y control que deben inspirar la regulación en orden a la correcta administración, defensa y conservación del patrimonio, como ha destacado también el Consultivo.
La actual Ley del Patrimonio de Andalucía es del año 1986, fecha desde la que se han aprobado diversas normas que han afectado, directa o indirectamente, al régimen patrimonial de la comunidad autónoma.
"Amplio catálogo"
Todas las modificaciones legales que se han llevado a cabo a lo largo de los años quedarán contempladas en una nueva normativa patrimonial adaptada a la realidad jurídica actual y que, además, permitirá poner orden en el amplio catálogo de patrimonio público de Andalucía, ya que en anteriores legislaturas no existía siquiera un inventario actualizado de propiedades de la Junta.
"Esa falta de organización provocaba la existencia de decenas de solares, edificios y todo tipo de inmuebles abandonados y sin control alguno, que estaban sin uso y cuyo mantenimiento tenía un coste de seis millones para las arcas públicas", según la Junta, que ha precisado que el esfuerzo desarrollado en los últimos años ha permitido "ingresar 137 millones de euros mediante la enajenación de inmuebles no útiles, recursos que se han destinado a servicios esenciales como la sanidad, la dependencia y la educación".
En línea con la apuesta del Gobierno andaluz por la simplificación administrativa, el proyecto de ley introduce medidas para agilizar y reducir al mínimo los trámites en operaciones patrimoniales, eliminando duplicidades y asegurando mediante herramientas digitales una gestión más ágil y coordinada en beneficio de los ciudadanos, frente a los procedimientos desfasados existentes, que dificultaban notablemente la utilización de los bienes para fines públicos.
Portal web
La norma apuesta por la transparencia y participación. Para ello, por primera vez la Junta pondrá a disposición de la ciudadanía una Plataforma digital de Publicidad Patrimonial, integrada dentro de su portal web y que recoge un inventario completo de los inmuebles propiedad de la Junta y de sus organismos dependientes. Este portal ofrecerá también información actualizada sobre subastas, aprovechamientos y demás usos que puedan darse a dichos bienes.
Se introduce, asimismo, la figura de los proyectos públicos de aprovechamiento y explotación, por la cual las administraciones públicas territoriales de Andalucía podrán instar a la Junta a la mejora del aprovechamiento y explotación de los bienes patrimoniales radicados en su territorio. De esta forma, un ayuntamiento andaluz podría por ejemplo solicitar al Gobierno autonómico que se ponga en uso un inmueble abandonado.
De la misma manera, se refuerzan los procedimientos de concurso y negociado con concurrencia y publicidad, y se introduce como novedad la figura de la consulta de interés de mercado, con el objetivo de recabar información directa del tejido empresarial y la sociedad civil sobre cómo concretar, optimizar o mejorar determinados proyectos o preparar los correspondientes procedimientos de adjudicación.
"Pionera"
En tercer lugar, la norma se ajusta a los principios de la economía circular en la gestión de los bienes muebles de la Junta, siendo por tanto "pionera en la implantación de los más altos estándares medioambientes en la gestión patrimonial y el fomento del uso eficiente y la extensión de la vida útil de aquellos bienes muebles".
Así, se creará una 'bolsa de segunda oportunidad' para dar nuevo uso a mobiliario, material informático, vehículos y otros enseres, priorizando su reutilización, reparación o reciclaje. Por ejemplo, aquellos vehículos que estén a punto de alcanzar el final de su vida útil podrán ser destinados para su uso por alumnos en grados formativos.
Cuando no sea posible la reutilización, los bienes podrán cederse gratuitamente a otras administraciones, entidades sin ánimo de lucro o gestores de residuos autorizados. Por último, la nueva ley regula la obligación de protección del patrimonio y los deberes de colaboración e incorpora, por primera vez en Andalucía, un régimen de infracciones y sanciones contra los atentados que sufra el patrimonio autonómico.