El Tribunal de Cuentas ha condenado a los herederos de Francisco Javier Guerrero a pagar 68.000 euros a la Junta de Andalucía. Guerrero, exalto cargo del Gobierno andaluz con el PSOE, fue parte del conocido caso de los ERE, por el que cumplió prisión.
Muerto desde 2020, Guerrero fue quien acuñó términos como "fondo de reptiles" para hablar de la partida que se dedicó a pagar a intrusos en los ERE que aprobó el Gobierno andaluz, cuando aún eran los socialistas quienes mandaban en la comunidad.
Dos veces en prisión, había sido alcalde de El Pedroso, en Sevilla, con el PSOE, y luego alto cargo de la Consejería de Empleo, donde se produjo el mayor desfalco de dinero público. Allí Guerrero dispuso de casi 650 millones de euros que repartió sin control ni límite.
En ese tiempo su chófer confesó que compraba cocaína para él mismo y para Guerrero con dinero público. Por eso se ganó el sobrenombre del 'chófer de la coca'.
Tras la muerte de Guerrero, son ahora sus herederos -viuda e hija- quienes deberán pagar los 68.000 euros que, dice el Tribunal de Cuentas, deben hacerse cargo de la condena por incluir a dos intrusos en las pólizas de los ERE fraudulentos.
Tribunal de Cuentas
Se refiere en este caso el Tribunal de Cuentas a "dos personas no incluidas en el colectivo de extrabajadores de la empresa (“intrusos”)" que, sin embargo, cobraron de dinero público una jubilación que no les pertenecía.
Así, "la resolución atribuye responsabilidad contable directa a quien desempeñaba el cargo de
director general de Trabajo de la Junta de Andalucía durante el período de los hechos,
así como al propietario y al consejero delegado de la empresa beneficiaria de la
ayuda", indica el escrito al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.
Así, además de la viuda e hija de Guerrero, quedan señalados por esta causa el dueño de Surcolor, Antonio Manuel Bustamente León, y el consejero delegado, Manuel Rafael Castilla.