Andalucía ha eliminado de sus callejeros más de 9.000 pisos turísticos. En concreto, son 9.200 los que ya no podrán alquilarse por temporada. Sobre todo se han dado de baja en las provincias de Málaga (3.426) y Granada (1.674).
En el resto de provincias también se han cancelado pisos turísticos en el Registro de Turismo de Andalucía. Así, se han quitado 670 en Almería, 1.064 en Cádiz, 620 en Córdoba, 389 en Huelva, 283 en Jaén y 1.087 en Sevilla.
"El creciente auge del turismo en Andalucía ha traído consigo un notable incremento en el número de prestadores de servicios turísticos, entre los que destaca la aparición de viviendas destinadas a un uso turístico", destacan desde el Gobierno andaluz.
Para regular esta cuestión, el Ejecutivo de Juanma Moreno aprobó el decreto 3/2024 que, desde el año pasado, limita este tipo de establecimientos.
Dicha norma, recuerdan desde la Junta, "ha contribuido a clarificar, al amparo de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE, la posibilidad de que los ayuntamientos, por razones de interés general, pudieran establecer en sus términos municipales limitaciones".
Marco legal
Así ha ocurrido en ciudades como Sevilla, que han desarrollado ordenanzas propias que permiten limitar el número de pisos turísticos. El marco legal sobre el que se asienta esa restricción es, justamente, el decreto andaluz.
Así, en el caso de la capital andaluza, se fijó un tope del 10% para el número de pisos turísticos por barrio. En las zonas donde ya se ha superado, no se pueden instalar más. Donde no se llega, sí que se puede.
El "fenómeno" de los pisos turísticos "responde, entre otros factores, al auge del turismo urbano, a la irrupción de nuevas plataformas digitales de comercialización de alojamientos y al marco normativo europeo que ampara la libre prestación de servicios, circunstancias que han hecho necesario un control más riguroso por parte de las administraciones competentes", indican desde el Gobierno andaluz.
La norma que aprobó el Ejecutivo de Juanma Moreno, recuerdan, "regula la posibilidad de que la consejería con competencias en materia de turismo pueda celebrar convenios de colaboración con otras administraciones o con entidades privadas para facilitar el intercambio de información, para garantizar el cumplimiento de las exigencias contenidas en la normativa vigente y, en su caso, facilitar la labor inspectora de la Junta de Andalucía o de otras administraciones".